El arco opositor del Congreso de la Nación salió este martes a cuestionar el anuncio del gobierno nacional sobre la disolución de la (Agencia Nacional de Discapacidad) ANDIS que pasará a la órbita del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. Al cierre del periodo de sesiones extraordinarias, y días después de que se convierta en ley el Presupuesto 2026, llovieron las críticas en el Parlamento.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, afirmó que “el gobierno tiene un problema serio con la respuesta estatal a las personas con discapacidad».

En ese sentido señaló que «la Ley de Presupuesto que acaba de aprobar en lo que respecta al financiamiento de la ANDIS ya quedó vieja». Asimismo consideró que la decisión de Javier Milei «es para borrar las huellas de las coimas en discapacidad». «No es una reforma administrativa. Es un plan de impunidad», agregó en diálogo con Radio 10.

En la misma sintonía, la diputada también de UP Gabriela Estévez manifestó que se trata de «otro ataque a las personas con discapacidad y sus familias: después de dos años de recortes, quita arbitraria de pensiones, falta de pago a los prestadores y mucha corrupción, el gobierno cierra la ANDIS por ‘falta de transparencia’. ¡Pero si las coimas las cobraron ellos!».

Por su parte, su par de bancada Carlos Castagneto se preguntó: ¿Para qué hicieron tratar el presupuesto si van a hacer lo que quieren? En su cuenta de X expresó: “Absorber la ANDIS es el acto más bochornoso que puede existir. ¿Hablan de irregularidades? ¡Las más escandalosas les pertenecen! El 3% de Karina, los sobreprecios de los medicamentos, el recorte de tratamientos, etc. Quieren tapar el ROBO que hicieron en la agencia desde que asumieron”.

Desde otros espacios de la oposición, el socialista Esteban Paulon ironizó: «Más caja para @Mariolugones_ar. ¿Qué puede malir sal?».

Por su parte, el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano aseveró que «pueden disolver la estructura de la ANDIS, pero no pueden dejar de hacer dos cosas: aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso (en cinco oportunidades). Dar explicaciones sobre el famoso 3% que iba a bolsillos de funcionarios y no a personas con discapacidad».

Desde la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade resaltó que «el gobierno, una vez más, utiliza su propia corrupción, no para deshacerse de los corruptos, sino para eliminar Estado. A los primeros, si son propios, los cubre».

«Durante el 2025, como nunca antes, los discapacitados fueron brutal blanco de abandono y ataque. La disolución del organismo específico para garantizarles protección, anticipa la continuidad de esta ‘política'», finalizó.