El gobierno nacional busca modificar la Ley de Glaciares. Entre otras cuestiones, la norma sancionada en 2010 los define como bienes públicos y los destaca como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano. Por eso, restringe todas las actividades que pueden afectar su condición natural: la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras, la instalación de industrias y la explotación minera e hidrocarburífera.
Desde el Ejecutivo sostienen que el cambio favorecerá las inversiones y la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, organizaciones ligadas a la defensa del ambiente resaltan que “es un ataque directo al agua de los argentinos”. Una vez más, la iniciativa va a contramano de los estándares internacionales. De hecho, la ONU declaró al 2025 como el “Año Internacional de la Conservación de los Glaciares”.
“Me parece que nadie quiere derogar la norma porque habría mucha gente en contra. Buscarán definir en forma acotada lo que se determina como ambiente periglacial, que es lo que pone en riesgo algunos proyectos mineros a largo plazo. Entonces, necesitan mucha estabilidad normativa y creen que la modificación de la Ley de Glaciares sería una garantía jurídica para los inversores. Es muy difícil hablar en términos generales de cómo impactaría la derogación de la Ley, porque depende de cada proyecto en particular”, sostiene Lucas Ruiz, glaciólogo e investigador del Conicet, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.
El ambiente periglacial no es la zona que rodea a los glaciares, sino aquellas zonas donde el hielo se encuentra en el subsuelo y que también están protegidas por la ley. Además de ser reservas de agua en forma de hielo, son elementos emblemáticos del paisaje andino y parte del acervo cultural. Según la normativa vigente, “se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”.
El problema es que el cambio climático genera el retroceso de los glaciares y la pérdida de reservas hídricas que son estratégicas para los territorios cercanos. En este sentido, investigadores del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA, encargado entre otras cosas de realizar el Inventario Nacional de Glaciares) advirtieron ya en 2024 que “habilitar actividades que deterioren nuestras reservas hídricas estratégicas en general, y en el ambiente periglacial en particular, afectaría directamente las zonas de recarga de agua de las cuencas hídricas cordilleranas”.
Estados Unidos, dólares y energía
No es la primera vez que el gobierno avanza contra la Ley de Glaciares. De hecho, la idea ya formaba parte del proyecto que luego se convertiría en la Ley Bases. En aquel momento, el Ejecutivo no logró el consenso necesario para habilitar la modificación. Pero ahora, la situación adquiere otros matices.
Por un lado, la presión empresarial y del gobierno estadounidense, quien a través de su Cámara de Comercio en Argentina (Amcham) dijo que la reforma “es vital” y que “la velocidad de la llegada de inversiones va a depender especialmente de esas definiciones”. Por otro lado, el intento de atraer a los gobernadores, que tendrían un impacto directo en sus economías.
En caso de modificarse o derogarse la norma vigente, el gobierno tiene la promesa norteamericana de las inversiones para que ingresen dólares frescos al país. Más allá del rol de Estados Unidos, el lobby de las empresas del sector y el juego político del gobierno nacional con los provinciales, Ruiz pone sobre la mesa otro eje: las energías limpias.
“Necesitamos minerales para combatir al cambio climático y llevar a cabo la transición energética. Los paneles solares, las turbinas, los generadores y todos los equipos destinados a conducir y almacenar energía limpia no pueden hacerse sin minerales. Por lo tanto, la demanda seguirá creciendo en las próximas décadas”, subraya el científico argentino, quien tuvo que emigrar a Chile en busca de mejores condiciones laborales.
Glaciares: algo más que hielo
Los glaciares contribuyen de múltiples maneras al bienestar de las personas. Aportan agua para el consumo humano, para el sostenimiento de la biodiversidad y para las actividades productivas. A su vez, forman parte del patrimonio natural y cultural de la humanidad, resultan de interés para estudios científicos y son atractivos turísticos que potencian las economías regionales.
Según el Inventario Nacional de Glaciares, Argentina cuenta con 8484 km2 cubiertos de hielo, distribuidos en 12 provincias: Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. Además de la Ley nacional, algunos gobiernos sancionaron leyes de protección y muchos establecieron áreas naturales protegidas en zonas con glaciares.
Sin embargo, el calentamiento global acelera el derretimiento de los glaciares en todo el mundo. En este aspecto, el Atlas de los Glaciares en Argentina advierte que la situación se irá agravando ante una mayor variabilidad en las precipitaciones y un aumento de la temperatura. Según el Atlas: “Los impactos en los ecosistemas, como los cambios en el régimen hidrológico en zonas montañosas o el aumento del nivel del mar, conllevarán además profundas implicancias sociales y económicas”.
En este contexto, la Ley de Glaciares atraviesa procesos políticos, económicos, sociales y ambientales. El cuidado de las reservas de agua es un elemento central para la vida de las comunidades cercanas a los glaciares. A su vez, la transición energética no puede llevarse a cabo sin determinados minerales que podrían estar presentes en esas zonas. Más allá de ganadores y perdedores, la pregunta es si pueden extraerse los recursos naturales de una forma sustentable. Ahí, quienes pueden tener la respuesta son los científicos.
