El gobierno profundiza el ajuste en sectores vulnerables para asegurar el superávit

El «ajuste más grande en la historia de la humanidad», como el presidente Javier Milei calificó al proceso de recorte del gasto público en la Argentina, parece estar dando sus frutos. El Ministerio de Economía difundió esta semana un superávit de $ 1,92 billones en el gasto primario y de $ 478.000 millones como superávit financiero, una vez descontado el pago de los intereses de la deuda.
Por fuera del latiguillo libertario de que el ancla fiscal no se negocia y que es uno de los pilares del programa económico, lo cierto es que este ajuste ya está dejando sus huellas. En un proceso cícilico y absolutamente previsible, como el perro que da vueltas para morderse su cola y no la alcanza, la recaudación fiscal se ha ido deteriorando en los últimos tiempos como consecuencia de la baja del consumo que la caída de ese gasto generó.
De acuerdo a los números de mayo informados por el ministro Luis Caputo, el gasto público llegó a $ 12,61 billones en mayo y se redujo un 2,2% interanual, una vez descontada la inflación. En tanto, los ingresos ($ 14,53 billones) se deterioraron en una proporción mucho mayor, de 4,1%.
Los únicos impuestos que subieron fueron Ganancias, favorecido por la liquidación anual del saldo de los ejercicios de las empresas de 2025, y Bienes Personales. Casi todos los demás cayeron, empezando por el IVA, el que refleja con mayor fidelidad la evolución de la actividad interna: fue su séptima caída al hilo.
También retrocedieron Seguridad Social, íntimamente ligado a la remuneración de los trabajadores; el impuesto al cheque; y los derechos de exportación e importación. Estos últimos se redujeron en términos reales a pesar del récord de exportaciones del mes pasado informado por el Indec. La aparente paradoja se explica por una decisión presidencial: el gobierno redujo las alícuotas de retenciones de gran cantidad de productos, principalmente los agrícolas, profundizando el desfinanciamiento del Estado.

De 2023 a hoy

Por esa razón, Economía profundizó su recorte en ciertas áreas para garantizar que la caída en la recaudación no afecte el superávit.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra con claridad cuales fueron los rubros en los que más ímpetu puso el gobierno libertario para asegurarse el ajuste y los comparó con 2023, el último año previo a la gestión libertaria.

Así concluyó que el gasto acumulado entre enero y mayo de este año se redujo 31,5% en términos reales en comparación. Esto significa que el Estado gasta un tercio menos que hace tres años.

¿Dónde recayó el peso de ese recorte? En los sectores más vulnerables: la gente que necesita pensiones para vivir, los que dependen de programas sociales, los que viajan en colectivo, las familias a las que les aumentó la luz y el gas y los trabajadores estatales.

Según los números del CEPA, el gasto en prestaciones sociales cayó 9,7% en relación a mayo de 2023, sobre todo en las pensiones no contributivas (-24,4%). En particular, el renglón Otros programas se redujo el 49,5%; allí «se incluyen políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables, como la Tarjeta Alimentar, las transferencias a comedores comunitarios y merenderos, el ex programa Potenciar Trabajo y el programa Acompañar, entre otros», detalla el trabajo.

Los subsidios económicos se redujeron en un 74,7%. La baja en el rubro energético se profundizó en el último año (18,5% adicional, 79,8% en tres años) y en el transporte llega al 48%, por la suspensión de las compensaciones tarifarias al transporte público en el AMBA.Además los gastos de capital, asociados a las obras públicas de infraestructura, se redujeron 84% y los salarios de la administración pública 23 por ciento.

El feroz ajuste es visto por el gobierno como una condición para la estabilización y un instrumento para generar los superávits necesarios para los pagos de la deuda pública. Siempre solícito para ofrecer ideas en favor del recorte del gasto, el FMI ofreció su aporte. En el informe que acompañó la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas, en abril, el staff propuso mejorar la focalización del gasto social y de los subsidios energéticos (léase recortarlos aún más), seguir reduciendo los salarios públicos, definir los gastos de capital prioritarios y racionalizar los gastos discrecionales. Básicamente, más de lo mismo. «