Con 28 firmas de 49, el bloque de La Libertad Avanza volvió a tener dictamen de mayoría en el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026. La iniciativa, que tuvo algunas modificaciones, quedó lista para ser debatida este miércoles, a partir de las 14, en el recinto. Desde la oposición denunciaron la inconstitucionalidad del artículo que deroga las leyes sancionadas por el Congreso de financiamiento para las Universidades nacionales, Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan.
En el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias, la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA), avanzó esta tarde con el despacho de mayoría presentado por La Libertad Avanza, que fue acompañado por los bloques el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo del PRO. Contó con seis disidencias. Además, se presentaron dos dictámenes en minoría: uno con 18 firmas del bloque Unión por la Patria; y el otro con 3 rúbricas impulsado por el interbloque Unidos.
En el inicio del debate, el jefe del bloque violeta, Gabriel Bornoroni, explicó que el proyecto actual establece la eliminación de la ley de financiamiento para las Universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan. Y es que el oficialismo incorpora el artículo 75, el cual dice: “Se derogan las leyes 27.793 y 27.795”, la primera es la de emergencia en Discapacidad y la segunda es la de los presupuestos universitarios. Respecto del Garrahan, el Gobierno asegura que ya cumplió.
El anuncio generó criticas por partes de los bloques de la oposición. En ese sentido, el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, denunció que ese artículo “resulta manifiestamente inconstitucional porque utiliza una vía presupuestaria, de naturaleza anual, contable y temporal, para alterar leyes de fondo vigentes, como la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y la ley 27.795 de Financiamiento de Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente”. Y agregó: “Esto no lo digo solo yo, la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación ya advirtió en estas horas que deberían suprimirse estos artículos”.
Al respecto, advirtió que esta maniobra vulnera directamente la prohibición establecida por el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que expresa sin ambigüedades que las leyes de presupuesto no podrán contener disposiciones de carácter permanente ni modificar o derogar leyes vigentes. Finalmente, Valdés aseguró: “El presupuesto no puede utilizarse como instrumento para reformar regímenes legales sustantivos, sobre todo cuando esos regímenes fueron aprobados con amplísimo consenso democrático y reconocen expresamente derechos económicos y sociales protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales de jerarquía constitucional”.
Otro que cuestionó la decisión, fue el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, quien apuntó: “Luego de pocas semanas de decir que no había dinero para esas leyes, volvieron a ampliar los fondos para la SIDE. Había dinero para, por novena vez, bancar vaya a saber qué y que es el pozo negro de fondos de la administración Milei, que son los fondos de la SIDE. ¿Alguien tiene la audacia de explicarnos qué diablos estamos votando? hay fondos para subvencionar a las empresas que pudieron reportar ganancias y no para las universidades. El 3% de reducción de aportes patronales y la eliminación del impuesto cedular, son más altos que el costo fiscal que se le niega a las universidades, discapacitados y a los pacientes infantiles”.
Por su parte, el presidente del bloque de UXP, Germán Martínez, manifestó: “Fue responsabilidad del Gobierno no tener presupuesto. No quiso en 2024 y en 2025 para incrementar los niveles de discrecionalidad con los que se manejó. Nos alegra que el Gobierno ahora quiera un Presupuesto, pero necesitamos otro presupuesto, por eso nosotros en noviembre recomendamos que el Ejecutivo haga una reformulación, pero ahora vamos a ir con un dictamen y un proyecto propio”.
“Nosotros estamos en contra del Art. 30 del proyecto del oficialismo que deroga el 6% para el financiamiento educativo. También proponemos garantizar el financiamiento de la ley de educación técnica y estamos en contra de su eliminación”, señaló Martínez.
Con optimismo, el oficialismo se encamina en llevar por primera vez al recinto un presupuesto elaborado por la administración de Javier Milei, ya que por dos años consecutivos prorrogó el presentado en el gobierno de Alberto Fernández. Tras reuniones que llevó a cabo en las últimas semanas el ministro del Interior, Diego Santilli, y el envío de dinero a través de ATN a algunas provincias, los libertarios apuestan a tener el acompañamiento de los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, de Salta, Gustavo Sáenz, de Catamarca, Raúl Jalil y de Misiones, Hugo Passalacqua.
