La tormenta de Santa Rosa, que se concentró fuerte el primer día del mes, atacó con fuerza al centro y norte de la provincia de Buenos Aires, con acumulados que en varias localidades superaron los 100 milímetros en pocas horas y que en casos extremos llegaron a los 300 milímetros, como en Cruz Alta (Córdoba), donde se registraron 329,5 en 24 horas. En María Teresa, Santa Fé, se acumularon 270 mm, lo que dejó calles inundadas, redes de desagües colapsadas y numerosas familias evacuadas.

En territorio bonaerense, en particular en Carlos Casares, Bolívar y 9 de Julio, las precipitaciones agravaron una situación de anegamientos que ya era límite. “El municipio es un océano. Pasó de ser un desastre a una catástrofe”, contó en ese momento Mario Reymundo, presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares. Los tambos, lotes de trigo y maíz, y la infraestructura vial rural quedaron fuertemente comprometidos.

Antes del fenómeno climático del 1 de septiembre, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa realizaron un relevamiento y concluyeron que la superficie comprometida con inundaciones ascendía a 711.343 hectáreas.

De ese total, casi la mitad se concentró en los tres partidos bonaerenses antes mencionados, que reúnen unas 319.000 hectáreas afectadas, lo que implica el 45% del área total bajo el agua. El partido más golpeado fue precisamente 9 de Julio, con 118.929 hectáreas inundadas, encabezando un ranking que expone la gravedad de la crisis productiva y el impacto directo sobre la agricultura y la ganadería en la región.

Pero si se suman otras zonas de la provincia también afectadas por los excesos hídricos e inundaciones, la superficie total supera el millón de hectáreas, según cálculos de CARBAP. La napa alta y la falta de escurrimiento rápido detuvieron la siembra de trigo (en 9 de Julio apenas se sembró un tercio de lo proyectado), y frenaron la cosecha de maíz y soja.

Además, el agua acumulada amenaza con provocar pérdidas por anoxia en los cultivos de invierno y complica la logística en los tambos. Ante este escenario crítico, la Sociedad Rural Nueve de Julio, adherida a CARBAP y CRA, difundió una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei, en la que solicita medidas inmediatas y coordinación entre el Gobierno nacional y el provincial.

“Nos estamos ahogando, los necesitamos más que nunca”

El pedido central apunta a la disposición de maquinaria y personal para ejecutar trabajos que permitan mitigar el desastre. “No pedimos créditos blandos, no pedimos fondos para compensar, sólo pedimos máquinas con personal y en condiciones de trabajar, para acelerar el trabajo que se viene haciendo, sólo pedimos que se pongan de acuerdo con la provincia en la emergencia, sin miramientos políticos: nos estamos ahogando, los necesitamos más que nunca”, fue el pedido desesperado de la comisión directiva de la SRNJ.

Tras la tormenta de Santa Rosa, el partido de 9 de julio volvió a ser el más afectado, con acumulados de 85 mm en Facundo Quiroga y 76 mm en la ciudad cabecera, lo que sumado a las precipitaciones del mes anterior dejó a más del 50 % del distrito bajo agua. Algunos productores advirtieron que la siembra de maíz temprano y girasol está prácticamente imposible, lo que podría derivar en un corrimiento hacia soja y maíz de segunda.

“Solo se sembró entre el 30 % y 35 % del trigo proyectado, pero además zonas como Quiroga, La Niña, Bacacay, Cambaceres, Santos Unzué y Corbett están muy complicadas, con agua proveniente de Carlos Casares”, comentó Hugo Enríquez, presidente de la Sociedad Rural local.

Finalmente, el 4 de septiembre el Ministerio de Economía publicó dos resoluciones a través de las que declaró la emergencia agropecuaria nacional para 12 partidos bonaerenses por inundaciones, y para plantaciones de vid y frutihortícolas de San Juan, por granizo y peronóspora.

Y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca comunicó que la medida see adoptó por recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, en la que se abordó la situación de los territorios afectados con intención de que los beneficios previstos en los artículos 22 y 23  de la Ley 26.509 y sus modificatorias lleguen a los productores.

La magnitud del fenómeno excede la capacidad de la infraestructura

En el primer caso, la Resolución 1305/2025, firmada por el ministro Luis Caputo, homologó un decreto del gobierno bonaerense que declaró en estado de emergencia y/o desastre agropecuario a 12 partidos afectados por inundaciones, aunque esa declaración había ocurrido hace varios meses, durante los primeros daños sufridos por lluvias, y no tiene que ver con el anuncio realizado en las últimas horas por el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez, de que se extenderá el plazo de emergencia para cuatro partidos donde los problemas continúan tras la fuerte tormenta de Santa Rosa. 

En realidad, la emergencia nacional aprobada ahora por el Gobierno nacional abarca desde el 1 de marzo y hasta el 31 de agosto de 2025, para las explotaciones agropecuarias de varias circunscripciones de los partidos de Puan, Tornquist, 9 de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, Veinticinco de Mayo, Saladillo y Roque Pérez. Mientras que la anunciada por Rodríguez, tras visitas a municipios de zonas inundadas en los que algunos productores consideraron como “totalmente inoportunas”, es que, en los partidos de 9 de Julio, Carlos Casares, Bolívar y Tapalqué, esta emergencia se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026 y se solicitará que rápidamente el Gobierno nacional también homologue esta declaración. 

Las autoridades provinciales dicen estar abocadas a desobstruir canales y restablecer caminos, aunque reconocen que la magnitud del fenómeno excede la capacidad de la infraestructura actual. Por su lado, productores de la región siguen reclamando la aceleración de obras estratégicas, especialmente en la Cuenca del Salado. 

En este contexto, el Consejo Asesor del Plan Maestro del Río Salado, que integran SRA, FAA, Coninagro, Carbap y la UIA, le pidió al Gobierno nacional la reactivación inmediata de las obras hídricas paralizadas, en particular el Tramo 4.2 entre la localidad de Ernestina, partido de 25 de Mayo y el puente de la ruta nacional 205, entre Roque Pérez y Lobos, considerado estratégico para destrabar el escurrimiento del agua. 

El organismo solicitó audiencias con el ministro Caputo y con funcionarios de Infraestructura y Recursos Hídricos, alertando que “los fondos están, pero falta decisión política. La gente no puede esperar 50 años para que lleguen las obras”, advirtió Alberto Larrañaga, presidente del consejo y coordinador de la Comisión de Aguas de CARBAP. 

Los fondos para obras están en plazos fijos y Lecaps

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que se fondea con la alícuota que pagan los que cargan combustibles en las estaciones de servicio de todo el país, registró ingresos por $92.300 millones en el primer semestre. Sin embargo, el uso fue de apenas 14.090 millones de pesos, por lo que el resultado del instrumento generó un superávit de 76.932 millones de pesos en el período.

Pero hay un dato más escandaloso en este contexto de catástrofe hídrica, que surge del informe de gestión Nº144 presentado el mes pasado en Diputados por el jefe de Gabinete Guillermo Francos. El FFIH contaba con $174.060 millones a julio pasado, de los que $154.676 millones se encontraban en inversiones a plazos fijos y Lecaps, mientras que sólo $19.384 millones estaban en cuentas a la vista.