El vocero presidencial Manuel Adorni aclaró que todavía "no hay tomada una decisión legislativa" al respecto.
«Para nosotros la reforma laboral es fundamental», indicó esta mañana Adorni en su conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada, tras lo cual aclaró que «todavía no hay ningún envío de ningún proyecto».
En tal sentido, recalcó que desde el gobierno «todavía no hay tomada una decisión legislativa sobre ninguna ley, ni sobre la Ley ‘Bases’ o parte de ella, ni sobre otras leyes u otras cuestiones».
No obstante, el funcionario afirmó que entiende que la reforma laboral es «una de las urgencias que tiene cada una de las 600.000 pymes que hay en la Argentina«. En esta línea, apuntó a los sindicatos porque «parte» de éstos «han objetado» la iniciativa de reforma laboral.
«Es un delirio, porque los sindicatos, que representan a los trabajadores, están en contra de los trabajadores», manifestó.
El vocero presidencial insistió en que se trata de un asunto «muy trascendental para todos, porque de un lado hay una pyme dando empleo y tratando de crecer, y del otro hay alguien tratando de conseguir un empleo o de mejorar el que tiene o de mejorar su ingreso, y para eso es fundamental una reforma laboral».
Finalmente, aclaró que «todavía no está determinado con cuáles leyes se va a avanzar en el Congreso a partir de mañana, 1º de marzo», cuando quede inaugurado el 142º período de sesiones ordinarias del Poder Legislativo.
El gobierno de Javier Milei había incluido una propuesta de reforma laboral en el Título IV Trabajo del DNU 70/2023, cuyo tratamiento se frustró en la Cámara de Diputados, pero la misma fue objetada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en una presentación a la Cámara Nacional del Trabajo (CNT), instancia que declaró la inconstitucionalidad de todos los artículos de dicho capítulo.
A fines de enero, el propio Adorni anunció que el Gobierno apelará ante la Corte Suprema de Justicia el fallo dictado por la CNT, medida que recibió el respaldo de varias entidades empresarias e industriales.
Por ejemplo, ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) anunciaron que se presentaron ante la Corte Suprema como amicus curiae, en apoyo a la reforma laboral propuesta por el oficialismo.
«A partir de la declaración de inconstitucionalidad del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y encontrándose en estudio por parte de la CSJN, las tres entidades empresarias expresan la necesidad de derogar todos los artículos que contemplan multas económicas y que son los principales generadores de la litigiosidad laboral en la República Argentina», indicó CAME en un comunicado.
La entidad señaló que «los artículos detallados dificultan la generación de empleo genuino, al enfrentar a las pymes con la contingencia de afrontar una erogación que el propio negocio es incapaz de generar».
«Las multas económicas aludidas provocan una afectación económica de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas y a la sociedad en su conjunto», agregó.
En el escrito presentado ante la Corte Suprema, «medularmente se expuso que las multas de las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente», se detalló.
«La opinión y la colaboración manifestadas por SRA, CAME y Coninagro es únicamente relativa a la parte del derecho individual del trabajo, excluyendo de forma expresa toda vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo», según el comunicado.
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