Italia restringe su ciudadanía, lo que significa concretamente retroceso y desigualdad. La nueva ley es limitante y crea ciudadanos de segunda.
Con la aprobación del DL n.º 36/2025 conocido como Tajani, en la Cámara de Diputados italiana, previa aprobación en el recinto de Senadores, Italia dio un giro drástico en su histórica política de ciudadanía por descendencia. El país que, durante más de un siglo, con raíces en el Código Civil de 1865, estableció la transmisión ius sanguinis sin límite generacional, ha aprobado una de las normativas más restrictivas de Occidente.
Lo que antes era motivo de orgullo –el vínculo entre Italia y sus descendientes en el exterior– ha sido reemplazado por un criterio arbitrario y profundamente desigual.
La nueva ley introduce un principio inquietante: no todos los ciudadanos italianos tienen los mismos derechos. Algunos podrán seguir transmitiendo la ciudadanía a sus hijos; otros –aunque también sean ciudadanos– ya no podrán hacerlo, sólo por haber nacido fuera de Italia y tener otra ciudadanía.
Esta reforma no sólo rompe con el ius sanguinis, sino que crea una jerarquía entre ciudadanos: italianos de primera y de segunda. Una forma inédita de discriminación legal, incompatible con el artículo 3 de la Constitución que establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
Además, establece criterios transitorios y sensibles para menores. Los nacidos antes del 28 de marzo de 2025 no son considerados automáticamente ciudadanos, salvo que se haya presentado una solicitud o acción judicial, o que sus ascendientes cumplan condiciones específicas. Se prevé una medida transitoria: los menores de edad al entrar en vigor la ley podrán presentar una declaración especial hasta el 31 de mayo de 2026, si sus padres son ciudadanos por nacimiento o tienen dos años de residencia en Italia. No es un derecho garantizado, y excluye a muchos nacidos en el exterior.
Puertas cerradas
Italia atraviesa una grave crisis demográfica, con una de las tasas de natalidad más bajas de Europa. En vez de fortalecer el vínculo con millones de descendientes en América Latina y otras regiones, el país les cierra la puerta. Mientras España ha facilitado el acceso a hijos y nietos de emigrantes con leyes como la de Memoria Democrática, Italia opta por excluir a quienes podrían revitalizar su tejido social y económico.
Esta regresión fue impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni y apoyada por sus aliados. Uno de ellos, el grupo parlamentario Noi Moderati –MAIE– Centro Popolare, contó con seis senadores en la votación clave: cinco votaron a favor. El MAIE, que dice representar a los italianos en el exterior, fue parte del bloque oficialista que lo hizo posible.
Cabe destacar que la principal fuerza opositora, el Partido Democrático, intentó frenar el decreto desde el inicio. Presentó 42 enmiendas a ley que no fueron consideradas y votó en contra sin fisuras, mostrando un compromiso Ferrero con los derechos de los italianos en el exterior. Italia no sólo ha desaprovechado una oportunidad histórica: ha legalizado una visión excluyente de la italianidad. Un retroceso que exigirá años de lucha para revertirse. También es un llamado a la reflexión: la ciudadanía no se defiende con posverdad y propaganda, sino con leyes justas y voluntad política para incluir a quienes también son parte del pueblo italiano, aunque vivan fuera de sus fronteras.
*Secretario del Partido Democrático (Italia). Profesor de la UNMdP, investigador CONICET, director del LINED y del Centro Interinstitucional de Investigaciones Marinas.
