La crisis y los recortes ponen en jaque la salud de quienes dependen de la electricidad para vivir. Reclamar derechos esenciales es hoy una urgencia frente al abandono del Estado nacional.
Desde la Asociación Argentina de Electrodependientes, su presidente Mauro Stefanizzi destaca la importancia de esta fecha para hacer visible una realidad muchas veces oculta. Sin embargo, advierte que el contexto actual marca un fuerte retroceso. El registro nacional, que garantiza gratuidad del servicio eléctrico y acceso a fuentes alternativas, está siendo desmantelado por el Ministerio de Salud.
Quienes no logran la aprobación o renovación pierden derechos fundamentales. Además, personas con internación domiciliaria conectadas a respiradores son citadas a auditorías presenciales, imposibles de cumplir para muchos, y si no asisten, pierden la pensión. La burocracia, lejos de proteger, se vuelve una amenaza directa a la vida.
Desde diciembre de 2023, con la llegada de Javier Milei al gobierno, las políticas en discapacidad sufren un duro golpe. Auditorías masivas, suspensión de pagos y lenguaje discriminatorio forman parte de una ofensiva para reducir beneficios. Se revisarán más de un millón de pensiones por invalidez laboral, con la intención de eliminar 200.000 en 2025.
Además, se paralizaron pagos del programa Incluir Salud, afectando a medio millón de personas que dependen de medicamentos, traslados y acompañamiento terapéutico. Estas medidas no solo recortan derechos sino que transmiten un mensaje claro de exclusión.
Cristian Velasco, trabajador en discapacidad y salud e integrante de Familia TEA Banfield, describe el impacto: las auditorías generan ansiedad y estrés, especialmente en personas con autismo u otras condiciones que dificultan realizar trámites largos y complejos. Mientras tanto, las obras sociales no responden, los prestadores no cobran y los centros de atención están al borde del cierre.
Para las personas electrodependientes, la energía es vital. Stefanizzi subraya que “sin energía, no pueden respirar”. La falta de actualización de aranceles también dificulta encontrar profesionales para atención domiciliaria, lo que obliga a muchas familias a asumir costos extras o quedarse sin asistencia.
Velasco señala también la situación de los adultos mayores: en los hogares donde trabaja, la escasez de insumos y medicamentos aumenta, y las nuevas exigencias burocráticas digitales los excluyen de prestaciones básicas. La burocracia que debería protegerlos, los abandona.
Ambos coinciden en que estas problemáticas reflejan una política deliberada de desmantelamiento de derechos que pone en riesgo a miles de personas. Lo que sucede con las personas electrodependientes es un ejemplo de la ofensiva sobre todo el sistema de discapacidad. En un país que fue modelo en legislación, hoy la lucha por esos derechos es una batalla diaria. Este 17 de mayo el reclamo es por dignidad, justicia y vida.
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