Asistimos, con una estupefacción que ya no encuentra refugio en la retórica, a un proceso de regresión que no puede explicarse como mera alternancia política. Lo que está en juego no es un modelo económico sino el espesor ético de nuestra democracia. Cuando se avanza en la modificación de la Ley de Glaciares bajo la promesa de eficiencia productiva, no se debate únicamente sobre minería o inversiones: se discute el valor mismo de la vida como límite del mercado.
Los glaciares no son una postal ni una metáfora romántica del paisaje andino. Son reservas estratégicas de agua dulce, bienes comunes intergeneracionales y presupuesto material de derechos fundamentales. Tocar su régimen de protección en pleno contexto de crisis climática global no es una decisión técnica; es una toma de posición ideológica que prioriza la rentabilidad inmediata sobre la supervivencia futura. Es la soberbia de lo instantáneo frente a la ética de la responsabilidad.
Pero el problema es más profundo. La media sanción para flexibilizar su tutela ambiental se inscribe en un patrón reconocible: el debilitamiento simultáneo de los sistemas de protección social, el desmantelamiento de políticas destinadas a personas con discapacidad, la precarización del trabajo bajo el ropaje discursivo de la “libertad contractual”. No son hechos aislados. Es una arquitectura coherente. Un programa de desguace de lo humano.
Desde el punto de vista constitucional, el retroceso es evidente. El artículo 41 de la Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano y establece un deber de preservación para las generaciones futuras. El artículo 75 inciso 22 incorpora con jerarquía constitucional los tratados internacionales de derechos humanos, que imponen el principio de progresividad y no regresividad. Ese estándar ha sido reiteradamente desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el Estado no puede reducir niveles de protección sin una justificación estricta, razonable y proporcional. ¿Dónde está esa justificación cuando se debilita la protección de reservas hídricas estratégicas?
Modificación de la Ley de Glaciares, un retroceso
Lo más inquietante, sin embargo, no es solo la orientación de las políticas públicas sino la naturalización social del retroceso. Se instala una narrativa que fragmenta, que convierte al ciudadano en individuo aislado y que presenta la vulnerabilidad ajena como un problema privado. Así, el desmantelamiento de derechos se vuelve administrativo, casi invisible. Cada medida se presenta como técnica; cada pérdida, como inevitable.
Duele el cuerpo social. Duele constatar que, en el altar de un superávit financiero construido sobre el hambre y el frío, se entregue también la arquitectura de nuestros hielos continentales. No hay técnica jurídica que maquille la perversidad de desproteger a los glaciares mientras se desampara a las personas con discapacidad o se precariza el sudor del trabajador. Es un combo de desprecio. Estamos permitiendo que nos arrebaten el futuro con una sonrisa cínica que llama «libertad» al sálvese quien pueda. Si la Constitución es hoy un estorbo para el mercado, entonces la democracia está en cuidados intensivos.
Dentro de algunos años, cuando el impacto ambiental y social de estas decisiones sea tangible, la pregunta será inevitable: ¿qué hicimos cuando se debilitaban los estándares de protección? ¿Invocamos la urgencia económica o defendimos la supremacía constitucional? Los glaciares no tienen voz, pero la Constitución sí. La cuestión es si decidimos escucharla.
