Más que por su carrera política, el tal Bryan José Mayer se hace notar por sus posteos en X (antes Twitter). En cuanto a lo primero, hay quienes lo recuerdan por haber sido el secretario del bloque macrista en el Concejo Deliberante de la ciudad santafecina de Rafaela. Con respecto a lo segundo, he aquí un ejemplo: “¿Por qué vivimos en democracia? Porque el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas se encargaron de asegurar tal condición contra quienes, desde hacía años, intentaron implementar el comunismo y la izquierda sangrienta en nuestro país. ¡Viva la Patria!”.

Pues bien, este es el sujeto que el régimen libertario pretende designar en la cúspide del gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH). Una muestra palmaria sobre la mirada oficialista sobre esta cuestión.

Nada más en relación con este personajillo.  

A su vez, el otrora intendente del partido de General Pueyrredón y actual senador bonaerense por La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Montenegro, no le va a la zaga, ya que supo impulsar un proyecto que, ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata suspendió hasta el 8 de abril para ser analizado. Es la privatización del principal “chupadero” que hubo en dicha ciudad durante la última dictadura, la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), situada dentro de su Base Naval. En ese infierno fueron torturadas y asesinadas miles de personas y, en estos días, hay causas judiciales en trámite.

Sin que este detalle en particular fuera tomado en cuenta, el acuerdo que oportunamente suscribió el bueno de Montenegro con la empresa Burbarrel SA apunta a un atractivo emprendimiento: instalar allí una confitería.

¿Acaso su especialidad será el “submarino seco” con churros?

Este Centro Clandestino de Detención (CCD) fue parte de la estructura represiva del Grupo de Tareas (GT) N°6 de la Armada. Emplazado en un predio que rodea al Faro de Punta Mogotes con salida al mar, durante los años de plomo eran un secreto a voces las actividades que se desarrollaban allí.

Uno de sus jerarcas se convertiría en héroe nacional: el capitán de corbeta Pedro Edgardo Giachino. Bien vale echar un vistazo a su calaña.

En este punto es necesario recalar en el Atlántico Sur durante la tarde del 2 de abril de 1982, cuando este tipo, sin otra experiencia bélica que irrumpir a patadas en domicilios civiles durante la llamada “lucha antisubversiva”, usó tal método para intentar la captura del gobernador colonial de las Islas Malvinas en su residencia. Pero una bala británica lo frenó para siempre.

Horas antes, las tropas argentinas habían desembarcado allí, por lo que este oficial se convertía en la primera baja de aquella gesta patriótica.

Pero no todos guardaban un buen recuerdo de él. 

Porque durante ese mismo día, en Mar del Plata, Gabriel Della Valle, un estudiante que militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), quedó estupefacto ante un televisor. Hacía casi un lustro había sido “chupado” por una patota de la Armada y permaneció cautivo durante una semana en la ESIM, no sin padecer bestiales interrogatorios. Ahora veía en la pantalla nada menos que el rostro de su secuestrador. La mirada pétrea de ese individuo le heló la sangre. No era otro que Giachino. 

Quizás ignorara que, por esa mirada, su nombre de guerra era “Petrus”.

También hay otra persona que guarda un vívido recuerdo de Petrus: el ex suboficial de la Armada, Alfredo Molinari. Y ese recuerdo incluye su voz filosa, como la hoja de una bayoneta.

–¡Fusilelo, cabo! –le ordenó, en una oscuro atardecer de 1977. 

Frente a ellos había un prisionero con capucha, esposado y de rodillas. La escena transcurría en la ESIM. Molinari se negó. Eso causaría la ofuscación del capitán de corbeta. 

–¡Basura! Usted no merece ser un infante de Marina ¡Mándese ya mismo a mudar de acá! –fueron sus palabras. 

Cuando el cabo se retiraba, oyó a sus espaldas el estampido de un disparo.

El pobre Molinari fue degradado y pidió la baja meses después. Ya bajo el imperio de la democracia, denunció el asunto ante la justicia federal.

En 2001, durante el Juicio por la Verdad, el “héroe” naval fue señalado a raíz de sus graves delitos de lesa humanidad por sobrevivientes del terrorismo de Estado. Pero como ya estaba muerto no se hizo ninguna investigación sobre su rol en la represión ilegal, y su legajo fue archivado.

Este es uno de los próceres del sitio que Montenegro sueña con privatizar.

Su mutación a confitería sería, en el plano simbólico, una “verdugueada” poco sutil al concepto de Memoria, Verdad y Justicia.

“No es la primera vez que me enfrento con la máquina de impedir”, adujo, con un semblante serio, el actual senador, al aludir a la suspensión judicial.

Lo cierto es que él siempre fue muy llano con el lenguaje. De su autoría, por ejemplo, es la expresión “los fisuras” para aludir a las personas que están en situación de calle.

Dicho sea de paso, durante las madrugadas invernales de Mar del Plata, cuando él la gobernaba, sus esbirros del Cuerpo de Patrulla Municipal solían irrumpir en esquinas y plazas para desalojarlos a patadas.

Esa fue su política más visible. Hasta que, luego de una denuncia hecha por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), el magistrado marplatense Juan Tapia, a cargo del Juzgado de Garantías N°4, prohibió semejante práctica.

La cuestión generó una polémica. Entonces, con un dejo de contrariedad, Montenegro sólo atinó a reiterar: “Mi enemigo es la máquina de impedir”.

Es notable su persistencia en el asunto de la ESIN. Pero se trata de una persistencia con lógica, dada su formación en el campo del Derecho Penal.

Porque, a diferencia de Mayer –quien no es más que un negacionista de baja estofa (aunque ideal para su cargo en la SDH), Montenegro no solamente reivindica las atrocidades de lo que él alguna vez denominó “guerra sucia” sino que, entre otros beneficios, la privatización de la ESIM y la continuación de las obras dispuestas por la empresa Burbarrel SA causarían la pérdida de valiosas pruebas judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas allí. 

Al respecto, los jueces Alejandro Tazza y Pablo Jiménez, de la Cámara Federal de Apelaciones marplatense pidieron a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas que, como querellante, aporte más pruebas acerca de los crímenes en la ESIM.

Al parecer no les basta el informe de la CONADEP ni las evidencias que demostraron justamente eso en más de 20 juicios, desde 2006 a la fecha.

El tema es que, además, existe la hipótesis de que en el predio que rodea las edificaciones del CCD habría cuerpos enterrados muy cerca de la orilla del mar. Es que, como su oleaje, la memoria no deja de ir y volver.