Este 24 de marzo no es una conmemoración más. Más allá de la contundencia de los 50 años, ese mismo número tan amplio y por el cual ya han pasado tantas generaciones lleva a repensar la vigencia de la memoria y la lucha que supo construir nuestra democracia y condenar los crímenes de lesa humanidad. Para reflexionar sobre estos puntos, Tiempo dialogó con Emilio Crenzel, investigador del Conicet y autor de Pensar los 30.000: que sabíamos sobre los desaparecidos durante la dictadura y qué ignoramos todavía (Siglo XXI, 2025) y de La Historia Política del Nunca Más (Siglo XXI, 2008)

-En varias intervenciones diversos activistas por los Derechos Humanos hacen hincapié en evitar que los horrores de la última dictadura vuelvan a cometerse ¿hay una subjetividad social y condiciones concretas que validen ese temor?

-Creo que esas intervenciones tienen un contexto que las explica. El Nunca Más ha sido, crecientemente, puesto en discusión. Es un símbolo y un compromiso asociado a un orden político, la democracia, y este dejó de ser visualizado como el sistema que asegura el cumplimiento del lema. Por el contrario, la democracia es cuestionada por corrientes autoritarias que alcanzaron el gobierno nacional, por la persistencia de la represión estatal y, también, por la reproducción ampliada de las desigualdades sociales. Desde 1983, Nunca Más es invocado una y otra vez. Desde entonces, fue objeto de usos y resignificaciones. Por un lado, ello evidencia su persistencia en la memoria colectiva sobre este pasado. Pero, a la vez, la reiteración una y otra vez de esta frase, que expresa taxativamente el rechazo al regreso del pasado de violencia y horror, pone en evidencia que la lucha para que no regrese continúa. Está vigente. Lamentablemente, los crímenes de lesa humanidad, los genocidios, se han repetido una y otra vez y hoy emergen en el mundo voluntades que los reivindican. No hay garantías de no repetición. Eso depende de la orientación que asuman las políticas públicas desde el Estado, pero, también, de actores de la sociedad civil.

 -Usted escribió Historia política del Nunca Más, ¿qué lugar ocupa hoy ese informe en la construcción de la memoria colectiva y cómo se resignifica en el contexto político actual?

-Nunca Más sigue teniendo un lugar central. Constituye el libro más vendido sobre el terrorismo de Estado, está incorporado en el currículo y en las bibliotecas de la escuela media. Pero, además, está presente en las consignas de los discursos públicos, en las banderas que se despliegan en las manifestaciones, en los cánticos de los que marchan en todas las plazas del país. Es decir, expresa el rechazo al terrorismo de Estado. El gobierno de Milei ha tomado nota de esa condición y lo intentó utilizar instrumentalmente enarbolando la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”. Este uso desvirtúa el sentido del Nunca Más. Configura, por el contrario, una expresión autoritaria, la negación de la otredad, un uso de la más baja especulación política y que carece de sensibilidad respecto de aquello que la frase condensa: el rechazo a la atrocidad, a la aberrante violencia desenvuelta desde el Estado en la Argentina.    

-En los últimos años reaparecieron discursos negacionistas o relativizadores del terrorismo de Estado. ¿Cómo se interpreta este fenómeno desde la sociología de la memoria?

-Como muestro en mi último libro Pensar los 30.000, la relativización del crimen, a partir de discutir la cifra de desaparecidos emergió cuando la dictadura ya no pudo negar su existencia. Entonces habló de excesos, meros errores cometidos en toda guerra y desestimó las cifras documentadas por las organizaciones locales e internacionales de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana dependiente de la OEA. Al retornar la democracia, estas corrientes atacaron a la investigación de la CONADEP y al juicio a las Juntas con esos argumentos. Reivindicaron la violación de Derechos Humanos y creyeron ver en su revisión una venganza de la subversión. La novedad es que este discurso ha alcanzado otra relevancia institucional ya que ahora es sostenido desde la conducción del Estado. Hay, entonces, una genealogía de esta confrontación que es importante poner en evidencia. Como explica la sociología de la memoria, estas luchas forman parte de las iniciativas de grupos con diferentes ideas, valores e intereses sobre el pasado que en el presente buscan predominar en el espacio público. 

-¿Qué desafíos enfrenta hoy la política de memoria, verdad y justicia en Argentina, especialmente en un contexto regional e internacional donde resurgen discursos autoritarios?

-Diría que nos encontramos ante un doble desafío. Por un lado, un gobierno que relativiza las violaciones a los derechos humanos. Hay que insistir: no existe justificación alguna para el secuestro, la tortura, el asesinato y la negación de toda responsabilidad en los hechos. Por otro, nos encontramos con el reto de renovar las formas de la transmisión de la memoria. El 80% de la población del país no vivió la dictadura y, por ende, no tiene una memoria biográfica de ese período. La renovación generacional determina el carácter permanente de las luchas por la memoria. En este contexto, varias son las cuestiones novedosas a atender: las culturas juveniles permeadas por la revolución tecnológica, la brevedad y fluidez de los contenidos que consumen, el rechazo a la política y, en un sentido más amplio, al debate de ideas complejas. En este marco, el desafío es evitar constituir a los jóvenes en receptores pasivos de discursos. Se trata de invitarlos a participar como agentes activos en la elaboración de lo que ocurrió. Programas como “Jóvenes y Memoria”, impulsados por la Comisión Provincial de la Memoria de la provincia de Buenos Aires van, desde hace más de 20 años, en esa auspiciosa dirección.