Las cuentas del Sector Público Nacional arrojaron en junio un superávit primario de $ 790.533 millones, y uno financiero (luego del pago de intereses de la deuda pública) de $ 551.234 millones.

La cuenta surge luego de que se totalizaron ingresos por $ 11,58 billones, con una suba de 41,6% interanual, sustentada en crecimientos de 169,7% en derechos de exportación (el sector agrícola adelantó ventas para aprovechar la rebaja transitoria de aranceles que venció el 30 del mes pasado) y 140,5% de los derechos de importación, “boom” de productos extranjeros mediante.

Los egresos, en tanto, fueron de $ 10,79 billones, un 40,3% más que en el mismo mes del año pasado. En este último rubro el paso de la motosierra libertaria se notó en dos ítems en particular: los subsidios, que se mantuvieron en el mismo nivel nominal del año pasado (incluso tuvieron una leve baja de 0,1%), y los salarios del personal estatal, que por las paritarias reprimidas y la gran cantidad de despidos y cese de contrataciones apenas crecieron 29%, diez puntos menos por debajo de la inflación interanual (39,4%). 

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la novedad en sus redes sociales. “En los primeros seis meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PIB y un superávit financiero de 0,4% del PIB (Producto Interno Bruto)”, tuiteó.

El dato es significativo porque el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a tener un superávit primario de 1,6% en todo el año. Si el ritmo se mantuviera constante, las autoridades podrían presumir de que van en buen camino para lograr ese objetivo.

Para el gobierno, además, el resultado positivo del mes es un éxito porque junio trae aparejados una serie de pagos extraordinarios por aguinaldos que involucran a los sueldos de los empleados públicos y a todo el sector previsional.

A pesar de los números en apariencia favorables y de la satisfacción con que el ministro Caputo publicó los resultados, algunos analistas desconfían de la sustentabilidad del ajuste que permitió el superávit primario. Y también de la metodología para llegar al financiero, que surge de restar al resultado inicial los intereses de la deuda.

Particularidades

Estos reparos surgen de la particularidad de los bonos que la Secretaría de Hacienda emite con mayor asiduidad: las Letras Capitalizables (Lecap). Tal como ya explicó Tiempo, estos títulos capitalizan intereses, por lo que este monto no se computa como tal sino como parte de la deuda a pagar. Esto hace que el resultado financiero del primer semestre del año ($ 3,1 billones) no sea un fiel reflejo de esas operaciones y que los $ 239.299 millones reconocidos como intereses en junio quizás hayan sido muchos más.

El Ieral (el instituto económico que depende de la Fundación Mediterránea) fue más allá y en su informe de julio publicó un artículo incluyendo en esa consideración a los Boncer, los bonos que ajustan su capital según la inflación representada por el coeficiente CER.

“Algunos analistas insisten en que los intereses contabilizados en la ejecución presupuestaria subestiman los intereses objetivamente pagados, por la existencia de títulos de deuda con intereses capitalizables, que pagan la cuenta de intereses junto al capital de la deuda, en un único pago a su vencimiento. Si así fuera, podría ocurrir que los intereses pagados superen en realidad al superávit primario obtenido, que el resultado financiero resulte negativo y, por ende, la deuda nominal siga creciendo”, objeta el trabajo de los economistas Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli​.

“Para considerar la magnitud de lo que se discute, debe señalarse que la deuda que ajusta por CER representa un 24% del total, mientras que las letras con intereses capitalizables significan un 6,0%, por lo que en forma conjunta estamos hablando de un 30% de la deuda total de la Administración Central”, agregaron.