El paro de la UTA tuvo un fuerte acatamiento y, a la vez, desató una rebelión contra Roberto Fernández

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro de 24 horas como resultado del empantanamiento de la negociación paritaria que, en el transcurso de tres meses, atravesó una decena de audiencias y dos conciliaciones obligatorias sin que se pudiera alcanzar un acuerdo.

Una de ellas, la que expiró el viernes 11 de abril, fue la que el sindicato invocó a la hora de no acatar el paro general del 10 de abril convocado por la CGT. Esa decisión generó malestar entre sus colegas del Consejo Dorectivo de la CGT pero también en la base de sus trabajadores.

La legislación laboral vigente impide la extensión de ese recurso ministerial en más de una vez y, por lo tanto, la imposibilidad de alcanzar un acuerdo llevó a la entidad sindical a sustanciar lo que había amenazado con hacer más de una vez.

Negociación a tres puntas

La paritaria sectorial, más allá de la disputa tradicional entre salarios y ganancias que rige en toda negociación, se encuentra atravesada por las decisiones del gobierno en tanto el Estado es quien regula los incrementos tarifarios y concede subsidios en forma diferenciada en todo el país.

Desde la asunción de este gobierno el salario de los choferes sufrió un fuerte deterioro que las empresas atribuyen a su incapacidad de hacer frente a una actualización salarial a partir del ajuste en subsidios y desregulación insuficiente de tarifas. Por eso, en la actualidad, el haber inicial ronda los $ 1,3 millones en términos brutos que implican un ingreso de alrededor de $1 millón de bolsillo.

El sector, hace menos de cinco años, percibía ingresos sujetos a descuentos por impuesto a las ganancias. Desde 2012 el salario real del sector perdió un 30% de su poder adquisitivo y, desde diciembre de 2024 se encuentra congelado. A modo de ejemplo, señalan fuentes de la UTA, “en junio de 2015 el salario inicial del chofer equivalía a U$S 1.652, eran $14.652 de aquella época. Hoy apenas supera los U$S 800”.

Por eso, la intransigencia patronal y estatal por un lado y el retraso salarial y la creciente presión de los trabajadores por abajo del otro, forzaron a Roberto Fernández a definir en forma inconsulta (sin mediar plenario de delegados) un paro de 24 horas sin movilización ni convocatoria alguna a alguna concentración callejera.

Las empresas ofrecen un 6% de aumento. La UTA contrapropuso un salario inicial de $1,7 millones.

Desborde

Ya en la tarde del lunes se produjo una manifestación espontánea de un sector de choferes que se dirigieron a la sede que la UTA tiene en el barrio de Once para exigir el cumplimiento del paro general y reclamar un plan de lucha con cánticos y huevazos. El hecho rememoró lo ocurrido en 2019 cuando Roberto Fernández tuvo que escapar por las terrazas de los edificios contiguos de la sede gremial sitiada por un millar de trabajadores.

Al día siguiente, los sectores más combativos liderados por la línea 60 se autoconvocaron en el Puente Saavedra donde se agruparon y permanecieron todo el día para finalizar con una asamblea masiva de trabajadores en la que se reclamó la continuidad del plan de lucha con un paro por tiempo indeterminado y ganó fuerza el reclamo de un salario inicial de $2,5 millones.

Las auto convocatorias se reprodujeron en el Puente Pueyrredón impulsadas por los delegados de la Línea 148, en Moreno, la Ruta 3 de La Matanza y en decenas de cabeceras en todo el país donde los choferes rompieron la idea de un paro pasivo para dar lugar a cortes y piquetes para impedir la circulación de las unidades.

Las acciones callejeras, según pudo saber Tiempo Argentino, también fueron promovidas de manera inorgánica por sectores vinculados a Roberto Fernández. Es que, dentro de la misma Comisión Directiva queda claro que la figura de Roberto Fernández de 81 años ya está agotada y se preparan para una renovación pautada para 2026.

En una decisión que podría explicarse por el mismo motivo, el secretario gremial de la UTA, Gabriel Gusso, salió a plantear en los medios que la entidad evaluaba avanzar con un paro por tiempo indeterminado. La versión terminó siendo desmentida por la conducción.

Quién es quién

El repudio a Roberto Fernández se registró en dos bandos. Por un lado las acciones que se dieron en el marco del paro desbordando y repudiando explícitamente a la conducción de Roberto Fernández.  

Por otro lado, un sector liderado por Miguel Bustinduy que controla especialmente unas 80 líneas propiedad del grupo DOTA tomó la decisión de no adherir a la medida en rechazo a la conducción de la UTA. La curiosa posición, sin embargo, tampoco fue acatada por líneas como la 60 que, dentro de esa compañía, adoptó el camino de adherir a la medida con independencia de la conducción de UTA y exigir una profundización de las medidas. Los delegados de esa línea, al igual que los alineados con Roberto Fernández, aseguran que la UCRA (sindicato de la CTA Autónoma en el que recaló Bustinduy luego de una frustrada experiencia opositora), es una entidad “amarilla”. Esto es una organización sindical amparada por la patronal que opera en la interna entre las empresas de líneas y las constructoras de carrocerías y chasis como Agrale.

Bustinduy había cobrado notoriedad cuando, en soledad, garantizó la adhesión de 104 líneas al paro del 30 de abril de 2019 convocado por Hugo Moyano contra la política de Mauricio Macri produciendo una escisión en el triunvirato de la CGT de entonces. Entonces el dirigente de la Agrupación Juan Manuel Palacios que supo integrar la Comisión Directiva junto al propio Fernández, se ganó el mote de combativo que, a la luz de la experiencia de ayer, está visto, le queda grande.

En esta oportunidad, el polémico dirigente, emitió un comunicado en el que tuvo que aclarar que “hoy no rompimos un paro, fue un paro que nunca existió. Un paro en el que solo dejaron de trabajar unas pocas líneas aisladas”. Para contrarrestar las acusaciones de actuar en tándem con la patronal de DOTA (otrora vinculada la familia Milei) denunció que el paro logró la adhesión “en todos los casos, porque sus dueños escondieron las llaves, de las unidades”.

Bustinduy en comunicado de la UCRA señala que “nos negamos a ser un instrumento de Fernández que, con crueldad, involucra en un paro a los trabajadores del interior del país a quienes olvida sistemáticamente en cada rueda de negociación. Hoy parece que el problema es este gobierno, pero no. El problema tiene nombre y apellido: Roberto Fernández”.  

Fernández, acorralado

Con todo, la adhesión al paro resultó contundente aunque, por el momento, no obtuvo frutos. Desde el gobierno calificaron la medida de “extorsiva” y exhibieron una interna con las empresas de transporte. La cartera de transporte que acaba de renovar su titular recordó que en junio se actualizará la estructura de costos a través del ítem de “compensación tarifaria”. Se trata de un nuevo eufemismo mediante el cual se sostienen, aunque recortados, los subsidios estatales a las empresas del transporte. A la vez, lamentaron que las compañías firmen acuerdos paritarios sin disponer de los fondos para luego hacerle frente.

Desde la UTA, en un comunicado que se conoció a última hora, celebraron que “nos hicimos notar, instalamos nuestro reclamo y demostramos que no nos vamos a quedar tranquilos, quietos ni mansos. Seguiremos el reclamo por un salario digno, unidos y en acción y de ser necesario no lo dudaremos y profundizaremos las medidas si las empresas y los funcionarios no nos quieren escuchar”.

La intransigencia de empresas y gobierno puso al histórico dirigente de la UTA en una encerrona. Si no profundiza las medidas crecerá el repudio entre la base de los trabajadores que ya han mostrado más de una vez su voluntad de exhibir su bronca con escraches en la sede sindical. Al mismo tiempo, si lo hace, alimentará todavía más el conflicto y la radicalización de un gremio históricamente combativo que, cuando sale a la calle, no escatima el repudio a la conducción sindical.