Francisco es mexicano. Cruzó la frontera hace diez años, trabaja en construcción para ayudar a su familia en el sur de México. Ya no podrá hacerlo más. Fue detenido por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). No se sabe dónde está.

Aurora es colombiana. Vende frutas y jugos en la estación de trenes Times Square, de la ciudad de Nueva York, para ayudar a sus hijos que permanecen en su país. Fue rodeada por policías y miembros de ICE hace dos semanas. No se sabe dónde la llevaron.

Jonathan tiene 6 años, nació en Nueva York, pero su mamá es ecuatoriana. La última vez que la vio, fue cuando iba a su trabajo. ICE la detuvo en la calle, nadie puede decir a qué prisión la llevaron.

Estos ejemplos de detener y luego deportar inmigrantes latinos, pobres e indocumentados son parte del “plan maestro” de Donald Trump, cuyo principal objetivo es deportar a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Aunque esta idea ya formó parte de su primer mandato, en ese momento no había obtenido 75 millones de votos y el respaldo mayoritario de las dos Cámaras del Congreso, cosa que sí logró en esta segunda presidencia. Desde el primer día de su gobierno, Trump puso en marcha medidas para frenar la inmigración a EE UU; reforzar la frontera sur con México, revocar más de 500 mil visas humanitarias a venezolanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses, entre otros. Así como crear y reforzar prisiones privadas, hacia dónde envían a los indocumentados antes de ser expulsados a sus países o últimamente a El Salvador y a Guantánamo, la base militar en territorio cubano, convertidas ambas en anexos carcelarios.

Según un informe del Departamento de Seguridad Nacional, han sido expulsados hasta ahora 139 mil inmigrantes. Pero si el objetivo del presidente es elevar la cifra a 1 millón sólo en este año tiene que asegurarse lugares para detención. Por esto se han firmado nuevos contratos con las dos prisiones carcelarias más importantes del país: Geo Group y CoreCivic, corporaciones millonarias con capitales de 4000 millones y 2200 millones respectivamente. En un informe de 2023, Geo Group señaló que los contratos de Inmigración y Control de Aduanas representaron el 43% de sus ingresos. Estas corporaciones cotizan en Wall Street: al día siguiente de la reelección de Trump, los precios de las acciones se dispararon, con el beneplácito de los ejecutivos, como George Zoley, director del Grupo Geo, quien comentó: “Para nosotros, es una oportunidad sin precedentes”.

Los contratos firmados recientemente entre estas corporaciones y el Gobierno Federal incluyen 18 mil camas que “fácilmente” serán completadas por inmigrantes detenidos. Las ganancias alcanzan aproximadamente a U$S 400 millones.

¿Cómo estas corporaciones obtienen contratos con el estado federal? Por el lobby ejercido por estas compañías. GEO Group y CoreCivic gastaron 1,38 millones y 1,77 millones, respectivamente, en cabildeos ante el gobierno federal en 2024. Además hicieron donaciones por U$S 500 mil para el Comité Inaugural del presidente Trump y 3,7 millones para candidatos de ambos partidos, demócratas y republicanos.

 Las cárceles privadas comenzaron en 1984 cuando el Servicio de Inmigración y Naturalización de EE UU se convirtió en la primera agencia federal en contratar servicios penitenciarios privados como la Correction Corporation of America’. Las ganancias anuales son alrededor de U$S 4000 millones. Seguramente estas cifras se verán incrementadas en estos años debido a la cantidad de inmigrantes indocumentados que el gobierno estadounidense piensa encarcelar. El director interino de ICE, Todd Lyons comentó: “Quisiera que esta institución sea manejada como una Empresa similar a Amazon, pero con seres humanos”. Lo que significa que los inmigrantes sean tratados sólo como objetos de ganancias. Sólo números, sin ningún tipo de Derechos Humanos.