El proyecto de presupuesto 2026 que, con enmiendas, obtuvo dictamen favorable en la comisión de la Cámara Baja incluye un recorte en las partidas destinadas a educación, ciencia y tecnología de características inéditas.
La denominada “ley de leyes” propuesta por el oficialismo, por ejemplo, postula un recorte del 93% en las partidas destinadas al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP) con relación a la ejecución de partidas para ese mismo ítem que se registró en 2023.
El dato surge de un estudio realizado por el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) basado en los informes oficiales de ejecución y lo que propone la norma que está a consideración del Congreso. Es que la letra de la ley pauta partidas de $11.218 millones para el FoNETP cuando, en 2023 se ejecutó el equivalente en términos reales a $159.642 millones.
El recorte implica una reducción del 62% contra lo ejecutado en 2024 para el mismo destino y del 67% contra lo dispuesto durante 2025. En ambos ejercicios el ejecutivo no contó con un presupuesto aprobado por el Congreso y, por lo tanto, los fondos destinados a ese propósito resultaron de decisiones arbitrarias del ejecutivo. Ahora se busca consolidar esos recortes e incluso profundizarlos. El fondo financia la educación técnica en escuelas secundarias de todo el país.
El Fondo cuenta con un respaldo legal que dispone que debe equivaler como mínimo al 0,2% del PBI. Ya en 2023 lo ejecutado no llegó siquiera al 50% de los dispuesto pero, luego, cayó al 9,4% en 2024 y al 10,8% en 2025. Lo propuesto para 2026 es de apenas un 3,5% de lo que la ley determina. El proyecto de ley propone además su eliminación.
Pero el recorte que propone el Presupuesto es generalizado sobre la educación. De hecho, el proyecto original buscaba derogar, entre otras, la ley de financiamiento universitario aprobada por el congreso y ratificada luego con dos tercios de los votos como respuesta al veto presidencial. El intento quedó en el camino porque el gobierno no pudo consolidar con sus aliados un bloque dispuesto a llegar tan lejos.
Sin embargo, el ajuste va más a fondo. Por caso, destaca el CEPA, el artículo 30 deroga “la garantía del 6% del PBI para educación establecida en la Ley de Educación Nacional y anula la senda de inversión progresiva en ciencia y tecnología que debía alcanzar el 1% del PBI”.
Pero además, puntualiza el informe mencionado, “el ajuste en la educación técnico-profesional se inscribe en un recorte presupuestario mucho más amplio”. Es que, señalan, “la Función Educación y Cultura presenta una caída real del 47,3% en el Presupuesto 2026 respecto de lo efectivamente ejecutado en 2023”.
Allí destacan las universidades nacionales que, más allá de que el gobierno no pudo avanzar con la derogación de la ley de financiamiento universitario, su incumplimiento y lo proyectado implican un recorte del 33,8% con relación a lo ejecutado en 2023.
El informe del CEPA se detiene en denunciar que “en los hechos, el Poder Ejecutivo fijó por decreto la suspensión de una ley, un acto abiertamente inconstitucional y contrario al esquema básico de división de funciones en una república”. Pero además, aclaran, “no existe argumento válido para proceder de ese modo”, en tanto, “la propia ley promulgada, en su artículo 9, habilita al Poder Ejecutivo a disponer los créditos presupuestarios necesarios para ejecutar sus disposiciones”.
En la misma línea el ajuste presupuestario afecta también el acceso a la educación por la vía del recorte en fondos destinados a las becas estudiantiles. Para ese ítem el ajuste proyectado para 2026 implica una caída del 76,6% con relación a lo ejecutado durante 2023.
Por último, indican, la función de Ciencia, Tecnología e Innovación, contempla una partida para 2026 que implica un ajuste del 48,8% con relación a lo aplicado durante 2023.
