Desde la Dirección Nacional de Migrantes y Refugiados (DNMR) de la CTA-A, de la Secretaría de Derechos Humanos, denuncian hostigamiento xenófobo y persecución que el Estado viene ejecutando de manera sistemática mediante operativos policiales contra la población migrante pobre en Argentina.
Se trata de personas de la comunidad paraguaya, peruana y boliviana, que en su mayoría sostiene sectores enteros de la economía con sus trabajos precarios, como ser, los talleres textiles ubicados en la localidad bonaerense de Villa Celina. Explican que allí se concentran la explotación laboral y la evasión fiscal. Las víctimas son trabajadores informales de la construcción, los servicios y las ferias de Flores, Once y Liniers en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Criminalización de la pobreza y de la migración
En la Ciudad de Buenos Aires, realizan operativos de saturación diseñados para mostrar en imágenes a migrantes pobres mientras son capturados y rodeados por efectivos de la policía: “Como si fueran delincuentes de máxima peligrosidad, pero son trabajadores pobres e informales”, aseguró Yolanda Moreno, en diálogo con Tiempo, abogada de la Dirección Nacional de Migrantes y Refugiados de la CTA-A.
Y completó. “Esas escenas luego son difundidas en redes sociales como parte de un montaje destinado a instalar miedo y generar impacto negativo en la opinión pública. La persecución apunta de manera furiosa sobre personas precarizadas, mientras el poder político deja liberados los espacios donde realmente se cometen delitos”.
Operativos contra menores de edad
En esta línea, cabe destacar que el pasado 19 de marzo, en Lomas de Zamora, se realizó un operativo contra menores de edad cuando salían de las escuelas en el barrio Santa Catalina. Allí se les exigió documentación y se les tomó huellas dactilares a estudiantes de entre 12 y 18 años. Lo que fue denunciada por SUTEBA Lomas de Zamora, que señaló la violación de derechos y garantías elementales que protegen a las infancias y adolescencias.
La abogada Moreno denunció: “Para perseguir a migrantes pobres el Estado siempre está presente y en todas partes. Sin embargo, cuando se trata de investigar negocios ilegales, las responsabilidades políticas y a los poderes económicos, mira para otro lado”.
También detalló que todos los operativos están dirigidos por la Policía Federal Argentina (PFA), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y agentes de la Policía de la Ciudad. Lo hacen realizando cortes de calles, aplicando un dispositivo de control migratorio y poblacional que combina verificación de identidad, pedidos de documentación, amedrentamiento público y degradante para los migrantes.
Persecución callejera
Y agregó que el hostigamiento antiinmigrante, impulsado por la xenofobia, no sólo se expresa en la persecución callejera que realizan, sino también en los trámites administrativos de la Dirección Nacional de Migraciones, donde se multiplican las trabas deliberadas para sacar el DNI.
Detalló que para obtener la residencia permanente, se exige presentar los seis últimos recibos de sueldo, además de adjuntar un certificado emitido por una contadora que acredite ingresos de 1.400.000 pesos por mes, como mínimo, son cosas que les resultan imposibles de concretar: “Con esos requisitos, el Gobierno empuja a miles de personas a la irregularidad y las deja expuestas a la persecución y expulsión policial”, apuntó Moreno.
La abogada sugirió. “Tenemos que tener presente que las migraciones regionales son producto de las políticas antipopulares de los distintos países, que obligan a miles de personas a migrar por problemas económicos y políticos; a lo que nosotros llamamos migraciones forzadas”.
Precarización laboral
Explicó que cuando llegan a Argentina, en su mayoría se concentran en sectores laborales como el comercio, la construcción y el trabajo en casas particulares, donde padecen una mayor incidencia de inserción informal y salarios de miseria. Por lo cual cumplir con los requisitos exigidos por el Estado les resulta imposible.
Moreno señaló que toda esta arremetida antiinmigrante constituye un ataque contra los sectores más explotados de la clase trabajadora del sector informal. Lo que está legitimado por los decretos emitidos por Javier Milei, en los que pone en la coordinación directa a las Fuerzas de Seguridad Federales, con el traspaso de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad.
También se legitima con la adopción de políticas de persecución y control poblacional que replican modelos que fueron usados en otros territorios: “Incluidos los aplicados por el sionismo contra poblaciones palestinas”, apuntó la letrada.
No es orden ni legalidad: “Se trata de disciplinar a los de más abajo y de convertir a la población migrante pobre en chivo expiatorio del ajuste, la precarización laboral y los despidos masivos que está ejecutando el gobierno de Milei”.
Para denunciar los atropellos
“Tenemos que organizarnos para enfrentar esta problemática junto a todos los trabajadores migrantes y no migrantes. Para repudiar -remarcó- estos atropellos, defender a quienes son perseguidos, enfrentar las deportaciones, denunciar los operativos policiales y concientizar a la comunidad sobre los que está pasando”.
La letrada pidió solidaridad de los medios de comunicación para denunciar el hostigamiento a la población migrante pobre, a la que criminalizan para enfrentar a trabajadores contra trabajadores. Y de ese modo desviar el descontento social provocado por el ajuste, la precarización laboral y los despidos desmedidos.
Moreno concluyó: “Basta de persecución a migrantes y trabajadores. No al racismo y la xenofobia. La migración es el resultado de las malas políticas económicas de nuestros países vecinos. Tenemos que ser solidarios con los pueblos latinoamericanos y de todo el mundo”.
