El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará el miércoles próximo en la Cámara de Diputados para informar sobre la marcha de la gestión, en medio de dos escándalos que golpean de lleno al Gobierno Nacional: las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la falla de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado.
La exposición del ministro coordinador será a partir del mediodía y se da en un momento de extrema tensión y expectativa por las respuestas que pueda dar ante los dos escándalos que estallaron puertas adentro de la Casa Rosada y que generaron una crisis política sin precedentes en la actual gestión.
La última vez que Francos concurrió al Congreso se retiró abruptamente del recinto del Senado tras sentirse ofendido por la exposición de una senadora de Tierra del Fuego que lo trató de “mentiroso”. Ahora, el funcionario deberá enfrentar preguntas directamente vinculadas a dos temas que golpearon de lleno en la Rosada.
La crisis del fentanilo contaminado se cobró cerca de un centenar de víctimas y el Gobierno desplazó a segundas líneas, aunque el caso está lejos de cerrarse y promete escalar a medida que la Justicia vaya esclareciendo los hechos. En la causa judicial, esta semana el juez a cargo del expediente, Ernesto Kreplak, sacó al Ministerio de Salud de la querella, porque quedó a tiro de la investigación ante sospechas de posibles omisiones o connivencia de los organismos que debían llevar a cabo los controles pertinentes.
Por otro lado, los audios de Diego Spagnuolo, quien fuera abogado y amigo personal del presidente Javier Milei y en los que ventila con bastante precisión una trama de corrupción vinculada a pedido de coimas a laboratorios por parte de funcionarios del Gobierno, salpican a la propia hermana del presidente, Karina Milei, a su armador Eduardo “Lule” Menem y que calaron hondo en la Casa Rosada.
Por el hecho, el Gobierno intervino la ANDIS y desplazó a Spagnuolo, quien en el audio confiesa que el propio Milei estaba al tanto de las irregularidades y además precisa un esquema de recaudación orquestada por funcionarios con el supuesto aval de la secretaria general de la Presidencia.
