Mientras en el país el gobierno Nacional habilita miles de despidos en el ámbito estatal y privado, Jorge Macri toma diferentes medidas que pasan inadvertidas pero que guardan línea con la gestión de Javier Milei. El pasado 18 de marzo, Tiempo adelantó una de las iniciativas del Ejecutivo porteño: tener su propia justicia laboral. Una de las medidas más deseadas por el macrismo porteño es sin dudas, traspasar la Justicia Nacional al ámbito local y contener, entre otras cosas, los dictámenes sobre los juicios laborales. Jorge Macri lo adelantó en la apertura de sesiones ordinarias y todo indica que va camino a cumplir su promesa. Ante esta situación, este medio dialogó con especialistas y diferentes sindicatos que esbozaron un contundente rechazo a esta iniciativa.

“Viene con retraso, pero es inminente el envío de los proyectos”, reconocieron desde el entorno de Jorge Macri al ser consultados por la iniciativa del jefe de Gobierno. Se trata de tres proyectos que, a la fecha, están siendo elaborados en la cartera de Justicia de CABA que dirige Gabino Tapia. El primero de ellos gesta el fuero laboral porteño; el segundo crea un Código de Procedimiento ‘moderno’; y el último, un Servicio de Conciliación Laboral.

“El traslado es un dislate jurídico por varios puntos: la ciudad capital de la Argentina es un territorio federal que tiene, por lógica, consecuencias en la justicia nacional en el caso del trabajo. Además, el trabajador del Estado nacional alcanzado por los Convenios Colectivos de Trabajo, litiga en la justicia nacional. Eso desaparecería y tendría que recurrir ante un fuero no especializado como el fuero contencioso administrativo que no sabe nada de derecho del trabajo”, analiza en diálogo con Tiempo Eduardo López, secretario general Adjunto de CTA CABA.

Para López, esto mismo ocurrirá con los gremios que hoy litigan en el fuero del trabajo contra las acciones del Estado nacional. “Por ejemplo: el juicio de CTERA contra el DNU 70/23 que se declaró inconstitucional. Además esto es inconstitucional porque la “Ley Cafiero” solo prevé la competencia de la Ciudad en cuestiones de delitos menores no federales y en materia contravencional y de falta. No prevé la competencia de CABA en materia laboral, civil o comercial; y por último, no quedan dudas que la idea es intentar destruir al fuero del trabajo que le enmienda la plana a Milei con fallos que ponen las cosas en su lugar”, agrega López y termina: “La idea no es nueva. Mauricio Macri no lo pudo hacer, no obstante realizó varias persecuciones y  juicios políticos contra los jueces del trabajo que dictaron fallos en contra de su gobierno, como así también intervino sindicatos para hacer caja”.

En el mismo sentido, la CTA Autónoma advierte sobre las graves consecuencias para el conjunto de trabajadores si Jorge Macri llega a obtener su propia Justicia Laboral. “Esto va en línea con lo que ya se viene aplicando hace mucho tiempo desde la subsecretaría de Trabajo porteña, que la transformaron en una gerencia de recursos humanos del Gobierno de la Ciudad, en lugar de ser el organismo que medie entre el trabajador y las empresas”, explica José Peralta, secretario adjunto de la CTA Autónoma Capital y secretario General de SITEBA, que nuclea a trabajadores bancarios y financieros de CABA.

“Con la experiencia que tenemos de cómo se maneja la Justicia en la Ciudad, donde todos los jueces y juezas prácticamente son parte del poder Ejecutivo, nos lleva a pensar que esta iniciativa, lejos de cumplir con sus objetivos, es una herramienta para favorecer a las grandes empresas e ir en contra de los trabajadores”, remata.

Los metrodelegados aseguran que Jorge Macri tiene la intención de seguir afectando los derechos de las y los trabajadores y sectores populares. “Nunca hacen esto para ver cómo le ponen un freno a las grandes patronales, a los Bancos o a los terratenientes, como tampoco les ponen un tope a las grandes ganancias, a la fuga de capitales o a la bicicleta financiera. Al revés, todo lo hacen para beneficiar a esos intereses. Tiene que ver con la misma lógica de Mauricio Macri cuando fue jefe de Gobierno”, destaca Claudio Dellecarbonara, trabajador del Subte y miembro del Secretariado Ejecutivo de AGTSyP. “Está claro -continúa-, Jorge Macri quiere tener una justicia más adicta. Será la justicia de Jorge Macri y no de las grandes mayorías. Imagino que buscará que los trabajadores del Subte, por ejemplo, no tengamos derecho a protestar ni a tomar medidas de fuerza, ni podamos seguir denunciando la crisis sanitaria por el asbesto que ocasionó la muerte de varios compañeros”.

La autonomía de CABA como argumento

Desde el ministerio de Justicia porteña, señalaron a Tiempo que en el marco de los 30 años de la autonomía de la Ciudad, “aún se espera la transferencia de las competencias judiciales, laborales, penales y civiles, entre otras”. En ese sentido, sostienen que “con el traspaso de competencias laborales se verían beneficiados miles de trabajadores, ya que se acelerarían los procesos judiciales, haciendo que juicios que hoy tardan entre cinco y ocho años sean mucho más rápidos”.

En cambio, para el abogado laboralista León Piasek, esto va a traer más inconvenientes respecto a los tiempos que se toma la justicia laboral para sus fallos. “El gobierno porteño solo quiere crear de ocho a 10 juzgados laborales, mientras que la justicia nacional tiene más de ochenta y no da abasto”. Piasek sostiene que “la iniciativa tiene obstáculos constitucionales que ya fueron analizados por expertos y rechazado por los jueces de la Cámara nacional del Trabajo. Tienen como objetivo sacar de la órbita nacional los juicios individuales y los vinculados con derechos colectivos, siempre con la excusa que es un fuero cooptado por organizaciones sindicales y que siempre falla a favor de los trabajadores, algo que es totalmente falso”.