Del mismo modo en que la defensa de la educación pública y gratuita devino en un reclamo social que trasciende a gremios docentes y centros de estudiantes, la demanda de políticas públicas sustentables y la protección ambiental deberían adoptar esa misma dimensión colectiva.
El reclamo de las agrupaciones ambientalistas y vecinales sobre el impacto ambiental que provocan las empresas privadas en las plazas y parques de la Ciudad de Buenos Aires llegó a la Legislatura porteña.
En las últimas horas, un grupo de legisladores de Fuerza por Buenos Aires presentó un pedido de informes para solicitar al Gobierno de la Ciudad el detalle sobre el impacto ambiental de las actividades concesionadas y el estado de conservación del Parque Presidente Sarmiento, en el barrio de Saavedra. Si bien este pedido apunta a un espacio verde en particular, el planteo condiciona al resto de las plazas y parques que están siendo administradas por diferentes firmas.
El expediente 2274-D-2026, impulsado por el legislador Francisco Caporiccio, cuenta con las coautorías de Claudio Ferreño, Noemí Geminiani, Alejandro Omar Grillo, Bárbara Rossen y Leandro Santoro (Fuerza por Buenos Aires).
De aprobarse el documento, el Poder Ejecutivo debe responder en un plazo máximo de 30 días, sobre las concesiones que funcionan dentro del parque, los estudios de impacto ambiental realizados, la situación de las reservas ecológicas y las condiciones de la infraestructura destinada al manejo del agua de lluvia.
Le solicitan al gobierno de Jorge Macri que detalle todas las concesiones, permisos de uso y autorizaciones vigentes, indicando la superficie ocupada, el plazo de cada contrato, el instrumento jurídico que las respalda y el organismo encargado de su fiscalización. También se solicita informar si existen concesiones que funcionen fuera del horario habitual del parque o contratos vencidos cuyos titulares continúen utilizando espacios públicos.
El riesgo ambiental
Los diputados exigen explicaciones sobre las instancias previas a las concesiones: si antes del otorgamiento de las concesiones se realizaron los estudios de impacto ambiental previstos por la Constitución de la Ciudad y si hubo audiencias públicas para las actividades susceptibles de generar efectos sobre el entorno. Asimismo, requieren información sobre mediciones de ruido efectuadas durante eventos masivos entre 2022 y 2025 y sobre eventuales superaciones de los límites establecidos por la normativa vigente
Reservas ecológicas del Parque Sarmiento
El proyecto solicita datos sobre el estado de conservación de las reservas ecológicas, la superficie protegida, las especies relevadas y los incidentes que hayan afectado la biodiversidad en los últimos tres años. Además, consulta si las concesiones, la iluminación nocturna, el uso de pirotecnia o la realización de espectáculos masivos producen impactos sobre esas áreas y qué medidas de mitigación fueron implementadas.
Además, los legisladores indagan sobre la superficie de suelo absorbente del parque, el funcionamiento de los reservorios hídricos y la situación del tercer reservorio originalmente previsto para un sector actualmente ocupado por canchas de rugby. En ese sentido, pide conocer si las modificaciones realizadas alteraron la capacidad de retención de agua del predio.
En los fundamentos, los autores recuerdan que el Parque Presidente Sarmiento constituye el principal espacio verde de la zona norte de la Ciudad y un componente esencial de la infraestructura verde metropolitana. Su zonificación como Urbanización Parque (UP) y Área de Reserva Ecológica (ARE) conforme al Código Urbanístico (Ley 6099) refleja el mandato constitucional contenido en el artículo 27 de la Constitución de la Ciudad, que impone al gobierno local la obligación de preservar e incrementar los espacios verdes y las reservas ecológicas como patrimonio colectivo de la ciudadanía.
Y explican que el pedido de informes cobra relevancia tras la derogación de la ordenanza que prohibía concesiones en espacios verdes públicos, al considerar que esa modificación normativa no exime al Ejecutivo del cumplimiento de las obligaciones constitucionales en materia de protección ambiental. También señalan la existencia de reclamos vecinales y de otros proyectos legislativos vinculados con la preservación del Parque Sarmiento y la necesidad de contar con información pública sobre el estado ambiental del predio.
