Este jueves 17 vence el nuevo plazo que dio la jueza de Nueva York, Loretta Preska, para que la Argentina entregue el 51% de las acciones en manos del Estado nacional y las provincias al fondo buitre Burford Capital.
El plazo lo extendió Preska en la misma decisión que tomó este lunes en la que rechazó el pedido de los abogados que representan a la Argentina para suspender la entrega de esas acciones.
Según medios especializados, con la extensión del plazo, Preska busca dar tiempo para que la Cámara de Apelaciones –la instancia superior a ella misma– resuelva la cuestión de fondo, que es la decisión de Preska de fallar en contra de la República Argentina y en favor de Burford por un monto de U$S 16.100 millones.
Sin embargo, no está claro que esa instancia superior a Preska dé un fallo dentro del nuevo plazo. De ser así, el gobierno argentino se verá en la encrucijada de respetar el fallo de Preska y violar las leyes argentinas o quedar en situación de rebeldía en ese tribunal.
Como parte del proceso, este martes se producirán dos reuniones en el despacho de Preska. De un lado, atenderá un nuevo pedido de Burford, que asegura que YPF y el Estado nacional son “lo mismo”, concepto que en la jerga legal se llama “alter ego”. En un fallo de 2023, Preska sacó a la petrolera del caso y solo apuntó contra la República Argentina. Ahora podría reintegrarla al juicio como demandada.
Del otro, se reunirán los abogados de Burford y de la Argentina para “dialogar” sobre el procedimiento técnico que se empleará para la entrega de las acciones. No queda claro cuál será el resultado de este último encuentro.
El lunes, luego de conocerse la decisión de Preska por la que rechazó el pedido de Argentina de suspender la entrega de acciones, el subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalija, afirmó que “ahora, lo que va a ocurrir, es que vamos a ir a la Cámara de Apelaciones no solo para que deje sin efecto la decisión de entrega de las acciones, sino también, en lo inmediato, para que suspenda los efectos de esta decisión. Es decir, que quede suspendida la decisión de la jueza hasta que la Cámara decida y se pronuncie sobre la apelación de la Argentina respecto de la entrega de las acciones”
En declaraciones a la señal de noticias TN dijo: “No hay que perder de vista que lo único que tenemos es una sentencia de primera instancia de 2023. Todavía ni siquiera se expidió la Cámara de Apelaciones en un recurso que ya lleva casi un año de tramitación. Hay varios argumentos que la Argentina plantea ante la Cámara de la Apelaciones que podrían llevar a que el monto desaparezca, que la condena se revierta, o que ese monto se reduzca muy significativamente”.
