Luego del G20, el gobierno y los principales medios de comunicación se mostraron eufóricos, aunque la realidad se encargó rápidamente de poner las cosas en su lugar.

Según el presidente Mauricio Macri: «Nunca hubo tanta atención del mundo para Argentina como ahora (…), hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo porque este es el único camino». Apenas dos días después se confirmaba que la Comisión Europea recomendará a los países de la Unión la adopción de un arancel de entre el 25% y el 33,4% para las compras de biodiésel argentino. Si bien la medida ya se barajaba, es un golpe seco contra el discurso aperturista del gobierno.   

A principios de la semana, desde diversos medios se resaltó la cantidad de acuerdos que se firmaron, muchos de los cuales tuvieron que ver con negociaciones encaradas por el gobierno anterior. También se valoró el swap de monedas con China, una medida que la actual gestión se encargó de criticar («papelitos de colores») cuando era oposición.

Se habló de encuestas que –rápidamente— mostraban una mejora en la imagen interna del gobierno y, en materia financiera, se resaltó la caída del dólar y del riesgo país del lunes, aunque el martes las variables retomaron el comportamiento previo. Esta reversión obedeció fundamentalmente al contexto externo, a raíz de las dudas que planteó el gobierno norteamericano respecto de los compromisos asumidos por China en la bilateral con Trump. No podía esperarse nada muy distinto. Las variables financieras están muy atadas a los sucesos externos, algo habitual en esquemas de apertura indiscriminada, como el que lleva adelante este gobierno. 

Por fuera del día a día, los datos económicos que se conocieron en la semana siguieron reflejando que lo peor está lejos de haber pasado. El Estimador Mensual Industrial, que elabora el Indec, mostró en octubre una caída interanual del 6,8%, la sexta consecutiva. La difícil situación por la que atraviesa el mercado interno, el aumento de los costos tras la devaluación y la caída de la inversión (afectada también por las elevadas tasas de interés) constituyen un entorno sumamente adverso para casi todos los sectores de la industria. Lo mismo ocurre con la actividad de la construcción, que en octubre tuvo una baja interanual del 6,4%. Se trata de dos de los sectores que mayor cantidad de trabajadores contratan.

Por eso no extraña que el empleo siga cayendo. El último dato (septiembre) reflejó una pérdida mensual de 22.300 puestos de trabajo. En el acumulado del año llega (sin estacionalidad) a 123 mil personas. También siguió bajando el salario real: septiembre fue el mes de mayor baja en lo que va del año, con una caída del 12% interanual.

Las perspectivas para los trabajadores no son las mejores. Según un estudio de SEL Consultores, más de la mitad (53%) de los empresarios encuestados no sabe cuándo se reactivará la generación de empleos en su compañía. Sólo un tercio cree que ocurrirá en 2019, mientras que el 17% lo planifica para 2020. No parecen coincidir con la visión del FMI, que augura una reactivación para el segundo trimestre de 2019. Se sabe del optimismo del organismo, que suele realizar proyecciones de futuro venturoso para justificar el ajuste. Algo menos confiado pareció mostrarse el presidente, que dijo: «El gobierno no quiere hacer más pronósticos».

En contraposición al FMI, para la agencia Moody’s «la política monetaria del Banco Central limitará drásticamente la actividad económica». Hay que agregar que también hará lo suyo la política fiscal de déficit primario cero, el principal objetivo macroeconómico del gobierno. Al respecto, la tendencia de las cuentas públicas preocupa. La recaudación sigue sintiendo los impactos de la caída del nivel de actividad. En noviembre, los ingresos públicos cayeron en términos reales (descontada la inflación) un 10,1%, quinto mes consecutivo de baja. Dado el objetivo de déficit, esto significa que se demandarán cada vez mayores recortes del gasto, principalmente el social, que es el que posee mayor representatividad en el total.

No todo va en caída

Ismael Bermúdez tituló: «En octubre se disparó el pago de los intereses de la deuda» (Clarín, 3/12/18). Según información provista por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), en los primeros diez meses del año el gobierno argentino destinó 366 mil millones de pesos para dicho fin, un 71,8% más que en el mismo período de 2017. En este marco, si no se ajustan otros componentes del gasto la cuenta no cierra.

El plan del gobierno es que en 2019 haya déficit primario cero, que en 2020 se consiga un superávit primario de un 1%, y que en 2021 sea del 2 por ciento. Así hasta llegar a un superávit equivalente a todos los intereses de la deuda, que este año rondarán el 3% del PBI. Es decir, la política de déficit cero no está en realidad pensada para el resultado primario, sino para el total (o financiero). Esta es la variable que se utiliza, por ejemplo, en Europa, para analizar la sostenibilidad de la deuda: ese sería el punto de equilibrio a partir del cual no se necesitaría tomar nuevos préstamos para pagar intereses. 

El problema es que para aspirar a llegar hasta esa meta, si es que eso es factible, según el FMI y el gobierno hay que extender los recortes. Las prioridades fueron explicitadas por el presidente. Al ser consultado por el bono a los jubilados, señaló: «Los jubilados siempre son prioridad. Ni hablar para este gobierno que impulsó la Ley de Reparación Histórica. Pero tenemos limitaciones (presupuestarias)». 

La otra variable que va en alza es la pobreza. Marcelo Bonelli (Clarín, 7/12/18) titula su reciente nota «El índice de pobreza pone en jaque las promesas de Mauricio Macri» y en la misma menciona que «la pobreza aumentó en alrededor de unos 5 puntos durante el tercer trimestre del año. La abrupta suba obedece a dos cuestiones centrales: la aceleración del proceso inflacionario y la caída fuerte de la actividad formal e informal». Se basa en información que brindará el Observatorio de la UCA en los próximos días.

En tanto, según Unicef, el 48% de las personas menores es pobre desde una perspectiva no monetaria. El número impacta: 6,3 millones de niños, niñas y adolescentes que tienen al menos una carencia en derechos como educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua segura y un hábitat seguro. Los recortes del gasto público sólo pueden agravar este panorama.

Para Bonelli, la pobreza «será un indicador social y político complicado para Mauricio Macri quien afirmó que había que evaluar su mandato por los indicadores de pobreza: ‘Si cuando finalice mi gestión no bajó la pobreza, habré fracasado'». A confesión de parte…

Entonces, más que nunca, es preciso articular un proyecto que nuclee a todos los que rechazamos este proyecto de país excluyente y subordinado a los intereses de las corporaciones. A todos aquellos que creemos en la necesidad de estimular los ingresos de la ciudadanía y el mercado interno. Y que priorizamos la integración genuina entre las naciones y sus pueblos.

Cuando se atravesó la crisis social de 2001 no se contaba con la experiencia de la que hoy disponemos. Ahora sabemos que es posible gestionar mejoras concretas en las condiciones de vida de las personas y hacer de la Argentina un mejor lugar para proyectar y vivir. Es necesario cambiar este modelo. «