Patricia Bullrich cerró el 2025 con una parte de los objetivos cumplidos. Llegó al 31 de diciembre con el Presupuesto 2026 transformado en ley, pero ante todo, consiguió un dictamen de mayoría para la reforma laboral. Hasta ahora el proyecto del gobierno cuenta con el respaldo mayoritario en comisión, pero la jefa de la bancada oficialista en el Senado sabe que todavía no cuenta con los respaldos suficientes para conseguir su media sanción. Por ahora insiste que el próximo 11 de febrero será tratado en el recinto, pero en la bancada de La Libertad Avanza admiten que para lograrlo deberá liderar la etapa más compleja de la negociación, es decir, comenzar a ceder ante los reclamos de las cámaras empresarias. Éstas, como ha sucedido en varias oportunidades, buscaron advertirle al gobierno que se pasó de rosca en varios puntos del texto que supervisó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenneger.
La exministra de Seguridad tiene sus objetivos de máxima, pero no quiere ponerlos en riesgo para satisfacer las exigencias maximalistas de “El Coloso” que sigue supervisando las negociaciones con el respaldo del presidente Javier Milei.
En ese contexto comenzará este lunes la segunda etapa del período de extraordinarias que convocó el Ejecutivo. El trabajo legislativo durante el receso de verano tuvo un primer capítulo en diciembre. El segundo arranca mañana y encierra un examen determinante para el gobierno, que ahora corre a merced de la urgencia detrás de los plazos trazados entre la mesa política que funciona bajo el mando de Karina Milei y el desembarco de Bullrich como principal delegada del gobierno en un recinto encabezado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, enemiga preferida de la Casa Rosada.
Bullrich no sólo debe lidiar con el karinismo sino también medirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, que pasó enero buscando votos en distintas provincias.
El saldo fue accidentado entre el incremento de los incendios en la Patagonia y los obstáculos que le plantó el fuego en los territorios donde el Colo esperaba conseguir más soluciones que problemas. Si bien lo esperaban con buena predisposición, las llamas complicaron el diálogo porque los mandatarios del sur se cansaron de aceptar los recortes de fondos para el combate del fuego. Santilli empezó el año con una visita a Chubut, donde el gobernador, Ignacio Torres, fue un anfitrión amigable, pero muy condicionado por los incendios. El Colo prometió volver pero no pudo y ya no lo hará. Al reclamo de Torres, como uno de los principales dirigentes del PRO, se sumaron los demás mandatarios patagónicos y también Mauricio Macri, que bancó un respaldo del partido amarillo al repudio por la aplicación de la motosierra en un tema tan delicado como el financiamiento del combate federal contra el fuego.
El gobierno tuvo que ceder y pagar parte de lo que le debía a los bomberos voluntarios junto con envío de fondos a las provincias afectadas. Si no lo hacía, el frente legislativo que arranca este lunes asomaba más complicado.
El humo de los bosques quemados no disipó las demás resistencias, especialmente fiscales. Santilli ya escuchó con atención que la mayoría de los mandatarios no avalarán la reforma laboral si la Nación no compensa la coparticipación que dejarán de percibir por la reducción del Impuesto a las Ganancias, entre otros gravámenes que serán achicados por la reforma.
Si el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, no afloja la falta de votos se hará sentir con más fuerza a pesar de algunos respaldos del peronismo.
La pinza que deberá afrontar Bullrich incluye a los gobernadores con sus reclamos impositivos, junto al pedido de distintas cámaras empresarias que le piden al oficialismo que regule los objetivos ante el riesgo de una derrota o de un escenario judicial sin salida. A los aliados del gobierno ya no los convence tanto, como en diciembre, el interés del gobierno para obtener una victoria legislativa a cualquier precio en extraordinarias.
Bullrich sostiene que cuenta con el respado de la UCR y del PRO, pero los radicales anticipan que ya le advirtieron a la senadora que no la acompañarán para afrontar otra derrota que reproduzca las malas experiencias de los ultimos dos años. Hasta ahora los laderos de la senadora sostienen que tienen los votos para conseguir la aprobación en general de la reforma.
Sin embargo, otros miembros del mismo espacio son mas cuidadosos cuando hacen el poroteo. Hay votos que dependen de las concesiones fiscales y económicas que haga el gobierno, pero hay otros que podrían diluirse si las cámaras empresarias, que pidieron la reforma.
A esa tensión se suma la situación del panperonsimo. Tiene 28 bancas pero tres ya votaron junto al oficialismo para la sanción del Presupuesto 2026.
El clima se enrareció esta semana por la decisión de los interventores del peronismo de Jujuy de suspender la afiliación partidaria de Carolina Moisés. Forma parte del interbloque de 28 miembros que preside José Mayans, pero se prepara para pegar el portazo y transformarse en un voto muy afin para la Rosada. La jujeña no tomó ninguna decisión y conservaría su lugar en Convicción Federal, el bloque en el que está acompañada por Fernando Salino, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Jesús Rejal. Los cuatro, dicen en el PJ, podrían sorprender, bancando al gobierno en la votación general de la reforma laboral y forzando algunos cambios en la votación en particular.
El temario de las Extraordinarias incluye ahora la baja de la edad de imputabilidad. Hasta el año pasado hubo un dictamen de mayoría para llevarla a los 14, pero perdió estado parlamentario con el cambio de la composición del Congreso. Bullrich dice que ahora quiere bajarla a 13, pero se sumaron más problemas. El inicio del debate está previsto recién para la segunda semana de febrero en Diputados y se reabre una grieta entre La Libertad Avanza y sus aliados, que ya colocaron dudas sobre la conveniencia de que un menor de 13 años sea imputado. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) aumentó su presión. Un comunicado la representación politica de la Iglesia Católica sostuvo que estas propuestas no deben considerarse como la única respuesta ante los delitos que involucran a jóvenes. En el oficialismo admiten que el dictamen del año pasado incluía una serie de cambios en el sistema penal que no podían ser aplicados por el ajuste fiscal que impone la motosierra profunda.
El oficialismo también tiene un dictamen de mayoria para cambiar la Ley de Glaciares. El punto central es la modificación de la definición de «ambiente periglaciar» para destrabar proyectos mineros frenados. El tema forma parte del mapa de arena que manejan los gobernadores. Siguen criticando en privado las mitigaciones insuficientes del gobierno para combatir el fuego y, por ahora, Santilli no logra convencerlos de lo contrario.
