La tensión entre la Iglesia Católica y la administración de Javier Milei sumó en plana Pascua un capítulo de alto voltaje político y social. A través de una carta formal dirigida al Ministerio de Salud de la Nación, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su «profunda preocupación» por la crisis terminal que atraviesan las instituciones dedicadas a la discapacidad, denunciando un escenario de desfinanciamiento que pone en jaque la supervivencia de centros asistenciales históricos.
El documento, que lleva la firma de la Comisión Ejecutiva encabezada por monseñor Marcelo Colombo (Arzobispo de Mendoza) y el cardenal Ángel Rossi (Arzobispo de Córdoba), es taxativo: la falta de regularización de los aportes estatales desde finales de 2025 ha generado una deuda asfixiante. Para la cúpula eclesiástica, la discapacidad ha quedado atrapada en medio del ajuste fiscal, una situación que calificaron como «angustiante» y que vulnera derechos básicos garantizados por ley.
Cottolengos al límite
La Iglesia puso el foco en la situación crítica de los Cottolengos Don Orione, una obra emblemática que brinda cuidado integral a 1200 personas con necesidades complejas. Según advierte la misiva enviada al ministro Mario Lugones, la continuidad de esta tarea se encuentra en un «riesgo real e inmediato». El combo es letal: mientras los organismos nacionales mantienen congelados o demorados los pagos, los costos de alimentación, medicamentos e insumos médicos, sumados a los compromisos salariales, no dejan de escalar.
«En estos días se ha hecho visible, de manera especialmente dolorosa, la situación de muchas instituciones donde se sostiene una tarea silenciosa y generosa», expresaron los obispos. El texto describe un panorama de endeudamiento creciente que arrastra a hogares y residencias hacia un cierre inminente, dejando a ciudadanos que requieren asistencia total para sus actividades básicas en un estado de desamparo absoluto.
El reclamo por la Ley 24.901
El Episcopado instó al Ejecutivo a cumplir con la Ley 24.901, el marco normativo que establece el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Recordaron que ya en mayo del año pasado habían advertido que este sector «no puede esperar», lamentando que la coyuntura política actual haya derivado en un «simulacro de gestión» que interrumpe servicios indispensables.
«La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas», afirma el documento con un tono que marca una distancia sideral con el discurso oficial de eficiencia del gasto. Para la Iglesia, estas instituciones —nacidas del compromiso de comunidades religiosas y civiles— constituyen un «patrimonio social de la patria» que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger.
La carta concluye con una exigencia de respuesta «concreta, visible y urgente». En un contexto donde el Gobierno ratifica el rumbo del déficit cero, la Iglesia planta bandera: el respeto por la vida humana y el cuidado de los más frágiles son, para los prelados, los cimientos irrenunciables sobre los que debe edificarse cualquier proyecto de sociedad.
