Lo presentan como un triunfo y una ofrenda a la propiedad privada. Una oda al despojo de los que menos tienen para devolverles (eso dicen) los bienes a sus verdaderos dueños. Desde hace dos años la fórmula de campaña del macrismo porteño apunta a desalojar propiedades que supuestamente fueron usurpadas. Algunos desalojos son ordenados por la Justicia y otros decretados por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Detrás de cada desalojo hay familias, personas, historias de vida que no pudieron alcanzar sus sueños y que perdieron lo poco que tenían ante la falta de políticas públicas para acceder a la primera vivienda.
A la fecha, la información oficial del gobierno porteño asegura que desde la asunción de Jorge Macri el Ejecutivo porteño «devolvió a sus legítimos dueños 553 inmuebles que estaban usurpados». Esto equivale a un promedio de un desalojo cada 30 horas, a 23 desalojos por mes o 277 por año.
Ante esta situación, Tiempo realizó un pedido de acceso a la información pública para conocer cuántas familias, personas con discapacidad, adultos, niñas y niños, fueron desalojados desde el 10 de diciembre de 2023 cuando Macri asumió su mandato. El documento fue presentado el pasado 6 de enero, cuando la cantidad de inmuebles desalojados era de 551.
La Dirección General Red de Atención, dependiente de la Subsecretaría Red de Atención e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, informó que detrás de la “recuperación de esos inmuebles” se desalojaron 826 familias, integradas por un total de 2725 personas”.
Esta cifra se vuelve más palpable al analizar por separado la cantidad de personas adultas, de niñas y niños, que fueron desalojados. En ese sentido, el gobierno porteño informó que hubo “2168 personas adultas (número compuesto por los adultos que se encontraban dentro de un grupo familiar y personas solas). Y un total de 1060 niños, niñas y adolescentes. Si sumamos ambos grupos da 3228. Una cifra mayor de los 2725 brindada también por el gobierno de CABA antes de desglosar los datos.
Otro punto importante es que la Ciudad desconoce la cantidad de personas con discapacidad que fueron desalojadas. Respondió que “no dispone de la información requerida en este punto”.
Para el referente social y titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, “el desalojo no es sólo el Estado al servicio del mercado inmobiliario. Hay que hablar en serio sobre una política que se profundiza como signo de época. El derecho a la vivienda es sólo para los propietarios, pero aún más, la política de Jorge Macri busca construir una ciudad elitista, conservadora y para los sectores ricos”, destacó.
Muñoz señaló que la pregunta que debería hacerse es: “¿Quién de la dirigencia política está realmente convencido de que la vivienda debe ser un derecho? ¿Quién está dispuesto a pelearse con el mercado inmobiliario? En este contexto, todo aquél que no sea propietario o rentista está bajo amenaza porque han logrado que el Estado se arrodille al servicio del poder económico, del desarrollo inmobiliario”.
Legalidad de los desalojos
Cabe destacar que muchos de estos desalojos fueron ordenados por la Justicia pero otros decretados por el propio jefe porteño. Sobre este punto, al parecer, no existen datos oficiales concretos.
“En el marco de la feria judicial, al no poder avanzar los juicios por desalojo, sobre todo en el foro civil, el Gobierno de la Ciudad está arremetiendo con lo que son los desalojos por supuestos peligros de derrumbe, sumamente irregulares. Lo hacen sin informes que uno pueda considerar objetivos y sin la posibilidad de que los habitantes presenten peritos de parte”, dijo a Tiempo Gigi Krein, integrante de Consejerías de Vivienda, una organización que lucha para garantizar el acceso y el derecho a la vivienda
“Ya veníamos alertando por el crecimiento de este tipo de desalojos pero ha crecido de modo exponencial en el último tiempo. De parte de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA no vemos ningún tipo de solución. Todo sigue igual o peor. Hay recortes en el programa de subsidio habitacional, los hoteles y pensiones siguen sin aceptar chicos, sin aceptar mascotas. Vemos el avance del Instituto de la Vivienda (IVC) en la Villa Rodrigo Bueno, donde hay emprendimientos del grupo IRSA, también de Lépore, generando oleadas de desalojos. Frente a esto la propuesta es organizarse, perder el miedo, salir a la calle, que es donde las batallas se terminan definiendo”.
Censo y subsidios
Entre las respuestas entregadas a Tiempo, el gobierno porteño aseguró que de las 826 familias que fueron desalojadas en dos años sólo “686 han recibido la asistencia habitacional dentro del Programa de Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional”.
El monto máximo que se entrega es de $ 2724.000 por año. Se divide en un máximo de 12 cuotas mensuales de hasta $ 227.000, según la composición familiar. Una sola persona recibe 159 mil pesos; un grupo familiar de dos personas $ 181.000 y un núcleo conformado por tres integrantes $ 204.000. Las familias de cuatro o más miembros reciben hasta $ 227.000. Cabe destacar que el subsidio es insuficiente y no alcanza a cubrir ni la tercera parte del alquiler de una vivienda de dos ambientes (por ejemplo) que actualmente se sitúa por encima de los $ 600.000 u $ 800.000, según el barrio.
Para que cada grupo familiar reciba este subsidio primero tiene que ser censado. En este punto, el GCBA reconoció varias irregularidad que vulneran la Ley 2257 y el programa de atención directa. Informó que “la intervención de los equipos territoriales se efectúa en función de las condiciones operativas de cada caso concreto. En aquellos supuestos en que resulta posible se realiza un relevamiento social previo a fin de identificar la composición del grupo familiar y evaluar la eventual inclusión en las políticas públicas disponibles”. Pero aseguran que “en otros casos, por razones vinculadas a la urgencia de la intervención, condiciones de seguridad o particularidades del procedimiento, dicho relevamiento se efectúa con posterioridad a la desocupación del inmueble”.
¿Hay un seguimiento de las personas desalojadas? ¿Dónde van? ¿Siguen en la Ciudad? ¿Se fueron a otra provincia, a otro país? ¿Están durmiendo a la intemperie? ¿Fueron reubicadas en hoteles familiares, en departamentos, en paradores? Estas fueron otras de las preguntas incluidas en el pedido de información pública.
Cuando una gestión aplica una política que va en contra de derechos adquiridos plasmados en la Constitución, como es el acceso a una vivienda, el Estado debe contener de alguna manera y garantizar la continuidad de políticas que cumplan con la Carta Magna.
Al ser cuestionados sobre este punto la administración porteña dijo: “En todos los desalojos que haya intervenido un equipo de la Gerencia Operativa Red de Atención, se les ha ofrecido a las personas la posibilidad de ingresar a un Centro de Inclusión Social”. Pero “no se realizó ninguna reubicación en otra vivienda sino que se instrumentaron las alternativas previstas por la normativa vigente, sujetas a la aceptación de las personas involucradas”.
Al ser indagados sobre la situación actual de las familias desalojadas, el gobierno reconoció: “No se dispone de información sistematizada que permita determinar cuántas de las familias desalojadas actualmente alquilan una propiedad o han accedido a su primer hogar dentro de la Ciudad”. «
