El Tribunal Federal Nº 2 de Rosario, integrado por los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Cruz y Helena Beatriz Hilario, absolvió a los siete productores y condenó a dos funcionarios municipales de Pergamino en el histórico juicio por los daños en la salud provocado por las fumigaciones con agrotóxicos.
Mario Tocalini y Guillermo Naranjo, quienes se desempeñaban como responsables de la Dirección de Ambiente Rural del municipio, fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En tanto, resultaron absueltos los productores, aplicadores y técnicos Fernando Esteban Cortese, Mario Roces, Víctor Hugo Tiribó, José Luis Grattone, los hermanos Carlos y Hugo Sabbatini, y el peón Cristian Taboada, fueron absueltos.
En sus fundamentos, el Tribunal dio por probado el daño ambiental y sanitario; sin embargo, consideró insuficiente la prueba penal para imputar responsabilidades individuales.
“No tenemos dudas de que la exposición a agroquímicos le provocó daños en la salud” de vecinos de Pergamino, señalaron los jueces, al tiempo que remarcaron que existe respaldo científico para vincular esas prácticas con enfermedades en zonas cercanas a fumigaciones.
Sin embargo, sostuvieron que la acusación no logró demostrar “más allá de toda duda razonable” que los imputados hayan fumigado en forma ilegal o con intención de contaminar, ni establecer con precisión el nexo causal entre conductas concretas y el resultado contaminante.
“Una pirueta política”
“En un fallo atravesado por una abierta esquizofrenia argumental, el tribunal logró una pirueta política perfecta: validó el reclamo científico de las víctimas, reconociendo que los agroquímicos deben ser llamados agrotóxicos porque provocaron en una exposición medianamente cercana daños a la salud, condenó a los inspectores municipales y mantuvo las restricciones de fumigación para proteger a la población; pero absolvió a los productores agroindustriales, los verdaderos ejecutores materiales del daño”, se quejó el abogado querellante Fernando Cabaleiro.
“Un productor profesional del agro –insiste– sabe de forma directa qué sustancia está cargando en el ´mosquito´ (calificada textualmente por el tribunal como agrotóxico) y decide voluntariamente accionar los picos pulverizadores junto a las casas habitadas. La contaminación resultante no es un misterio del destino; es la consecuencia directa, necesaria e inmediata de un acto ejecutado con total deliberación”.
Por su parte, Sabrina Ortiz, victima y una de las denunciantes centrales del caso, declaró a la salida de los Tribunales que “esto es solo una instancia”.
“No vamos a parar hasta que dejen de fumigar y hasta que paguen todo lo que hicieron”, afirmó.
