El Gobierno implementó un cambio en los precios mayoristas de la electricidad que beneficia a las empresas durante la temporada estival. La medida responde a una política de reducción de subsidios y transferencia de costos a los usuarios residenciales.
El impacto concreto se reflejará en las facturas, con aumentos para los residentes del Área Metropolitana que oscilarán entre el 3,5% y el 4%. Por el contrario, el sector industrial y comercial no solo no sufrirá alzas equivalentes, sino que incluso podría experimentar reducciones de hasta el 10,3%. Esta disparidad tarifaria consolida un patrón de ajustes sectoriales que recurrentemente termina penalizando el bolsillo de la ciudadanía, planteando serias dudas sobre la equidad del criterio de distribución de costos.
La justificación oficial esboza un argumento técnico: las familias son abastecidas por fuentes de generación con precios constantes, como la nuclear y las renovables, mientras que las empresas dependen de generadores térmicos cuyo combustible, el gas, es más barato en verano. Sin embargo, este razonamiento omite deliberadamente el verdadero trasfondo de la medida, que no es otro que la aceleración en la reducción de subsidios estatales dirigidos al sector residencial, una estrategia fiscal que prioriza el equilibrio macroeconómico sobre el bienestar social.
Este nuevo esquema estacional, lejos de ser una mera actualización técnica, constituye un giro más en la espiral de reajustes que afectan a los servicios esenciales. Bajo el eufemismo de «incentivar la competencia», se esconde una política sistemática de trasladar hacia los usuarios finales los costos de un sistema energético que no logra superar sus históricas ineficiencias. La prometida reducción de subsidios se materializa, una vez más, como un aumento directo a la tarifa que pagan los contribuyentes.
La estacionalidad tarifaria, por lo tanto, no es neutral. Establece un mecanismo donde el alivio para el sector productivo durante el verano se financia con el mayor esfuerzo de las familias, prometiendo una reversión invernal que, llegado el momento, podría verse nuevamente condicionada por otros ajustes. Esta medida refuerza la crítica sobre una gestión pública que normaliza el constante incremento en el costo de vida, utilizando los servicios básicos como variable de ajuste para objetivos que poco tienen que ver con la protección del poder adquisitivo de la población.
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