No cabe duda de que la aprobación que está en ciernes de la flexibilización laboral (llamada eufemísticamente “modernización”) es una gran grieta que afectará a la sociedad y la economía argentinas. Significa retrotraer un siglo a nuestro país: su aplicación seguramente traerá desindustrialización y una gran pérdida de derechos para las trabajadoras y los trabajadores.

El proyecto de ley se fue consolidando a partir de negociaciones, principalmente con los gobernadores y también con la oposición “dialoguista”, con el método de ir por lo máximo para luego ir realizando concesiones. “Y si pasa, pasa”, el conocido latiguillo de la administración de Mauricio Macri para sancionar leyes.

La discusión se centró en la reducción del impuesto a las ganancias a las grandes empresas (en absoluto vinculado con la reforma laboral pero incluida en el cuerpo normativo de ésta) decisión que afecta a la coparticipación, y que terminó fuera del texto aprobado. Mientras, el resto prácticamente no se discutió. Una de las excepciones fue el intento de modificar (mediante el famoso artículo 44) las licencias por enfermedad, que también fue rechazado. De todas formas, lo que quedó en el proyecto de ley es tan regresivo para las trabajadoras y los trabajadores como lo suprimido.

Tanto el paro del jueves, que tuvo un importante impacto en la actividad, como las múltiples marchas en las distintas ciudades del país fueron una demostración de que una gran parte de la sociedad se enfrenta a este modelo de desregulación y, vuelvo a mencionar, pérdida de derechos.

Impacto en todos los aspectos de la economía y la sociedad

Comencemos por los datos fiscales, que están arrojando cifras más que ajustadas. Según informa el Ministerio de Economía, en enero se obtuvo un superávit primario de $ 3,1 billones, y un superávit financiero de $ 1,1 billones, “reafirmando el ancla fiscal del programa de gobierno”.

Pero esos resultados se consiguieron gracias a “los ingresos de capital extraordinarios correspondientes a la licitación para la operación privada de las centrales hidroeléctricas”, por $ 1 billón, lo que indica que sin esos recursos por única vez, el superávit financiero sería de $ 65 mil millones (prácticamente cero en los grandes números fiscales), un indicador de las dificultades que está encontrando el Gobierno para llegar a mostrar resultados positivos en esta materia.

Los ingresos están afectados principalmente por la merma de la recaudación aduanera proveniente de la reducción de tasas impositivas, tanto para exportaciones como para importaciones. Cabe notar que los impuestos vinculados con la actividad económica cayeron en términos reales: el IVA lo hizo en un 12% interanual, débitos y créditos un 0,4% y contribuciones a la seguridad social un 3,8 por ciento.

En cuanto a los gastos primarios, sólo cayeron un 0,7% en términos reales, resultado de la dificultad para seguir ajustando en gastos sociales como jubilaciones y pensiones contributivas, AUH y PAMI (que representaron un 53% del total en 2025).

Los subsidios a la energía, en tanto, crecieron 191% en términos reales, fruto del freno a los aumentos en las tarifas previo a las elecciones del 2025: un retraso que seguramente se tratará de corregir este año, en el cual no hay comicios nacionales. De ser así, este proceso pegará no sólo en los bolsillos de las personas y en la caja de las empresas, sino también en la inflación (un dato que ayuda a comprender el rechazo a la actualización del IPC, que ponderaba con mayor peso estos ítems).

En el caso del comercio exterior, se obtuvo un elevado superávit comercial: el mayor saldo nominal para un mes de enero desde el año 2000. Este resultado se produjo gracias a un fuerte aumento de las exportaciones (19% respecto a enero de 2025), impulsadas por los productos primarios y las manufacturas de origen industrial. Las importaciones mostraron una baja del 11%, en parte originada por el sobre estoqueo de 2025, y por la recesión iniciada a mediados del año pasado. De hecho, los rubros que más cayeron están vinculados a la actividad económica, como los bienes intermedios (insumos) bajando un 23%, y las piezas y accesorios de bienes de capital con una merma del 32 por ciento. Evidenciando los efectos de la liberalización de importaciones, los bienes de consumo aumentaron un 5,8%.

Industria en baja

El modelo aplicado por la gestión de Javier Milei se está haciendo sentir en la producción. Un botón de muestra es el cierre de la conocida y emblemática empresa de neumáticos Fate, decisión que dejará a más de 900 personas sin trabajo.

En esta decisión tuvo mucho que ver el incremento de las compras externas. En 2025 se importaron casi 8 millones de neumáticos sobre un mercado de cerca de 10 millones anuales. Por lo tanto, el 75% de los neumáticos que se comercializan localmente está compuesto por unidades importadas.

Para el caso de la industria automotriz en particular, mientras que en 2023 se importaron el 38% de los vehículos vendidos en nuestro país, en 2024 ese guarismo pasó al 51% y en 2025 al 65%.

No son las únicas actividades impactadas por las compras externas. Si se toma la variación en cantidades de las importaciones de todo 2025 respecto al año anterior, tenemos ejemplos como la “línea blanca” que exhibe un crecimiento del 220%, la maquinaria agrícola (+121%), juguetes (+87%), calzado (79%) y textiles (67%). Pero también la suba alcanza a los rubros alimenticios: fideos secos (+171%), sector cárnico (+109%) y lácteos (95%).

Esta situación es un cabal reflejo de lo que está ocurriendo con la industria argentina en general. La caída de esta actividad en diciembre pasado frente a diciembre de 2024 fue del 3,9%, completando así seis meses consecutivos con bajas interanuales. Como agravante de esta situación, cabe recordar que en 2024 la actividad industrial se contrajo un 9,4%, lo cual indica que el sector sigue sin recuperarse.

Otro caso para mencionar es el metalúrgico: según informó la asociación de industriales del sector (ADIMRA), la actividad cayó 6,2% interanual en enero y la capacidad instalada bajó al menor nivel de los últimos cuatro años. Concluye que el sector se encuentra operando a niveles similares a su peor momento de la pandemia.

Como ocurrió con Fate, se conocen a menudo ejemplos de empresas que cierran y despiden personal. Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), más de 21.000 empresas cerraron desde que asumió Milei y el número de compañías empleadoras cayó en 23 de las 24 provincias, con Neuquén como única excepción. Ante esta situación, la cantidad de asalariados industriales se redujo en 60.000 puestos durante la actual gestión.

Esta situación no es casual. Es el resultado de las políticas del gobierno que, entre otras cuestiones, bajo el paraguas de dejar la actividad económica librada al “mercado”, actúa en detrimento de la industria nacional. Es un círculo que no cierra, ya que al caer el empleo cae el consumo y así continúan los cierres de fábricas que se ven amenazadas por el achicamiento del mercado interno y las importaciones.