A tres semanas de la primera revisión oficial del acuerdo de facilidades extendidas, todo indica que el gobierno incumplirá la principal de las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional: la acumulación de reservas. Desde mediados de abril, cuando se habilitó el nuevo esquema cambiario de bandas de flotación, el Banco Central se abstuvo de comprar divisas en el mercado, incluso a pesar de la temporada alta de liquidación por parte de los agroexportadores, y sólo sumó activos a partir de préstamos otorgados por bancos privados y organismos internacionales.

Por ese motivo, todo indica que el análisis pautado para mediados de junio arrojará un incumplimiento y la necesidad de solicitar un “waiver” o dispensa antes de proceder al segundo desembolso de U$S 2000 millones.

El texto del acuerdo que se dio a conocer a comienzos del mes pasado establecía que para el 13 de junio próximo, primer deadline establecido, el Banco Central debía recuperar casi todas las reservas perdidas en el primer trimestre del año y quedaría apenas U$S 500 millones por debajo de las que tenía disponibles a fines de 2024. El monto de las reservas netas de la entidad es uno de los QPC (criterios de performance cuantitativa, pasado al castellano) para evaluar el funcionamiento del programa.

Sin embargo, diversas estimaciones privadas aseguran que su cumplimiento se asemeja a una misión imposible. Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), estimó que según la metodología que utiliza el organismo para el cálculo de sus reservas, al 15 de mayo restaban acumular U$S 6237 millones para la meta de junio, a razón de 300 millones de dólares por día.

Un “waiver” anunciado

Lo curioso es que el incumplimiento de los compromisos pactados es alentado desde las máximas esferas del poder, a partir de que el presidente Javier Milei dijo públicamente que el Banco Central sólo comprará dólares si su cotización perfora el piso mínimo de 1000 pesos fijado para la banda de flotación. Si lo hiciera a otro valor, razonan fuentes oficiales, aparecería una presión alcista sobre su precio: además, el mercado podría creer que hay un piso mayor y especular con una suba en el tipo de cambio.

“El mandato del presidente es bajar la inflación, no comprar reservas”, blanqueó Felipe Núñez, jefe de asesores del Ministerio de Economía y uno de los voceros más “picantes” del ministro Luis Caputo. “Macroeconómicamente, no es necesario comprar reservas, sino rollear (renovar) la deuda. La meta se puede cumplir con emisiones de deuda; no es estrictamente comprando en el piso de la banda”, sostuvo en una entrevista periodística.

En el Palacio de Hacienda saben que será difícil salir a emitir nueva deuda en el mercado internacional este mismo año, teniendo en cuenta que el riesgo país sigue estacionado por arriba de los 600 puntos. “Para poder refinanciar vencimientos en el mercado internacional, el Estado argentino hoy tendría que pagar tasas de interés en torno al 11,5% anual en dólares, lo cual sería insostenible para el fisco y para la macroeconomía”, indicó un informe de la consultora Suramericana Visión.

Por eso, la alternativa que barajan en el entorno de Caputo es un nuevo “repo” (préstamo garantizado con bonos) con bancos privados. Para obturar este atajo y forzar a que la adquisición de reservas sea genuina, el FMI incluyó una cláusula en el acuerdo: en caso de una operación de este tipo, el objetivo de acumulación será ajustado al alza hasta U$S 1500 millones, lo que obliga a que el préstamo sea sensiblemente mayor que esa cifra para tener impacto en el resultado final.

Política mata economía

La impunidad con que el gobierno argentino está dispuesto a ignorar el espíritu del acuerdo con el FMI es también una muestra de la debilidad con que el organismo encaró la negociación. A ello contribuyó que la mayor parte del auxilio dispuesto fue desembolsada en el inicio del programa: los U$S 12.000 millones llegaron en abril y en paralelo el Banco Mundial y el BID anunciaron otros programas de ayuda financiera. En ese sentido, la línea directa que Milei supo abrirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sirvió para que el libertario se saltee todo tipo de objeciones técnicas o contables.

Aun así, las cuestiones prácticas siguen marcando la hoja de ruta de las próximas semanas. El 9 de julio hay un nuevo vencimiento de bonos de deuda pública. Según un informe del Grupo Cohen a sus clientes, “el Tesoro deberá hacer frente a pagos de capital e intereses de Bonares y Globales equivalentes a U$S 4350 millones, en tanto que cuenta con U$S 2748 millones depositados en la cuenta del BCRA. Es decir, todavía le queda por comprar U$S 1600 millones para afrontar esos compromisos”. «