Federaciones, sindicatos y medios sin fines de lucro dieron a conocer 12 puntos para democratizar el acceso a a la pauta publicitaria.

Con la presencia de legisladores como Walter Correa e Itaí Hagman, con adhesiones de Pablo Carro y Marcelo Koenig, referentes gremiales, invitados especiales y la transmisión en vivo a través de dos canales comunitarios (ParesTV y BarricadaTV), se dio a conocer un documento que, entre otros puntos, propone criterios para combatir la concentración mediática, un piso de recepción de la pauta para los medios sin fines de lucro –33%– y un techo para los grupos de medios, así como el cumplimiento de los convenios o legislaciones laborales como criterio excluyente para difundir publicidad estatal. «No es un reclamo sectorial ni corporativo, sino que tiene que ver con el ecosistema de medios que necesitamos para una sociedad democrática en la que se puedan llevar adelante transformaciones», evalúa Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), otro de los actores que promueve la ley junto con la Federación Gráfica Bonaerense, el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (Sivendia) y la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA), entre otros.
«Durante los últimos años vimos el surgimiento de numerosos medios populares y autogestivos, que vinieron a poner en agenda una serie de temas que las grandes empresas no reflejan o no tienen interés en cubrir o dar difusión», señala Gaudensi, acerca del rol de estos medios dentro de un paisaje comunicacional muy desigual. Desde el espacio, también se puso en evidencia la situación de más de 200 medios de todo el país en los que trabajan más de 2000 personas. «El relevamiento es para tomar conciencia de la incidencia real: hay mucha gente que participa, interactúa, nos lee, nos mira y tiene lugar en nuestros medios. Es muchísimo más grande de lo que se cree», explica Antonini.
Frente al Congreso, los medios sin fines de lucro empezaron a incidir en las políticas públicas para resguardar el derecho a la información de la ciudadanía.
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