El gobierno de Javier Milei lanzó en mayo de 2024 el Plan Nacional de Alfabetización y prometió que la educación sería considerada prioridad. Sin embargo, a dos años de su puesta en marcha, los resultados muestran avances parciales, desigualdad entre provincias y entrega tardía de libros, pieza clave para que funcione el engranaje.
El grupo Argentinos por la Educación presentó el informe “Alfabetización: ¿Qué pasó y dónde estamos?”, con un análisis sobre lo hecho en estos primeros dos años. La mirada da cuenta de avances parciales, pero el estudio muestra también deudas pendientes, disparidad entre las jurisdicciones y evaluaciones cuyos resultados no se traducen en cambios concretos en las escuelas.
“Hubo avances en la institucionalización de la política a nivel federal, la formación de docentes y la distribución de libros y recursos pedagógicos. Las 24 jurisdicciones aprobaron sus planes y la mayoría avanzó en la designación de equipos técnicos y la definición de lineamientos curriculares específicos. Sin embargo, persisten desafíos en la implementación: gran parte de las provincias aún tienen acciones ‘en desarrollo’ en áreas como capacitación docente y acompañamiento a las escuelas, mientras que el uso de evaluaciones para orientar mejoras pedagógicas en las aulas sigue siendo limitado. Además, todavía no hubo una medición del impacto de estas políticas en los niveles de alfabetización de los estudiantes”, apuntó el documento.
Libros que llegaron tarde
A nivel presupuestario, Argentinos por la Educación remarcó y celebró que “el financiamiento nacional para el plan registró un aumento significativo entre 2024 y 2025. El gasto nacional destinado a alfabetización pasó de representar el 2,4% del gasto educativo nacional en 2024 (144.510 millones de pesos constantes de 2025) al 6,4% en 2025 (364.840 millones de pesos), lo que representa un incremento del 152% en términos reales”. Sin embargo, otros análisis muestran que al mismo tiempo el presupuesto destinado a la actual Secretaría de Educación –exministerio– es el más bajo, en términos reales, de los últimos 20 años. Así se desprende del cálculo realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) a través de su monitor: llevado a precios actuales, el monto asignado a esta Secretaría era de $ 6,5 billones en 2006 y es de $ 5,3 billones en 2025.
Pero además, el presupuesto destinado no se tradujo en resultados concretos. En 2025 se distribuyeron 19,6 millones de libros vinculados a la alfabetización. Sin embargo, “esta distribución comenzó a hacerse efectiva a partir del segundo trimestre de 2025, luego de que en 2024 se realizaran compras sin concretar la entrega a las escuelas”. En este marco, la mitad de las provincias complementaron la provisión con recursos propios.
“Resulta auspicioso el incremento presupuestario del 152% en términos reales y la entrega efectiva de 19,6 millones de libros. No obstante, la demora en la distribución y la ausencia de ejecución presupuestaria en 2025 para los ejemplares de 2026 amenazan con repetir el desfasaje”, advirtió Anabella Díaz, profesora de Lengua y Literatura y formadora de docentes.
“Gracias a demandas e iniciativas de la sociedad civil basadas en evidencia, la alfabetización inicial entró en la agenda pública; los gobiernos expresaron su compromiso y ya van dos años de gestión, con logros y desafíos pendientes. El informe muestra que posiblemente en 2026 los libros provistos por la Secretaría de Educación también lleguen avanzado el año escolar. Eso es un problema serio”, calificó Irene Kit, pedagoga y presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos.
Verónica Cipriota, Directora Ejecutiva de Enseña por Argentina, coincidió en que “es urgente enfatizar que, sin recursos adecuados y a tiempo, y sin sistemas robustos de evaluación que brinden información oportuna tanto para el seguimiento de las políticas como para que cada escuela pueda monitorear sus propios avances, no lograremos revertir la crisis de alfabetización”.
Datos que no llegaron a destino
El documento muestra como aspecto positivo que hay 17 jurisdicciones que designaron equipos técnicos específicos con dedicación prioritaria a la alfabetización. En cuanto a las evaluaciones y la implementación de políticas en relación a ella, los alcances son menores.
“El uso sistemático de la información para mejorar la enseñanza sigue siendo uno de los principales desafíos”, alerta el relevamiento. Esto tiene que ver con que 11 jurisdicciones aplicaron evaluaciones provinciales de alfabetización, 10 están en proceso y dos no las han iniciado. Pero solo cuatro completaron la devolución sistemática de resultados a las escuelas, 13 se encuentran en desarrollo y otras cuatro no realizaron esta acción. Solo cinco jurisdicciones informaron haber tomado decisiones pedagógicas en base a los resultados.
“Las conclusiones del informe muestran avances en acuerdos federales y en la implementación de dispositivos, pero también señalan un aspecto crítico: el carácter muestral de la evaluación limita la devolución de resultados a las escuelas y reduce su potencial como herramienta de mejora pedagógica. Si el objetivo del Plan Nacional es que los estudiantes ‘puedan leer, comprender y producir textos acorde a su nivel’, la evaluación no debería quedar como un diagnóstico agregado del sistema”, consideró Valeria Abusamra, doctora en Lingüística e investigadora de CIIPME – Conicet. “Para contribuir a la equidad, debe funcionar como un insumo formativo que oriente decisiones oportunas y fortalezca el trabajo institucional. Esto es especialmente relevante en los contextos con mayores rezagos”, añadió.
