El cierre intempestivo de la Fabrica Argentina de Telas Engomadas (Fate) luego de 80 años de actividad ininterrumpida en el país conmocionó el escenario político a horas de que el Congreso Nacional busque dar sanción definitiva a la ley de “modernización” laboral.
El ataque sin precedentes contra los derechos de los trabajadores que implica esta reforma laboral se fundamenta, según sus promotores, en la necesidad de generar empleo genuino y terminar con la informalidad laboral.
Resulta al menos curioso que una empresa legendaria en la Argentina parte del grupo Madanes Quintanilla que gestiona, entre otras, la empresa Aluar y la represa de Futalaufquen, decida cerrar sus puertas y dejar en la calle a 920 trabajadores a horas de que se discuta una ley que, dicen, promoverá el crecimiento y la inversión.
Es que, la crisis del empleo, el consumo y la actividad orientada al mercado interno tiene fundamentos bien distintos a los de la normativa laboral que nunca ha sido el motivo para la creación o destrucción de empleo. La apertura indiscriminada, los salarios reales por el piso y la política cambiaria del gobierno son los que explican la crisis que atraviesa la industria nacional.
Así lo demuestra un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que analiza la conflictividad laboral en el país desde la asunción del actual gobierno. De allí surgen algunos denominadores comunes que ayudan a explicar la aparentemente intempestiva decisión del holding Madanes-Quintanilla.
El relevamiento realizado en base a coberturas periodísticas y la difusión de sitios web sindicales arroja como resultado que “desde enero 2024 hasta el 5 de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en todo el país”.
Allí, según el análisis detallado, “el sector más perjudicado por los conflictos laborales fue la Industria con el 62,1%. Las ramas más afectadas fueron: textil, alimentos y la metalurgia y siderurgia, fundamentalmente como consecuencia de la apertura importadora”.
El informe indica que “el sector Servicios representó el 16,9% de los casos” donde “las actividades de Recreación y esparcimiento (Hotelería, Restaurantes, Bingos y Casinos), Transporte, Medios de comunicación y Sanidad fueron los de mayor alcance”. Finalmente “el sector Primario acumuló el 9.5% de los casos, donde la mayor afectación se dio en el sector de Hidrocarburos y Servicios Petroleros, el Pesquero, y la Minería”. El Comercio, por su parte, “representó el 8.2% de los casos con Supermercados como el subsector más afectado”.
Por último, detallan “la Construcción acumuló el 3,3% de los casos, siendo la obra privada la más afectada”. Este dato resulta curioso en tanto el sector encabeza la pérdida de puestos de trabajo. Ocurre que el régimen especial de indemnizaciones propio de la estacionalidad de la actividad elude el conflicto y los despidos. Ese modelo es el que dio lugar a la propuesta primero de un Fondo de Cese Laboral y, luego, al Fondo de Asistencia Laboral que pulverizan la relación laboral y, por lo tanto, el conflicto como tal.
De hecho, del total de los conflictos, el 63,6% se explican por despidos.
Un análisis más detallado indica que el sector más afectado fueron las Pymes que sufrieron el 39,1% de los conflictos mientras que fueron las empresas de capitales nacionales, más orientadas al mercado interno y el consumo, las que explicaron el 71,5% de los conflictos contra el 27,2% registrado en empresas de capitales extranjeros.
Lo curioso es que, luego de la supuesta estabilidad económica generada por las elecciones de mediano término, la conflictividad se duplicó. Mientras que, en promedio, los conflictos llegaban a 24 por mes hasta septiembre de 2025, a partir de allí el fenómeno pegó un salto hasta los 42 casos mensuales.
El cierre de FATE, que no está incluido en el informe, lo reconoció la propia UIA, responde a los condicionantes extremos de la política económica oficial.
