La decisión del gobierno nacional de avanzar con la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal volvió a encender el debate sobre el rol del Estado en materia de salud pública, el derecho a la información de los consumidores y la influencia de la industria alimenticia sobre las políticas regulatorias.
La ofensiva oficial tomó forma en los últimos días a partir de un proyecto impulsado por diputados del PRO y La Libertad Avanza, mientras el Poder Ejecutivo ya envió al Senado una iniciativa propia para eliminar completamente la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, sancionada en 2021.
La norma estableció la incorporación de octógonos negros en envases de alimentos y bebidas para advertir sobre excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, además de identificar productos con edulcorantes y cafeína.
Lobby empresarial
El argumento central del oficialismo es que el sistema actual “genera confusión”, afecta la competitividad de la industria y debería ser reemplazado por un esquema unificado con estándares del Mercosur.
Sin embargo, detrás del debate técnico también aparece con fuerza el histórico lobby de las grandes alimenticias nucleadas en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), presidida por Daniel Funes de Rioja, una de las voces empresariales más activas contra regulaciones vinculadas a etiquetado, publicidad y composición de alimentos.
Garantiza derechos
Diversos sectores sanitarios y organizaciones de consumidores advierten que la derogación implicaría un fuerte retroceso en materia de salud pública y acceso a información clara sobre los productos.
“El etiquetado frontal tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada mediante el uso de instrumentos que brindan información nutricional simple y comprensible”, explicó Fernando Andrés Grimaldi, licenciado en Gestión de Agroalimentos de la Facultad de Agronomía de la UBA y especialista en Asuntos Regulatorios de Alimentos.
Según detalló, el sistema funciona a través de advertencias visibles sobre nutrientes críticos presentes en exceso y busca prevenir enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a la alimentación. “El etiquetado frontal advierte sobre los excesos de nutrientes críticos en alimentos y bebidas y promueve la prevención de la malnutrición en la población”, sostuvo.
Grimaldi trabaja actualmente en análisis de fórmulas alimenticias y determinación de sellos según la normativa vigente. Explicó que para definir si un producto debe llevar advertencias se analiza primero si contiene agregados de azúcares, grasas, sodio, edulcorantes o cafeína y luego si esos componentes superan los límites establecidos por la ley.
Además, aclaró que la presencia de sellos no convierte automáticamente a un alimento en “bueno” o “malo”, aunque sí permite que el consumidor cuente con una herramienta visual rápida para comparar productos y comprender mejor su composición.
Antes de la implementación de la norma, la información nutricional se encontraba únicamente en tablas ubicadas en la parte posterior de los envases, muchas veces difíciles de interpretar para gran parte de la población.
La Ley de Etiquetado Frontal fue aprobada en 2021 luego de años de debate parlamentario y contó con respaldo de sociedades científicas, organizaciones de nutrición, pediatría y organismos internacionales vinculados a la salud pública. Su objetivo principal era reducir los índices de obesidad, sobrepeso y enfermedades asociadas al consumo excesivo de productos ultraprocesados.
Cambio de escenario
La nueva avanzada legislativa es impulsada por los diputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza), en sintonía con la agenda desreguladora promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado encabezado por Federico Sturzenegger.
En paralelo, el Gobierno argumenta que el sistema argentino genera desventajas frente a otros países del Mercosur y busca avanzar hacia un esquema regional unificado. El debate también expuso nuevamente el peso del sector alimenticio en la discusión regulatoria.
COPAL, la cámara empresaria que reúne a las principales compañías de alimentos y bebidas del país, venía cuestionando desde hace años distintos aspectos de la ley, especialmente el impacto de los octógonos sobre productos industrializados y las restricciones publicitarias.
En ese contexto, distintas organizaciones sanitarias advierten que detrás de la discusión sobre “libertad de elección” existe una fuerte presión empresarial para reducir regulaciones sobre alimentos ultraprocesados.
El exdiputado nacional Julio Cobos, uno de los impulsores originales de la ley, cuestionó en las últimas horas el intento de derogación y habló directamente de “lobby empresarial” detrás de la ofensiva contra la normativa.
