Más de 300 organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas y colectivos vinculados a la salud pública expresaron este martes su rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo que busca derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal.

La reacción llegó luego de que el gobierno nacional enviara al Congreso el expediente 186/26, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, con el objetivo de eliminar por completo la normativa sancionada en 2021.

En un un comunicado, las organizaciones señalaron que la medida “desmantela una de las políticas de salud pública más importantes del país” y denunciaron que dejaría a la población “en un absoluto estado de desprotección”.

La ley no sólo establece los sellos negros de advertencia en envases de productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías. También regula la publicidad de alimentos ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes, limita estrategias de marketing y promueve entornos escolares saludables. Según advirtieron las entidades firmantes, la derogación implicaría eliminar de manera inmediata todo ese esquema de protección.

El gobierno justificó la iniciativa bajo la necesidad de reducir “limitaciones regulatorias” y avanzar hacia una armonización normativa dentro del Mercosur. Sin embargo, desde las organizaciones cuestionaron esos argumentos y sostuvieron que el modelo argentino, basado en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, es uno de los más rigurosos de la región.

La discusión vuelve a poner en escena el histórico lobby de las grandes empresas alimenticias nucleadas en COPAL, la coordinadora que reúne a las principales firmas del sector y que desde el debate parlamentario de la Ley cuestionó el sistema de octógonos negros. Su titular, Daniel Funes de Rioja, había planteado en reiteradas oportunidades la necesidad de “armonizar” los criterios argentinos con otros modelos regionales menos restrictivos.

Las organizaciones que rechazan la derogación sostienen, en cambio, que la evidencia científica acumulada desde la implementación de la ley demuestra su efectividad. Según indicaron, el 90% de la población considera que los sellos permiten identificar rápidamente productos poco saludables, mientras que más de la mitad afirmó haber modificado sus decisiones de compra a partir de la presencia de los octógonos en envases.

También remarcaron que, antes de la sanción de la norma, sólo el 13% de la población lograba comprender correctamente la información nutricional tradicional incluida en los envases. “Los octógonos democratizaron el acceso a la información”, señalaron.

Otro de los puntos cuestionados por las entidades es el argumento oficial de avanzar hacia estándares comunes en el Mercosur. Según explicaron, los sistemas utilizados en países como Brasil o Uruguay detectan muchos menos productos con exceso de azúcares que el esquema argentino vigente.

“El etiquetado frontal es una herramienta simple y efectiva para tomar decisiones informadas”, sostuvieron las organizaciones en el documento en el que además reclamaron al Congreso que rechace el proyecto impulsado por el Ejecutivo.