Los incendios forestales que arrasan sin freno desde 2023 con el bosque andino patagónico de Río Negro y Chubut son un fenómeno de origen multicausal ligado al cambio climático, pero en todos los casos agravados por la responsabilidad política ineludible de los gobiernos provinciales que evitaron desarrollar medidas preventivas que pudieran o impedir o morigerar la devastación, pese a saber que estaban dadas todas las condiciones para la tragedia ambiental que finalmente ocurrió.
La Patagonia Norte sufre de al menos dos años de una sequía sin precedentes, con escasas lluvias y sin nevadas, temperaturas extremas, tormentas eléctricas y alto riesgo de incendios forestales masivos. En este enero, ríos y arroyos se han secado; los lagos descendieron su altura y las ciudades están casi sin agua potable. La comunidad científica patagónica lo advirtió hasta con borradores de propuestas que los gobiernos locales desoyeron una y otra vez.
“La prevención siempre es más barata que el combate. Se invierte el mayor presupuesto cuando el fuego está fuera de control. Hay una total falta de planificación territorial”, explicó el biólogo e investigador del Conicet Javier Grosfeld (@javiergrosfeld en IG), en una entrevista con el Canal 4 de Esquel. Allí ratificó que “hace años que la ciencia viene advirtiendo sobre las consecuencias del cambio climático. Pero no hay decisiones, y las que se toman no están basadas en conocimiento científico”.
Pese a tantas alertas, el gobernador chubutense Ignacio Torres rechazó usar fondos millonarios nacionales e internacionales destinados a la protección de bosques nativos y prevención de incendios forestales. Para los primeros tenía 540 millones de pesos de la Ley de Bosques que decidió no aplicar. De igual manera actuó con los 600 mil dólares de la FAO y el Fondo Verde para el Clima (FVC) destinados a la prevención del fuego en la Comarca Andina y en particular en los pinares abandonados de Puerto Patriada donde comenzó el incendio que ya carbonizó más de 30 mil hectáreas y asola a la ciudad de Cholila.
En esos pinares abandonados de propiedad provincial comenzó el incendio de Puerto Patriada que Torres y el fiscal Carlos Di Meyer adjudicaron velozmente a una comunidad mapuche para tener rápido a quien culpar, y como siempre sin pruebas. Pero un grupo de vecinos cartografió la zona y trabaja seriamente en fundamentar que el fuego se inició en otro sitio y por culpa de cables del tendido eléctrico enredado en las ramas de los pinos combustibles. La empresa eléctrica pertenece al Gobierno provincial.
El peligro mortal de Patriada no es desconocido por el gobierno y ya estaba advertido desde 2014 en el “Plan Municipal de Protección contra Incendios Forestales y Rurales”, que vecinos de El Hoyo entregaron a Tiempo Argentino. Encargado por el exintendente local, Mirco Szudruk, es un preciso relevamiento descripto en 25 hojas, y que en su página 19 pone el alerta rojo sobre Puerto Patriada. El trabajo está en manos de la provincia desde 2015.
“Nada, no hicieron absolutamente nada”, describe un brigadista forestal de Río Negro, quien además es perito especialista en investigación Forestal. Se refiere a que desde el incendio del 30 de enero de 2025 en el Paraje Rural Mallín Ahogado, al norte de El Bolsón, el gobierno de Alberto Weretilneck no puso en marcha ninguna política preventiva para impedir o contener rápidamente los incendios forestales al menos en el corredor cordillerano que va desde Bariloche hasta El Bolsón.
Con un gran despliegue de anuncios, publicaciones y videos en decenas de cuentas para-oficiales en redes sociales, el gobierno de Río Negro publicitó compras y licitaciones de equipamiento para enfrentar los incendios forestales cuando ya son incontrolables. Hasta incluyó el alquiler tardío de un enorme helicóptero Sikorsky. Recién el último día de enero anunciaron un centro de monitoreo 7×24 del paraje rural Cuesta del Ternero, muy al norte de El Bolsón, con cámaras montadas en una torre de la cooperativa telefónica local Coopetel.
Río Negro desconoció las recomendaciones de los especialistas que aconsejaban instalar reservorios de agua en zonas críticas, hacer un intenso raleo en los pinares abandonados y limpiar de material vegetal combustible para reducir la velocidad de propagación del fuego una vez activado, además de la apertura de fajas y cortafuegos para bloquear su expansión en zonas habitadas. Nada de eso sucedió, como tampoco encuentros de trabajo e intercambio con vecinos para elaborar planes de evacuación con pobladores de las zonas más delicadas, como el paraje rural Mallín Ahogado.
En el caso Weretilneck y su intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, la situación es más grave porque mantienen sin cambios el escenario forestal de 2025, cuando estalló el incendio que arrasó con el Mallín Ahogado. Para entonces, científicos, brigadistas y ruralistas del lugar ya les habían advertido que estaban dadas las condiciones para un incendio como el que finalmente ocurrió. Aquel fuego mató a una persona, arrasó con cuatro mil hectáreas de bosque, quemó 150 casas y convirtió en cenizas a cuantiosos cultivos, acopios, galpones y animales silvestres y de granja.
Weretilneck, incluso, mantiene cajoneado desde 2018 un extenso y detallado Plan Integral de Gestión del Área Natural Protegida Rio Azul Lago Escondido (Anprale), elaborado por una bióloga del Conicet contratada por la gobernación, que incluye un plan de manejo y prevención de incendios. Justamente dentro del Anprale comenzó el incendio de enero de 2025.
Los gobernadores Ignacio Torres y Alberto Weretilneck, aliados del presidente Javier Milei, coinciden plenamente en la determinación de no invertir dinero y recursos del Estado en la prevención de los incendios forestales que arrasan bosques y arruinan vidas. También se apuran en señalar a comunidades mapuches u organizaciones de la comunidad como culpables de los incendios que ellos mismos se niegan a prevenir aun contando con los recursos para hacerlo. «
