Un juicio que se está llevando a cabo en Córdoba, por un caso que causó conmoción a nivel local, generó también otra lectura sobre la reciente aprobación de la baja de la punibilidad a los 14 años, tan celebrada por el gobierno de Javier Milei.
En esa provincia, Sebastián Villarreal fue asesinado durante un robo en febrero de 2024 en el barrio Yofre Norte, cuando salía a trabajar. Hubo dos adolescentes involucrados, pero también se juzga a tres mayores, sospechados de integrar una banda criminal que utilizaba a menores de 18 años para cometer delitos.
“¿Hasta cuán chiquitas estamos dispuestos como sociedad a hacer las esposas para perseguir a los menores, sin poner el foco en los adultos que se valen de esos menores?”, se preguntó la abogada Graciela Taranto, representante de la querella. Desde esa postura, durante los alegatos pidió la pena máxima para los adultos acusados mayores, por considerar que sin su participación el crimen no hubiera ocurrido.
Penas máximas
En diálogo con Tiempo, Taranto analizó el caso en el contexto de punitivismo en aumento y sobre todo abrió preguntas sobre cómo se orquestará y qué implicará en los hechos la baja de edad de punibilidad que votó el Congreso, con fuerte acompañamiento social.
“El punitivismo a más temprana edad genera que los mayores que usan menores para delinquir vayan a buscar a niños de cada vez más temprana edad. No creo que haya sido una finalidad, pero sí va a ser una realidad”, advirtió.
“En el caso de Villareal, lo que se descubre es que los menores autores del hecho están rodeados de parientes –mayores- que promueven esto. Busco que tengan una pena equivalente al homicidio criminis causa, que es lo que se declara al que dispara el arma, de 17 años, como autor material del delito”, planteó Taranto. “A los mayores que usaron como medio a esos menores y que actuaron de esa manera no le podemos endilgar ese delito porque la figura típica jurídica no lo permite, pero apliquemos el máximo de la pena posible. Porque si lo que se busca es quitar el estímulo a los adultos que van a aprovecharse de niños más chicos, me parece que la severidad tiene que estar ahí”, consideró. Por eso en su alegato apuntó a una condena de 33 años.
El fiscal Fernando López Villagra también pidió penas altas: 20 años de prisión para Axel Fabricio Escada (22), 18 años para Luciano Gonzalo Bustos (21) y 12 años para Héctor Alejandro “Lalo” Herrera (27). La resolución está en manos de un jurado popular y se espera la audiencia de últimas palabras y luego veredicto para el 13 de marzo.
Otra perspectiva sobre la baja de imputabilidad
“Coincidimos con la familia en nuestra mirada en relación a niños, niñas y adolescentes. Lejos de querer venganza, siempre se ha señalado la diferencia entre menores y mayores. Es una familia muy empática en el medio de un dolor inmenso”, describió Taranto sobre los Villarreal.
Jimena, hermana de la víctima, dijo a la prensa local que “la justicia tiene que dejar de favorecer a las bandas que captan pibes (…) Se hace severa la pena hacia un joven de 14 años, pero a quien le da los medios, quien los emplea y abusa de una posición de poder, la pena es menor. Eso nos parece incompatible”.
“El punitivismo no ha salvado la vida de nadie, pero un cambio de perspectiva en las penas por el uso de menores puede incidir en que no se los emplee con tanta liviandad”, dijo en diálogo con el programa Fuerte y Claro.
Derechos vulnerados
Taranto se definió en contra de la baja en la edad de punibilidad recientemente sancionada. “Por múltiples razones, una de ellas es que ya el sistema, previo a la reforma, fallaba absolutamente con los menores que son punibles, de 16 a 18 años. Ya el sistema penal no respeta las garantías constitucionales. Se respeta mucho más en el proceso penal contra mayores. Por ejemplo, el derecho de defensa, que es un derecho fundamental”, remarcó.
“Por otro lado, los espacios de encierro para medidas tutelares no llegan a cumplir los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. Esos menores que eran imputables ya salían de esos espacios sin una reinserción social real. No lo hemos logrado como sociedad. Ahora bajamos la franja de edad, como si eso fuera a traer una solución”, cuestionó. Y lamentó “hay niños desamparados por los que nos rasgamos las vestiduras, pero después son adolescentes a los que mandamos a la cárcel sin ningún análisis de todas las fallas que hubo”.
“Primero está lo previo: proteger los derechos. Lo que está pasando hoy en el Gobierno Nacional es que en vez de invertir tiempo, recursos, normativa en promover los derechos de los niños y garantizar los derechos básicos de infancias y adolescencias, como respetar los pactos internacionales que existen, se está castigando a niños a más temprana edad sin tener recursos para el seguimiento que tienen que haber después”. En Córdoba, ejemplificó, el organismo encargado “apenas si puede con lo que tiene ahora”.
Sobre cómo se implementará la nueva normativa, recientemente votada pero aún no reglamentada, planteó preguntas que aún no tienen respuesta: “¿Qué fondos está dispuesto a dar el Ejecutivo para menores, qué cantidad de personal para su reinserción? Hicieron espamento para bajar la edad, pero ¿cómo se sigue? ¿Se va a garantizar el derecho a la educación? ¿Habrá transporte para que los padres puedan visitarlos cuando sean de escasos recursos? Porque es el derecho a sus vínculos sociales y familiares. Hay que mirar cómo se ejecuta la ley”.
