En la madrugada del lunes 15 de agosto de 2022, en una sala mal iluminada de los tribunales de Cosquín, Córdoba, el sumariante le informó a Marcela Martín –60 años, trabajadora social e integrante de la asamblea ambiental de Santa María de Punilla– que estaba imputada del delito de amenazas contra el entonces intendente Gabriel Musso. La amenaza, explicó el funcionario judicial, implica “alterar la paz de espíritu” (en este caso el espíritu del señor Musso), por lo que debió agregar en el papeleo de rutina la comisión de una contravención.
“Me causó gracia”, recuerda ahora Martín, luego de la audiencia preliminar que fijó los días del juicio que deberá afrontar junto a otros cinco compañeros y compañeras, en lo que será el primer debate oral contra defensores ambientales en la historia penal de Córdoba.
“Es ridícula la frase –insiste– porque estas personas no tienen espíritu de nada. Esto es un juicio político para disciplinarnos, para mostrar que al que lucha le pintan los dedos y lo meten preso. Si nos condenan a nosotros, nos condenan a todos”.
Martín se ganó el (incómodo) lugar en este juicio histórico el 13 de agosto de 2022, durante un plenario convocado por vecinos y organizaciones ambientales en la plaza San Martín de Cosquín, con el fin de exigir información sobre la Autovía de Punilla, una obra cuestionada por las irregularidades detectadas en las audiencias públicas y los impactos provocados por su trazado.
“Ese día –reconstruye– vimos que el intendente Musso (hoy vocal en el Directorio de la Agencia Córdoba Turismo del gobierno de Martín Llaryora) estaba tomando un café en una confitería y entramos a señalarlo, porque estos funcionarios jamás nos atendieron, nunca convocaron a la población a debatir el proyecto. La firma de Musso permitió hacer esta Autovía que rompió la montaña, atravesó cuencas hídricas, destruyó una incipiente reserva ecológica, arrasó bosque nativo y fauna autóctona. Pero jamás lo amenacé. No me voy a hacer cargo de una mentira absurda”.
La defensa del territorio y, en consecuencia, el rechazo a la Autovía de Punilla se remonta al año 2017, cuando las comunidades afectadas presentaron un amparo contra la provincia por irregularidades en la obra (por ejemplo, el primer tramo atraviesa zonas rojas de alto nivel de conservación, según el ordenamiento territorial dictado por la Ley de Bosques).
La organización de los vecinos autoconvocados logró en 2021 convocar una audiencia pública –la pandemia de Covid-19 obligó a las sesiones remotas– en donde el 90% de la población (unas 700 personas se inscribieron como expositores) rechazó la Autovía. Sin embargo, el Concejo Deliberante de Bialet Massé, en sesión extraordinaria y sin aviso previo a los vecinos, votó por unanimidad la factibilidad del uso del suelo para habilitar el paso de la Autovía por el ejido municipal. Pocos meses después, Musso, hizo lo mismo, pero ni siquiera simuló un tratamiento exprés en el Concejo Deliberante de Cosquín, incumpliendo con las leyes de Participación Ciudadana y de Acceso a la Información Pública.
Al año siguiente, unos veinte manifestantes que participaban del plenario general ambiental le amargaron el café que Musso estaba tomando en Plunder’s para recriminarle su accionar, lo que derivó, sobre la base de testimonios de los policías y mozos, en la imputación de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, contra seis defensores ambientales: además de Martín, Alba Ortiz, Marco D’Angelo, Matías Pérez, Gabriela Taborda y Federico Díaz.
Contra el saqueo
El pasado 18 de diciembre, en los Tribunales de Cruz del Eje, tuvo lugar la audiencia preliminar en donde la fiscal de Cámara, Fabiana Pochettino, les ofreció, ante la atenta mirada del vocal de la Cámara en lo Criminal y Correccional Javier Rojo, un acuerdo o juicio abreviado a los imputados: tareas comunitarias y condenas en suspenso a cambio de aceptar la culpabilidad. Ante el rechazo contundente de los seis se fijaron las próximas audiencias del juicio para los días 7, 8, 11 y 14 de mayo de este año.
“Dijimos que no porque somos inocentes. Nuestro eje es la absolución porque protestar no es un delito. Para nosotros es importante decir que este juicio supera el tema ambiental. Los gobiernos criminalizan la protesta para poder saquear los territorios y también los salarios; si nos condenan, eso le va a servir a cualquier gobierno para genera un precedente jurídico, todos los que salimos a las calles para reclamar vamos a tener una espada sobre nuestras cabezas”, reflexiona Martín y agrega: “Nos tienen que acompañar para sacar afuera del tribunal y que se enteren en el resto del país lo que está pasando en Córdoba. No se nos puede perseguir y pintar los dedos a los que salimos a defender el monte, los salarios o lo que sea que nos estén quitando”.
La Corte frenó fumigaciones en Tandil y Rauch
La Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó suspender de manera preventiva la ordenanza que regula el uso de agroquímicos en el partido de Tandil, en el marco de una causa que también involucra a la Municipalidad de Rauch y que cuestiona la constitucionalidad de ambas normativas por su impacto ambiental sobre la Cuenca del arroyo Chapaleofú.
El tribunal fundamentó su decisión en el carácter de «bien de interés público» del sistema hídrico del arroyo Chapaleofú. Los magistrados señalaron que las distancias de aplicación establecidas en las ordenanzas municipales no guardaban concordancia con las exigencias de la legislación provincial superior.
La cautelar se hizo a pedido de un grupo de vecinos de dicha cuenca, quienes recibieron el apoyo del procurador general de la provincia Julio Conte Grand.
