El gobierno de Javier Milei sostuvo que el reciente incremento en el precio de las naftas responde directamente al ataque desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán en Medio Oriente, que disparó la cotización del barril de petróleo Brent por encima de los 100 dólares. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en otras naciones, la administración nacional no implementó ninguna reducción de impuestos que aliviara el impacto en los consumidores argentinos. Mientras que en Europa, Asia y América Latina hubo países que optaron por bajar temporalmente la carga fiscal, la Casa Rosada prefirió postergar aumentos que ya estaban previstos pero sin resignar recursos tributarios.
Argentina se ubicó en el puesto 24 entre los países que más elevaron el valor de los combustibles por efecto de la guerra, con un alza del 23,8 por ciento, muy lejos de Myanmar, Filipinas o Malasia, que lideraron la lista con subas de hasta el 100 por ciento. En la región, Perú encabezó los incrementos con un 35,6 por ciento, seguido por Guatemala, mientras que YPF intentó contener parte de la escalada absorbiendo un tercio del aumento del crudo y congelando precios durante 45 días. No obstante, los surtidores locales llegaron a superar los 2.000 pesos por litro, con un ajuste acumulado del 19 por ciento solo en el último mes.
Impuestos en Argentina
A través del Decreto 217/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo decidió modificar el cronograma de actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, trasladando al 1° de mayo los aumentos que debían aplicarse en abril. La medida continúa una cadena de postergaciones que vienen sucediéndose desde 2024 y 2025, siempre con el argumento de evitar un traslado pleno de la carga tributaria al precio final. Sin embargo, en ningún caso se dispuso una quita o rebaja efectiva de los impuestos, como sí hicieron cinco naciones europeas, dos latinoamericanas y una asiática de manera temporal hasta junio.
El sistema vigente establece que los montos fijos de esos tributos deben actualizarse trimestralmente según el Índice de Precios al Consumidor, pero en la práctica el gobierno fue postergando sistemáticamente esas correcciones, generando un atraso real significativo. Cuando el conflicto bélico disparó el valor del petróleo, las naftas argentinas ya venían acumulando incrementos superiores a la inflación: en el último año treparon un 63,6 por ciento, casi el doble del 33,1 por ciento de suba general de precios. Pese a ese contexto, el oficialismo evitó cualquier medida que aliviara la presión sobre los usuarios.
De acuerdo con un relevamiento de Focus Market, el 46,6 por ciento del precio final que paga el consumidor en la estación de servicio corresponde a impuestos: 41,5 puntos van a la Nación, 3 a las provincias y 2,1 a los municipios. Esa estructura fiscal se mantuvo inalterada a lo largo de la crisis energética, a diferencia de lo ocurrido en otros países que sí recortaron temporalmente la carga para proteger a los automovilistas. La decisión oficial de no reducir los tributos contrasta con la política aplicada en naciones como Alemania o Brasil, que optaron por aliviar el bolsillo de sus ciudadanos.
Hay una razón de peso que explicaría la negativa del gobierno a tocar los impuestos: en marzo, esos gravámenes representaron el 3,3 por ciento de la recaudación total y fueron uno de los dos rubros que más crecieron, con una suba interanual del 35,3 por ciento. En un contexto de ajuste fiscal extremo, la administración de Milei priorizó mantener intactos esos ingresos por encima de cualquier alivio para los conductores, mientras sostenía que el único responsable del aumento de la nafta era el conflicto iniciado por Estados Unidos contra Irán.
