“Cosas terribles están pasando afuera, a cualquier hora del día y de la noche, pobres personas indefensas están siendo sacadas a la fuerza de sus hogares, las familias están destrozadas, hombres, mujeres y niños son separados, los niños regresan de la escuela para descubrir que sus padres desaparecieron”.
(Anna Frank, enero 1943)
Desde inicios de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido al menos a 3800 menores de 18 años: más de 600 de ellos fueron ubicados en albergues federales. Muchas familias son encarceladas durante las redadas, a menudo superando el límite legal de 20 días para la detención infantil.
La población total de detenidos por ICE superó los 70 mil a finales de 2025, el 73% de ellos no tiene récord criminal: contradicen las promesas electorales de Donald Trump, quien, ante ambos mandatos, aseguró que expulsaría “sólo a criminales”.
Lo que está sucediendo en muchos Estados, donde interviene ICE, es persecución, secuestro, maltrato y hasta asesinatos contra inmigrantes y contra ciudadanos estadounidenses. Así se vio en Minneapolis: Renée Good y Alex Pretti fueron asesinados por las fuerzas parapoliciales.
La población norteamericana se ve conmovida por tanta violencia contra personas que sólo quieren trabajar y tener una vida digna. El foco de esta situación está localizado mayormente en el estado de Minnesota, en las ciudades de Minneapolis y Saint Paul, donde miles se han organizado para resistir. Uno de los casos que provocó protestas es el de Liam Conejo Ramos, de cinco años, quien fue secuestrado con su papá Adrián Conejo Ramos, el 20 de enero, y trasladados al Centro de Detención Dilley en Texas, donde permanecieron hasta el domingo 1 de febrero, cuando fueron liberados gracias a la movilización popular y la actuación del congresista del Partido Demócrata Joaquin Castro. Lograron que el juez federal Fred Biery firmara ambas liberaciones.
El congresista Castro, quien tuvo acceso al Centro Dilley expresó su preocupación, no solo por Liam, sino por los 1100 detenidos, incluido un bebé de dos meses. “Los niños son tratados como prisioneros. No se alimentan bien, los alimentos están en mal estado. Y no hay atención médica. Los niños se enferman frecuentemente: gripe, tuberculosis y malnutrición son las enfermedades recurrentes”, dijo.
La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, por su parte, documentaron abusos y acosos sexuales en los Centros de Detención. En un año se registraron 10 mil denuncias, pero las investigaciones tienen retrasos de meses o, incluso, años.
La administración Trump no sólo está implementando detenciones masivas de familias, sino que también están efectuando cambios que aumentarán las detenciones de niños inmigrantes bajo custodia federal. Según The Brennan Center for Justice hace un año el Congreso aprobó una ley presupuestaria que otorga la suma sin precedentes, de U$S 45 mil millones, para la construcción de nuevos centros de detención para inmigrantes. Es importante aclarar que esos lugares dan enormes beneficios económicos. Por caso, el South Texas Family Residential Center Dilley, que pertenece a la Corporación Core Civic Correction, cuya ganancia en el último año fue de U$S 300 millones de dólares y el Karnes County Immigration Processing, que pertenece a la corporación Geo Group, con ganancias de 800 millones. Estados Unidos opera uno de los mayores sistemas de detención de inmigrantes del mundo. El 86% de los recluidos permanece en instalaciones privadas que duplicaron sus ganancias desde julio de 2025 .
