En Gaza “no hay ningún sitio seguro”. Con más de 30 mil muertos, hambruna, crisis sanitaria y humanitaria, cerca de 2 millones de desplazamientos y ninguna esperanza concreta para el grueso de la población civil que sufre hace décadas en una zona de hostilidades permanentes, la ofensiva israelí avanza hacia la categorización de un genocidio moderno con consecuencias irremediables, según el análisis y reclamo de diversas organizaciones. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó recientemente “tomar todas las medidas» posibles para «prevenir” un genocidio en Gaza, reconociendo la demanda de Sudáfrica presentada en ese sentido ante el más alto tribunal de la ONU, en una acusación que Israel rechaza. Sudáfrica menciona un «patrón de conducta genocida» desde que Israel lanzó su guerra a gran escala en la franja de 365 kilómetros cuadrados que mantiene bajo control militar desde 1967. «Esta matanza no es otra cosa que la destrucción de la vida palestina. Se inflige deliberadamente, no se perdona a nadie, ni siquiera a los recién nacidos», expuso.

“El Tribunal observa que la operación militar llevada a cabo por Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 ha causado un gran número de muertos y heridos, así como la destrucción masiva de viviendas, el desplazamiento forzoso de la gran mayoría de la población y grandes daños a la infraestructura civil”, indica el dictamen.

A la fecha de la redacción se registraban “25.700 palestinos muertos”, “más de 63 mil heridos, más de 360 mil viviendas destruidas o parcialmente dañadas y aproximadamente 1,7 millones de personas desplazadas internamente”.

Ya en noviembre de 2023, un comunicado emitido por 37 relatores especiales, expertos independientes y miembros de grupos de trabajo que forman parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, expresaba su “alarma por la retórica claramente genocida y deshumanizadora procedente de altos funcionarios del gobierno israelí”.

Un poco antes, organizaciones de la sociedad civil palestinas e internacionales enviaron una carta al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Pedían al tribunal con sede en La Haya órdenes de arresto contra el presidente israelí, Isaac Herzog; el primer ministro, Benjamin Netanyahu; y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y acusaban a Israel de incitación a cometer genocidio en Gaza. Luego, las ONG palestinas Al-Haq, Al Mezan y el Centro Palestino de Derechos Humanos presentaron otra demanda ante la CPI contra Israel, yendo un paso más allá de las denuncias de incitación, al acusar directamente a Israel por genocidio por sus acciones en la Franja.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) “no hay ningún sitio seguro en Gaza”. El organismo advierte que “las enfermedades se propagan rápidamente. La hambruna está al asecho. El agua es escasa. La infraestructura esencial ha sido desmembrada. La producción de alimentos se ha detenido. Los hospitales se han convertido en campos de batalla”.

El mayor problema se concentra en Rafah, la ciudad a la que se dirigen millones de personas desplazadas desde el norte que, “hambrientas y traumatizadas, se hacinan en un pequeño trozo de tierra, se ha convertido en un escenario de guerra en este brutal conflicto”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que «un porcentaje sin precedentes del 93% de la población de Gaza se enfrenta a niveles de crisis de hambre, con alimentos insuficientes y altos niveles de malnutrición”. En un informe puntualiza que, al menos uno de cada cuatro hogares, enfrenta «condiciones catastróficas: experimenta una falta extrema de alimentos e inanición y ha recurrido a la venta de sus posesiones y a otras medidas extremas para poder permitirse una simple comida”.

En la audiencia ante la Corte, Israel rechazó enérgicamente las acusaciones de genocidio. Afirmó estar implicado «en una guerra que no empezó y que no quería» en Gaza y que su doble objetivo militar era erradicar la amenaza existencial que suponen los militantes de Hamás y liberar a 136 rehenes.


Al otro lado de Asia

Lejos de allí, en el sudeste asiático, en la República de Myanmar (Birmania) sigue presente en la conciencia de miles de refugiados la masacre vivida años atrás. En 2018 Naciones Unidas reconoció el genocidio cometido por las fuerzas armadas de Myanmar, que lanzaron una operación militar y mataron a más de 9000 rohingyas solo en el 2017. Entre ese año y el anterior, más de 850 mil rohingyas tuvieron que huir del país para refugiarse en Bangladesh. La población rohingya, estimada en 1,2 millones, ha sido perseguida durante décadas en Myanmar, debido a que son una minoría musulmana en un país mayoritariamente budista, que está considerada «apátrida».

Las investigaciones corroboraron que en la represión militar de 2017 unas 392 aldeas fueron parcial o totalmente destruidas en el norte del estado de Rakhine, cerca del 40% de todas las casas en la zona (37.700) y casi 80% fueron incendiadas en las primeras tres semanas de la campaña militar. El ejército de Myanmar ha negado haber cometido un genocidio contra los rohingyas y afirmó que estaba llevando a cabo una operación contra grupos terroristas.