Algo está pasando en el país y mucho más en el Conurbano Bonaerense. Lo que se palpa en ese cinturón poblacional conformado por 24 municipios es un malestar que se profundiza, un hundimiento -continuo y en tobogán- de las variables económicas. Se respira una tensión flotante, como a la espera: los cables están pelados y el pasto seco. El deterioro se detecta en los sondeos de opinión pública pero también en la percepción cotidiana de los dirigentes que lo conocen, que lo transitan. Como termómetro del país, el Gran Buenos Aires se está convirtiendo en la incubadora de una coalición social (ya llegará el tiempo de lo electoral) nítidamente opositora.
El clima parece haber pegado un giro con el fin del verano y de las sesiones extraordinarias. Para el gobierno mileísta se terminaron las buenas noticias: se configuró una tormenta perfecta moldeada entre denuncias de corrupción y nepotismo, agravamiento de la situación social y shock externo por la guerra en Medio Oriente. Entre varias encuestas con resultados coincidentes, circuló bastante la de Latam Pulse (realizada por Atlas Intel-Bloomberg con una muestra de 5037 personas consultadas). La desaprobación que genera la figura de Javier Milei llegó en la tercera semana de marzo al 61,6%; la de su gestión, a su vez, alcanzó el 57,4 por ciento.
La declinación del tercer año mileísta tiene, hasta aquí, una justificación bastante entendible, hasta lógica: en el territorio que reúne al 37% del padrón se suceden los cierres de empresas, crece la demanda de alimentos, estalla la mora crediticia por deudas de familias e individuos. Y la particularidad de este momento, a diferencia de crisis equiparables del pasado, es que la angustia y el deterioro en la calidad de vida afectan particularmente a los sectores medios. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, consultado por este diario, lo resumió en una frase: “El gobierno de Milei está depredando a la clase media”, subrayó.
En el paisaje diario del GBA este panorama se refleja en situaciones duras, hasta desoladoras, que crecen y se repiten en distintos puntos. Varios intendentes, en diálogo con este diario, aportaron anécdotas vividas o presenciadas por ellos mismos en las últimas dos semanas. Graficaron así cierta percepción de que la sociedad está llegando a punto límite en su umbral de dolor. De prolongarse este clima, ya no habrá oídos dispuestos para nuevas invitaciones al sacrificio bajo la promesa de una -hipotética- mejora en el horizonte.
Lucas Ghi, jefe comunal de Morón, reconstruyó por caso un diálogo con un trabajador registrado residente en el barrio Belgrano, Morón sur, una zona de población trabajadora empobrecida y cercana al lindero partido de La Matanza. “Caminando por el barrio me encuentro con este vecino -contó Ghi-. Con laburo formal, ya se había endeudado con el sistema financiero y con las billeteras virtuales y por eso había ido al prestamista del barrio, de la vuelta de su casa. Me dijo que no podía cancelar la deuda y que por eso se le presentaba la disyuntiva de robar para pagarle o mudarse de barrio.”
Estas encrucijadas o dilemas en las que sobrevuelan amenazas explícitas o implícitas proliferan mucho más de lo que se conoce públicamente, sobre todo entre individuos que ya no pueden recurrir al sistema financiero formal y que tampoco pueden a endeudarse a través de apps como Mercado Pago porque no califican o registran impagos.
Otro aspecto generalizado de lo que se vive en el GBA -como en buena parte del país- es el anhelo o la necesidad de las personas por sumar uno o dos ingresos complementarios para compensar la caída del poder adquisitivo: usualmente como actividades informales o emprendimientos precarios. Esto obliga a reducir el tiempo para compartir con los afectos, el ocio o el período de descanso. Incluso muchos trabajadores con empleo formal llegan a añadir tres o cuatro horas diarias de actividad como choferes de aplicación con vehículos propios o prestados; otra realidad extendida es la masificación de los repartidores de delivery.
Ghi, por citar un caso, comprobó recientemente y de primera mano la demanda de miles y miles de interesados que -sin demasiada publicidad- permanecen en una suerte de «lista de espera» con la ilusión de reforzar sus ingresos incorporándose a la flota de motoqueros y ciclistas de Pedidos Ya. El alcalde conoció este dato al inaugurar una estación de descanso para los trabajadores de mensajería. Es un espacio con asientos, lockers, tomas eléctricas para cargar el celular, baños, refrigerio y personal de seguridad. En la apertura del local, en diciembre pasado, el jefe comunal conversó largamente con uno de los gerentes de la empresa.
“La gente de la plataforma me decía que mes a mes tienen más demanda para incorporarse a la aplicación. Hoy en el país tienen 300.000 pedidos que, por ahora, están en latencia. No los dejaron meterse en la plataforma porque, si los aceptaran, eso les haría caer el volumen de trabajo a todos los que ya están. Si la oferta de repartidores fuera superior, el algoritmo tendría que repartir entre más gente y eso significaría menos laburo para todos”, relató a Tiempo el jefe comunal.
Las cifras transmitidas por el gerente de Pedidos Ya reflejan una de las realidades sobre la que viene poniendo el foco el Instituto Argentina Grande (IAG), centro de estudios que agrupa a los equipos técnicos del ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis. En un informe del mes pasado, el think tank advirtió sobre el crecimiento del “autoempleo” o de lo que llaman “desempleo blue”. Se trata de la desocupación encubierta y que, por supuesto, no aparece medida en las estadísticas oficiales (números que, de todas formas, ya mostraron una suba exponencial entre el tercer y el cuatro trimestre de 2025: pasaron de 6,6 a 7,5 por ciento. Y en el caso del GBA, según datos de 2026 de la Encuesta Permanente de Hogares, se acercan a los dos dígitos: el desempleo allí ya mide 9,5 por ciento).
Alteración emocional
En materia de urgencias, el conurbano -sobre todo sus escuelas- se acostumbró a convivir cotidianamente con el auxilio de las políticas social y de seguridad alimentaria del Estado bonaerense. El ministerio de Desarrollo de la Comunidad es el organismo encargado de diseñarlas y llevarlas adelante: son el programa Mate (Módulo Alimentario Territorial) y el Servicio Alimentario Escolar (SAE) más el complemento bautizado Mesa (por Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria). Larroque, ministro del área, advirtió sobre la imparable necesidad de ayuda que reciben en el territorio: la definió como “dramática”.
“La situación que hoy se está viviendo es dramática y acuciante pero además con un gran cambio (respecto del inicio del mandato de Milei) y es que ahora el pedido de asistencia está acompañado de una alteración emocional. Más allá de cualquier número o guarismo, la gente hoy se nos pone a llorar. Además, el pedido ya no comprende solo a los sectores humildes. Estamos recibiendo mucha demanda de sectores medios-bajos, ahorcados con los pagos mínimos de la tarjeta de crédito, créditos más o menos formales pero que en todos los casos se les tornan impagables”, dijo el funcionario en diálogo con este diario.
Larroque, por otro lado, remarcó que la acción del Estado bonaerense se ve afectada por “los recursos que el gobierno de Milei le ha quitado a la Provincia” -desde La Plata denuncian un recorte presupuestario de 22 billones de pesos en perjuicio de la PBA y llevaron el planteo a la Corte Suprema, como corresponde a controversias de este tipo-. Larroque también advirtió sobre los efectos de una “caída vertiginosa de la recaudación”, tanto a nivel provincial como municipal, “producto de la recesión y las políticas de ajuste”.
La situación en el Conurbano es potencialmente explosiva, aunque en contraste con el 2001 ahora exista (subsisten, instrumentados vía Anses) las transferencias directas de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Eso sin contar los programas provinciales y los vouchers que la cartera de Capital Humano de Nación pretende implementar tras cancelar los planes Potenciar Trabajo y Volver al Trabajo. El escenario en el GBA, dado el combo de cierre continuo de empresas, deterioro del poder adquisitivo y la perspectiva de una inflación mensual por encima del 3%, es volátil e impredecible en lo político.
El analista Juan Courel, de Alaska Comunicación, lo describió de este modo: “Es posible que el hartazgo y la violencia se estén manifestando, pero esto no va a cambiar a no ser que surja algo que, de repente, encadene demandas. Eso hoy no está pasando. Por otro lado yo no creo que para que haya un cambio de régimen o de modelo económico tenga necesariamente que haber un estallido”. Y, ya inmerso en lo electoral, añadió: “Necesariamente el conurbano va a ser el eje de cualquier construcción antimileísta porque es donde están concentrados la mayor cantidad de votos en esa construcción. Sin lugar a dudas va a tener un rol central en la construcción de una candidatura opositora”.
Los efectos sociales de la morosidad
El fenómeno de la morosidad tiene la mayor cantidad de afectados en la provincia más poblada: la PBA. Según la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) del BCRA, el atraso con tarjetas y créditos personales creció de 4,4 a 16,7 por ciento en territorio bonaerense. Consultado por Tiempo, el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, advirtió sobre “el deterioro progresivo de la economía de las familias” y alertó sobre las implicancias de ese proceso en las relaciones personales. Dijo que observa esa realidad cotidianamente en su distrito, al que definió de “clase media laburante sin grandes bolsones de pobreza”.
“Como la gente no tiene poder adquisitivo ni liquidez, utiliza la tarjeta de crédito. Pero usan esa vía hasta que aguantan y después pasan a pedir al prestamista de la zona, de la región o del barrio. Pero sabemos que el carácter de ese tipo de préstamos no es el más ameno o el más correcto”, remarcó Descalzo.
