El miércoles 30 de abril, en vísperas del 1° de Mayo, Día del Trabajador, el Ministerio de Justicia de la Nación completó la transferencia que les permitió a los trabajadores del Ente Público de la Ex Esma cobrar sus sueldos del mes de marzo. Es decir, con un mes de retraso. Por ese motivo, el Directorio de organismos de derechos humanos, que compone el órgano de gestión tripartita junto a Nación y Ciudad del predio donde funcionó el centro clandestino de detención de la Armada, manifestó su “profunda preocupación” por la demora.
“Hacemos pública nuestra profunda preocupación por la demora de casi un mes en la transferencia por parte del Ministerio de Justicia de la Nación de los fondos necesarios para el pago íntegro de los salarios correspondientes al mes de marzo”, denunció en un comunicado que lleva la firma de los once organismos de derechos humanos que integran el directorio.
Y agrega: “Reclamamos al Ministerio de Justicia de la Nación el pago completo y oportuno de los salarios. Lo ocurrido con los haberes del mes de marzo no puede volver a repetirse”.
La mora es producto de una estrategia de desgaste y vaciamiento implementada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quienes dos días después del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia cuando se realizó una multitudinaria marcha unificada en repudio por los 49 años del golpe de Estado de 1976, anunciaron una auditoría y resolvieron “suspender por 60 días las transferencias financieras del Ministerio de Justicia del Ministerio de Justicia al Ente Público”.
En el comunicado de este miércoles, el Directorio puntualizó que el reclamo por la trasferencia del Ministerio comenzó “el 14 de febrero pasado”, es decir antes del anuncio ministerial, que no dejó de hacerlo desde entonces y que “ha cumplimentado todos los pasos administrativos estipulados”. La respuesta del Ministerio “fue desacreditar públicamente nuestra lucha por Memoria, Verdad y Justicia y la labor realizada junto con las y los trabajadores en este espacio desde hace más de 20 años”, remarcaron.
En ese camino, explicaron que el 15 de abril, “completamente por fuera de los plazos legales, el Ministerio transfirió fondos que sólo alcanzaron para cubrir el 60% del salario del personal”. Recién el miércoles completó la transferencia de los montos que adeudaba.
“Este accionar completamente ilegal vulnera derechos básicos de trabajadores, trabajadoras y sus familias. Y genera preocupación frente al pago de haberes correspondientes al mes de abril, que debe concretarse antes del 8 de mayo”, detallaron.
El Directorio de organismos es uno de los tres integrantes del Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que tiene por función la gestión del predio donde funcionó el más emblemático centro clandestino de detención de la dictadura cívico militar. Está integrado por Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, el Consejo Asesor de Sobrevivientes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). Los otros dos integrantes del Ente son el Ejecutivo Nacional y la Ciudad de Buenos Aires.
La estrategia del Gobierno
El supuesto análisis jurídico y contable determinado por el Ministerio de Justicia comenzó el 1 de abril pasado y el congelamiento de las transferencias impacta directamente en los salarios de los 180 trabajadores y trabajadoras que mantienen funcionando el predio: desde el mantenimiento, protección y preservación de los edificios, compras y contrataciones, pago de servicios, hasta la seguridad y las actividades que allí se organizan, como visitas guiadas y programas educativos.
La decisión choca con la legalidad, puesto que las partidas presupuestarias al Ente están garantizadas por la propia ley que lo creó en 2007, la 26.415, que asigna transferencias específicas por parte del Tesoro Nacional, en las que el Ministerio de Justicia funciona sólo como intermediario. Todas las resoluciones presupuestarias anteriores durante 2024 se tramitaron sin ningún inconveniente y contaron con la firma del secretario Baños.
La medida que congela las partidas tiene la firma del subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia, Juan Cruz Montero, quien envió la nota al Ente el miércoles 26 de marzo, casi como una represalia contra la manifestación masiva movilización a la Plaza de Mayo del 24 de marzo que rechazó las políticas negacionistas del Gobierno.
En el comunicado de este miércoles, el Directorio también abrazó a los trabajadores del Ente que, a pesar de los embates gubernamentales, sostienen el espacio de memoria en funcionamiento.
