La “guerra de la verdad” de Lula y los aranceles que le impone Trump

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se acaba de sumergir en una guerra de dos frentes que tienen el mismo eje y es la defensa de la soberanía económica del Brasil. Una “guerra de la verdad”, como él mismo llamó, en que uno de esos frentes, una vez más, es el gobierno de Donald Trump, que apeló al recurrido manotazo de imponer aranceles a la mayoría los productos que su país importa desde Brasil en un 25%, bajo el supuesto argumento de haber tenido “mala fe” en cuestiones macroeconómicas.

El otro frente es interno, estrechamente relacionado con la familia Bolsonaro, que se ha convertido en el núcleo del bloque opositor político al presidente brasileño. Lula ya había dicho que el “lobby” de los hijos del expresidente en EE UU había desencadenado medidas económicas contrarias al Brasil. Ahora los Bolsonaro atribuyen a acciones del propio Lula esas medidas contrarias. El senador y precandidato a las elecciones generales, Flávio Bolsonaro, fue a fondo al asegurar que el presidente «no tiene condiciones» para ejercer, que el país está a bordo de “un avión sin piloto» y hasta lo llamó “el Biden brasileño”. Bolsonaro hizo suyo el discurso del Secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que el “por qué” de las imposiciones fue que “Lula y su gobierno no han negociado con EE UU de buena fe. Sus políticas económicas son malas para estadounidenses y malas para brasileños”.

La argumentación dice que “ciertas medidas brasileñas relacionadas con el comercio digital y los servicios de pago electrónico, aranceles preferenciales injustos, injerencia en la lucha contra la corrupción, protección de la propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol y deforestación ilegal son irrazonables y perjudican o restringen el comercio de agricultores, trabajadores, innovadores y exportadores estadounidenses”. Pero el verdadero centro del conflicto está en el PIX, sistema de pagos electrónico creado y administrado por el Banco Central de Brasil, que recorta el negocio financiero de los gigantes del crédito, que se ven obligados a pasar por las regulaciones del ese banco y se pierden buena parte de los millones de consumidores que aprovechan un sistema que no cobra comisiones. Para Lula, la defensa del sistema es causa nacional: “El PIX es patrimonio de nuestro pueblo y una referencia internacional de infraestructura pública digital. En Brasil, no renunciaremos a proteger a nuestras familias y niños contra la codicia de un puñado de tecno-oligarcas”, dijo.

La respuesta de Lula también será en dos frentes, el económico y el político. En la primera línea, el presidente anunció medidas de protección a los sectores afectados por el arancelazo trumpista. Reunió a sus principales ministros y anunció junto con el vicepresidente, Geraldo Alkim, un programa de “apoyo” y atención prioritaria a estos sectores “para proteger los empleos, fortalecer la producción”. Según anunció Alkim, los principales organismos de comercio internacional y exportaciones harán un “esfuerzo redoblado” para abrir nuevos mercados y hacer “crecer todavía más el comercio exterior”. El ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Márcio Elias Rosa, destacó que la prioridad es ahora “atender y apoyar a los productores afectados por esta tarifa injusta, indebida e ilegal”.

En el terreno político, Lula convirtió al PIX en un emblema de la soberanía nacional. “Nuestra soberanía no se negocia. Nadie va a cambiar nuestro PIX”, dijo en sus redes. A eso le sumó la batalla retórica, que llamó la “guerra de la verdad” contra Trump. «Brasil no tiene ningún interés de hacer la guerra. Aquí somos gente de paz. La guerra que quiero hacer con él (Trump) es la guerra de la narrativa, es la guerra de la verdad», afirmó. Confirmó que Brasil continuará buscando una solución negociada al conflicto, aunque señaló que el país dispone de mecanismos legales para responder a las medidas estadounidenses. El gobierno también estudia otras medidas, incluida la aplicación de la Ley de Reciprocidad Comercial y acciones ante la OMC.

Domiciliaria más dura

El juez supremo Alexandre de Moraes endureció las prohibiciones de visitas al expresidente Jair Bolsonaro en prisión domiciliaria, y la extendió a todas las visitas por 30 días. Ya había restringido por 90 días el acceso a su hijo Flavio, por infringir la disposición que prohíbe al preso expresarse en redes sociales incluso a través de terceros, lo que le impide el contacto directo hasta luego de las elecciones del 4 de octubre, porque el senador y candidato presidencial leyó en una transmisión de YouTube una carta de su padre dirigida «a los brasileños». La nueva medida afecta los planes de Javier Milei, de visitar a JB en los próximos días.