El proceso de hiperinflación en el que ingresó la economía argentina afecta, sobre todo, a las personas con ingresos en pesos. Es el caso, entre otros, de los jubilados y pensionados, a quienes la espiral ascendente de precios golpea tras seis años de perder poder adquisitivo, con lo que la consecuencia social será una cascada de pobreza en este sector de la población.

A menos que el gobierno nacional tome una decisión que hoy no parece probable: instaurar una cláusula gatillo para los haberes.

Para el abogado Christian D’Alessandro, especializado en temas previsionales, esa solución se impone por el marco general de la situación económica. «La única solución en un proceso de hiperinflación más recesión debería ser la cláusula gatillo, que se dispare cada cierto tiempo ante la escalada inflacionaria».

D’Alessandro considera que el ajuste puede ser mensual, bimestral o trimestral, siempre con la conciencia de que se está corriendo la inflación desde atrás, por lo que mientras menos tiempo transcurra entre una actualización y otra, menos perderá el jubilado.

La cláusula gatillo implica que el ajuste periódico se realice en el mismo porcentaje que aumentó la inflación.

D’Alessandro observó que, en la situación actual, en la que ya existe una fórmula de movilidad, lo mejor sería agregarle como complemento esa cláusula: «Dejaría la fórmula tal como está y agregaría, por el contexto inflacionario, una cláusula gatillo si, como dicen en el gobierno, quieren mejorar la vida a todos los jubilados».

Antes eran oposición

En un sentido parecido se manifestó el abogado Adrián Tróccoli, quien recordó que la garantía inflacionaria «fue debatida en el Congreso muy fuertemente por la oposición que se la reclamaba al oficialismo en 2020». En ese sentido, el actual gobierno «debería aplicarlo», aseguró.

Tróccoli sostuvo que el problema de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados «requiere de una solución tajante». Y observó que, en definitiva, se trata de «un esquema de emergencia. Es razonable dar algo mensual», aunque aclaró que «en todos los países se aplica una movilidad anual», pero que la hiperinflación argentina obliga a medidas particulares.

En relación con la reducción del gasto previsional para 2024, que el gobierno calculó en 0,4% del PBI, Tróccoli observó que «ese ítem todavía no fue explicado. Se podría creer que el ajuste lo van a hacer con la movilidad. Pero el ministro Caputo dice que la movilidad va a cubrir la inflación y que no licuará las prestaciones». En ese orden de las cosas, consideró que ese ajuste se puede dar con las incompatibilidades de beneficios, por ejemplo, entre un trabajo activo y una jubilación o entre una jubilación y una pensión.

También consideró que el gobierno puede apuntar a medidas de ajuste de mediano plazo, como la eliminación de moratorias y la universalización de la Prestación Universal del Adulto Mayor (PUAM).

«Si bien yo creo que la intención del ministro Caputo de que los jubilados no pierdan contra la inflación es real, tiene dos facetas: la perdida acumuladas de estos años es muy alta y hay un riesgo muy alto de que si se sigue acumulando pérdida para los jubilados, exista una respuesta judicial que encorsete el margen de maniobra del gobierno».