La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) considera que hay una “crisis de malnutrición” en Argentina y destaca la importancia de la Ley de Alimentación Saludable como herramienta: “Las mejoras en la dieta de la población sacan una carga al sistema de salud. Incluso desde una mirada económica, la ley es valiosa”.

“Derogar la norma sería una pérdida”, define María del Pilar Varela, del área de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles (SAS) de la representación de la FAO en Argentina. “Como toda normativa, siempre es perfectible en la medida en que se va generando más evidencia. Pero desde su sanción fue un instrumento, una forma de abrir la puerta y hablar de cosas que no se estaban hablando”. Hasta el momento, el Gobierno no contactó al organismo para trabajar sobre el tema.
“Estamos muy atentos a lo que suceda. Posterior a la sanción, un estudio del Ministerio de Salud en 2023 mostró una aceptación de los octógonos de casi el 80%. Eso habla de que la población, más allá de la conversación en el Congreso, lo adoptó y lo considera al hacer la compra”, remarca Varela. Otro estudio, la Encuesta Nacional sobre Consumo Responsable, Hábitos Sustentables y Capital Social del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (CENARSECS) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, reflejó que un 79% de la población respondió que realizó algún tipo de cambios en sus compras en función del etiquetado y el 61% dijo que bajó el consumo de alimentos o bebidas por contener sellos.
¿Por qué preocupa a una entidad como FAO el embate contra la Ley de Etiquetado?
Tenemos una agenda bastante amplia en el área seguridad alimentaria y nutrición. Antes de 2021 hubo varios proyectos de leyes sobre etiquetado que llegaron al Congreso y perdieron estado parlamentario. Ese año apoyamos y junto a Unicef y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hicimos una campaña para acompañar. También acompañamos desde una postura técnica: es una normativa que se sancionó basada en evidencia científica.
¿Qué consideran que implicaría su derogación?
Es una situación compleja. Hubo en los últimos diez años una tendencia regional en la que se sancionaron normativas de estas características, con sistemas octogonales o de semáforo. Bolivia y Ecuador incorporaron el formato de semáforo, otros como México, Perú, Chile y Uruguay eligieron octógonos. El objetivo de esta tendencia es la mejora de los entornos alimentarios. Desde FAO tenemos informes regionales y la experiencia es buena. En Chile la normativa está cumpliendo diez años. Si no funcionase, sería otra la historia.
¿Qué se define como entorno alimentario?
Lo que se busca en definitiva no es solo el etiquetado, sino fortalecer la conducta de la población en la compra y la ingesta de alimentos de calidad. No hay prohibición, no se pretende más que una democratización de la información. Que las personas puedan tomar la decisión informadas. Si quieren consumir ultraprocesados con cuatro octógonos, pueden hacerlo.
¿Qué otros aspectos de la ley consideran importante que persistan?
Lo que la ley considera en cuanto a entornos es todo lo que sucede por ejemplo en los entornos escolares. No es solo lo que se vende en kioscos o comedores, sino también tener un paquete de educación nutricional para que los chicos puedan aprender a edad temprana qué alimentos contribuyen a una buena salud. En la región distintos países fueron decidiendo en base a qué umbrales se iba delimitando el tipo de etiquetado. Puede ser una conversación, pero derogar la ley es más amplio. Hay que ajustar la mirada. No es una ley de etiquetado, es una ley de alimentación saludable.
¿Hay una crisis de malnutrición en Argentina?
Es una crisis en todas sus formas: sobrepeso, obesidad y otras formas vinculadas a dietas inadecuadas. Por falta o por exceso de nutrientes. Tiene múltiples caras, están los dos extremos. Las mejoras en la dieta de la población sacan una carga al sistema de salud, porque va a tender a haber menos gente con enfermedades crónicas no transmisibles, gente llegando a edades avanzadas con mejor salud. Se reduce el gasto público. Incluso desde una mirada económica, la ley es valiosa.
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