El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato pronosticó que durante 2026 la apertura de concursos preventivos de crisis superará los registros de la pandemia.
El dirigente industrial explicó que durante 2025 y solo en la Ciudad de Buenos Aires ese recurso creció un 130% con relación al año 2023.
Para Rosato la crisis de las Pymes industriales que representa resulta “terminal” y reclamó al gobierno nacional la implementación de políticas urgentes que eviten el cierre de más unidades productivas que, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ya acumulan alrededor de 25 mil desde la asunción del actual gobierno.
A la vez, el dirigente reclamó al Congreso Nacional el tratamiento del proyecto de ley de emergencia económica que, asegura, permitiría frenar los cierres masivos de empresas y los consecuentes despidos de trabajadores sobre la base de conceder un “remedio paliativo y transitorio de emergencia, para que las pymes puedan recuperar capital de trabajo”.
📉 IPA alertó que los concursos preventivos crecieron más de un 130% en el último año en CABA y advirtió que 2026 podría superar los niveles registrados durante la pandemia.
— IPA (@IPAPYMES) May 26, 2026
📎 Comunicado completo:https://t.co/vaa0Ww5iYi pic.twitter.com/oUV67yL3jg
El titular de IPA señaló que “la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor (de lo esperado)”. Rosato indicó que los datos ya muestran que cerrarán más de las mil pymes que esperaban en Capital Federal. Para Rosato “aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis. Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”.
Germán Pizzano, secretario legal de la entidad detalló que “la actual coyuntura empresarial se caracteriza por el cierre de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026” y que como resultado “327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo”.
A la vez, a contramano de los pronósticos del gobierno libertario, el informe de la entidad indica que la crisis del consumo y de la producción se tradujo en un proceso de desinversión que “se cristaliza mediante la pérdida neta de la inversión extranjera directa”, arrojando un saldo negativo “histórico y sin precedentes”. Para el informe, ese saldo se produce por “primera vez en 22 años”.
Es que, dijo Pizzano, las compañías locales “se adaptan con destreza darwiniana al modelo de dólar barato y apertura económica, reconvirtiéndose en importadores” mientras que las empresas multinacionales directamente emigran del país y cierran sus plantas.
El informe de IPA indica que según fuentes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2025 se registró “la apertura de 190 concursos preventivos, contra 82 en el año 2023, un incremento del 131,71%”. Pero, a la vez, la situación empeora drásticamente en tanto “durante el lapso transcurrido del primer trimestre judicial, es decir los meses de febrero, marzo y abril de 2026, se abrieron 92 procesos concursales”.
Los datos ya marcan una tendencia a la destrucción del entramado productivo superior a la que se registró durante las restricciones generadas por la pandemia cuando se presentaron 106 concursos preventivos de crisis “en contraste con los 190 del año pasado”.
Los dirigentes de IPA explicaron que existen diversos proyectos de ley tendientes a apaciguar la destrucción de la red industrial que implican, por ejemplo, la “suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, extensión del período de exclusividad, facilitación al acceso a la solución preventiva” y que, si bien “no se trata de modificaciones definitivas, profundas, necesarias y consensuadas del sistema concursal” resultan un “paliativo transitorio de Emergencia, para que las pymes puedan recuperar capital de trabajo”. De esa manera, aseguran, podrán “oxigenar las finanzas de las fábricas hasta lograr que el ingreso por ventas totales resulte superior a los costos totales de producción”.
Con todo, el reclamo de una legislación de emergencia, para IPA, “sería en vano si no mejoran las condiciones macroeconómicas propicias para el desarrollo del mercado interno que posibilite la recuperación productiva, niveles de empleo, salario real y consumo masivo”.
