Organizaciones de derechos humanos, ambientales y sociales, junto a referentes del ámbito académico, científico y cultural, rechazaron los dichos del gobernador de Chubut y del Gobierno Nacional que buscaron culpabilizar a comunidades mapuches por los incendios en El Hoyo y Epuyén, que arrasaron con 12 mil hectáreas de bosques y produjeron graves pérdidas materiales a los pobladores de la zona. “Instala un discurso racista que desvía la atención de la falta de políticas y de decisiones que favorecen la concentración, extranjerización de tierras y el avance del negocio inmobiliario sobre los bosques”, repudiaron.

 “Expresamos nuestro rechazo a las declaraciones del gobernador Ignacio Torres y de autoridades del Gobierno nacional, quienes atribuyeron de manera inmediata y sin pruebas la supuesta intencionalidad de los hechos a integrantes del pueblo mapuche”, expresa el comunicado que lleva las firmas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, Amnistía Internacional Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación de Abogados Ambientalistas y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre muchos otros.

Según el texto, estas acusaciones forman parte de una estrategia política que utiliza el racismo como herramienta para desviar la atención de la ausencia de políticas públicas eficaces de prevención, manejo del fuego y protección de los territorios.

“La maniobra de señalar culpables sin evidencia impide discutir el abandono del Estado en materia de prevención y manejo del fuego”, señalan en el documento. Y explican: “No se discute la precarización de las y los brigadistas, la ausencia de políticas públicas de restauración ambiental en los territorios afectados, ni la promoción del monocultivo de pinos”.

La distracción, en suma, consiste en apelar a un discurso racista y señalar a los mapuches como culpables para ocultar la falta de políticas, los negocios inmobiliarios y la concentración y extranjerización de las tierras.   

El pronunciamiento advierte que este tipo de señalamientos se repite frente a cada incendio de magnitud, sin que exista hasta el momento “ninguna condena judicial ni avances concretos en las investigaciones” que los respalden. “Este accionar vulnera principios básicos del Estado de Derecho y constituye una estrategia política para evadir responsabilidades”, agregan.

Toda la maniobra impide, explican, debatir las verdaderas causas estructurales de la crisis ambiental en la región, entre ellas el abandono estatal, la precarización de brigadistas, la falta de inversión en prevención y decisiones políticas que favorecen la concentración y extranjerización de la tierra, el monocultivo de pinos y el avance del negocio inmobiliario sobre los bosques nativos. En ese marco, el documento remarca que “acusar sin pruebas no apaga el fuego: solo encubre la inacción y profundiza la injusticia”.

En un contexto de emergencia climática, las organizaciones y personas firmantes reclaman “investigaciones serias, responsabilidades institucionales claras y políticas integrales de prevención, combate del fuego y restauración”.

El pronunciamiento reúne también firmas de organizaciones como Innocence Project Argentina, FARM, INCLO, ATE Capital , No a la Mina, el Instituto de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias, la Confederación Mapuche de Neuquén y Sumak.

También acompañan el texto personalidades como Myriam Bregman, Manuel Garrido, Andrea Gamarnik, Alberto Kornblihtt, Dora Barrancos, Maitena, Elizabeth Jelin, Guillermo Folguera, Lorena Vega, Esteban Paulón, Darío Sztajnszrajber, Dolores Reyes, Graciela Speranza, Mariana Carbajal, Érica Rivas, Juan Carlos Radovich, Dolores Fonzi, Diego Iglesias, Elisabeth Gómez Alcorta, Lucas Chiappe, Soledad Barruti, Daniel Grinbank, Gastón Chillier, Sofía Nemenmann, Sabina Frederic, Sofia Bordenave, Roberto Salvarezza, Moira Millán, Ernesto Seman, Gabriel Kessler, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Cesaroni, Celeste Fierro, Tomás Saraceno, Jonathan Thea, Juan Bello y Flavia Broffoni, entre otros referentes.