El secretario de Finanzas, Federico Furiase, se sumó a la lista de altos funcionarios bajo la lupa judicial tras conocerse los detalles de su última operación inmobiliaria. Según reveló el periodista Alejandro Bercovich en C5N, el funcionario -considerado el «número dos» del Ministerio de Economía- recibió un crédito superior a los 300 millones de pesos por parte del Banco Nación. Los fondos fueron utilizados para adquirir una propiedad de 200 metros cuadrados cubiertos sobre un terreno de 880 metros en el barrio privado Los Pilares, valuada en aproximadamente 300 mil dólares.
La controversia escala debido a que el beneficio, otorgado bajo líneas de crédito con tasas preferenciales, no fue destinado a una vivienda única. De acuerdo con los registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, Furiase ya posee otras dos viviendas en la localidad de Ramos Mejía. Además, se informó que el secretario de Finanzas ya mantiene vigente otro compromiso hipotecario con el Banco Ciudad, lo que lo sitúa en una posición de privilegio financiero inaccesible para la mayoría de los solicitantes de la banca pública.
La maniobra de Furiase
El esquema utilizado por el funcionario Furiase coincide con la reciente flexibilización de las condiciones de estas líneas crediticias, las cuales, tras ser modificadas por la actual gestión, terminaron beneficiando principalmente a integrantes de la administración pública nacional. En este contexto, la Justicia investiga si existieron irregularidades en el otorgamiento de estos montos millonarios a personas que ya contaban con un patrimonio inmobiliario consolidado, en detrimento de sectores con necesidades habitacionales urgentes.
Actualmente, el escándalo de los créditos VIP ya acumula al menos diez denuncias en los tribunales de Comodoro Py y mantiene dos causas penales abiertas. Las autoridades del Banco Nación enfrentan una creciente presión judicial para entregar la documentación que aclare los criterios de aprobación y las condiciones financieras bajo las cuales se entregaron estos préstamos a la cúpula del Palacio de Hacienda y otros sectores del Gobierno.