La Cámara de Diputados de la Nación concretó este jueves la segunda jornada de audiencia pública sobre el proyecto de modificación de la ley de glaciares. Hubo menos participación que ayer de diputados en forma presencial y problemas técnicos de sonido, lo que obligó a hacer cuarto intermedio para corregir el problema. Durante todo el día se expresaron de manera remota alrededor de 100 personas.
El oficialismo confía en tener los números para convertir en ley el proyecto luego de la Semana Santa. Previo a eso buscará firmar dictamen el 8 de abril tras un plenario informativo – el mismo día por la mañana- donde se convocará a especialistas y unos 12 gobernadores.
En tanto, la oposición se prepara para llevar la discusión al terreno judicial. De hecho, entre los incumplimientos denunciados varios expositores señalaron que se viola, además del tratado internacional de Escazu, el Convenio 169 de la OIT, que obliga a que se realice una consulta previa, libre e informada, a las comunidades originarias.
Además muchos de los expositores aclararon en el comienzo de su intervención que su “participación no convalida esta audiencia” y que “se reservaban el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan”.
Durante las dos jornadas predominaron las voces en defensa del agua que criticaron el proyecto del Poder Ejecutivo que plantea cambios a la ley 26.639 – sancionada en 2010- con el fin de otorgar a las provincias mayor control sobre sus territorios a la hora de cerrar contratos para la explotación de minerales como el cobre.
Por el contrario, salvo los funcionarios del gobierno de San Juan que encabeza Marcelo Orrego y otros referentes de la provincia, ningún otro gobierno “pro minero” le puso el cuerpo a la defensa de la normativa que tiene sanción del Senado y que fue impulsada también por los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y el peronista Raúl Jalil (Catamarca).
Ayer miércoles hablaron a favor de la minería el ministro de producción de San Juan, Gustavo Fernández, y el abogado de las mineras Horacio Franco. En tanto, este jueves, representantes de empresas mineras que eligieron la participación remota se presentaron por “cuenta propia” sin blanquear el vinculo con el sector. Fue el caso de Pablo Marcet, que habló a favor de la reforma de la ley en carácter de geólogo.
En ningún momento de su alocución dijo que es miembro de la junta directiva de la minera canadiense Pan American Silver Corp y que preside una consultora en minería.
Néstor Rigamonti, presidente del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, consideró que este nuevo marco regulatorio propone una “mayor precisión normativa; mejor integración de la información científica; respeto al federalismo constitucional y fortalecimiento de la cooperación entre nación y provincias”. Agregó que busca “lograr una protección ambiental más efectiva, más operativa y sostenible en el tiempo”.
Para Rigamonti “la iniciativa no implica regresión ambiental porque continúan siendo protegidos”. En ese punto, indicó que el objetivo es “la protección de los glaciares en tanto tengan reservas estratégicas hídricas, pero no todos cumplen esa función y el proyecto busca corregir esa distorsión”.
En contra de la propuesta del gobierno una de las voces destacadas fue la diputada mandato cumplido Graciela Camaño. “Este proyecto cuyo objeto no es la minería sino el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional. Pretende transformar una ley que tiene características científicas de protección mínima uniforme para todo el territorio de los reservorios de agua dulce en una ley de carácter político donde cada provincia va a definir qué ambiente periglacial va a proteger o no, conforme a su explotación minera”.
Camaño reiteró que el texto “transgrede los principios de la Ley General de Ambiente”; invocó nuevamente el Acuerdo de Escazú junto a una serie de fallos del máximo tribunal de justicia; y cerró: “La Ley de Glaciares es el piso mínimo, no puede reducirse y tiene progresividad consolidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
También fue importante la palabra de Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo responsable del Inventario Nacional de Glaciares. Villagra expresó: “Esta ley no representa una mejora porque deja áreas con hielo sin proteger. No elimina las ambigüedades sino que, por el contrario, genera nuevas y desdibuja el rol científico y tecnológico, subordinándolo a decisiones políticas”.
Asimismo advirtió que la propuesta de La Libertad Avanza “deja sin resguardo parte del ambiente periglacial que contiene hielo, que por estar bajo tierra no es fácilmente inventariable, pero cumple con las funciones hídricas”.
