Detrás del discurso “libertario” apareció un Estado activo y selectivo, funcional al capital concentrado: exportadoras, grandes productores y multinacionales vendedoras de insumos y energía. El productor chico y mediano –el que vive en el pueblo, siembra endeudado y vende en cosecha– ve cómo las decisiones pasan por delante de sus ojos sin tocarlo a favor.

Desde el principio el esquema fue claro: flotación con techo, dólar pisado y una economía cada vez más cara en dólares. En el agro el impacto fue directo. Insumos totalmente dolarizados, arrendamientos que no bajaron porque se pactan en kilos de soja por hectárea y un gasoil más caro que en toda la región. Hoy se necesitan 4 kilos de soja para comprar 1 litro de gasoil; en gobiernos “nacionales y populares” alcanzaba con 1 kilo. El ajuste pasó por los costos, mientras a las petroleras no las tocó nadie.

El gobierno repitió que las retenciones eran “un robo”, pero no solo no las eliminó: las necesitó y las utilizó de manera errática. Los datos desarman el relato. En la década de 1990, con retenciones en cero, desaparecieron 130.000 productores y se hipotecaron 12 millones de hectáreas. Hoy, con retenciones más bajas que en 2015, la rentabilidad es tres veces menor.

Cuando se bajaron retenciones sin políticas complementarias ocurrió lo previsible. En soja no mejoró el margen y subieron los alquileres; en maíz se encareció el principal insumo de pollos, cerdos, huevos, leche y carne. El resultado fue un aumento directo en el precio de los alimentos.

La conclusión es evidente: el problema no son las retenciones, es el modelo. Sin ley de alquileres ni control de insumos, la renta no va al productor: va al dueño de la tierra, a las multinacionales y a las petroleras.

La campaña fina arrancó con menos trigo y menos tecnología, no por ideología sino por números. La única variable favorable fue climática: una cosecha récord histórica de trigo y cebada que alcanzó apenas para empatar o ganar muy poco.

El verdadero campo que sostuvo la producción no fue el que especula con granos, sino el que trabaja: contratistas, transportistas y prestadores de servicios. Herederos de los productores expulsados en los 90, hoy generan más del 50% del empleo del primer eslabón, pero no deciden precios ni políticas.

En paralelo, el desfinanciamiento del INTA no es un recorte más: es un ataque al conocimiento público y a la soberanía tecnológica que necesitan los productores chicos y medianos. Nada de esto es casual. El modelo está gestionado por funcionarios con pasado corporativo, que conciben al agro como un negocio financiero.

En ganadería, la habilitación de la exportación de ganado en pie y la quita de retenciones a la vaca de cría incentivaron la liquidación de vientres: se vende la fábrica, se destruye valor agregado y se encarece la carne en la mesa de los argentinos. A esto se suma una política exterior ideológica, alineada con Estados Unidos –que solo compra el 4% de nuestra carne– mientras China absorbe el 75%.

La desregulación también concentró las economías regionales: una yerba mate sin precio mínimo, una vitivinicultura sin contratos regulados y el resto de las economías regionales libradas a su suerte. Cuando el Estado deja espacios, no aparece el mercado: aparecen los monopolios.

Hoy el comercio exterior está en pocas manos. Bunge–Viterra, Cargill, ADM, Dreyfus y Cofco concentran más del 80% de las exportaciones. El gobierno avaló fusiones y bajó controles. El productor quedó como tomador de precios; el Estado, como garante del poder concentrado.

La conclusión es clara: con este esquema económico se achican los productores, se agrandan los monopolios y se vacía el interior. Porque un país no se construye con récords de exportación, sino con la distribución de esa exportación en muchos productores, que generan trabajo, consumo y soberanía.

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* Ingeniero agrónomo y productor agropecuario (zona Tandil).