“Si esto no es extorsión, cómo se llama’”, señaló a este medio una trabajadora con más de 18 años de experiencia en escuelas primarias porteñas. Laura (nombre ficticio que eligió para evitar represalias) notó que su salario de enero vino con un importante descuento porque se resistió, como otros miles de docentes, a configurar sus datos biométricos en el nuevo sistema de asistencia con huella dactilar.
“Hace casi dos décadas que me dedico a esta profesión, es algo que amo y no pienso abandonar, y si bien la hemos pasado muy mal con la gestión de Larreta, Jorge Macri es muchísimo peor”, agrega la docente que ejerce actualmente en una escuela del distrito escolar 10.
En octubre del año pasado, Tiempo adelantó que el gobierno de Jorge Macri había instalado los dispositivos de datos biométricos en casi 700 escuelas. En la actualidad ya están en funciones en casi todos los establecimientos educativos, una medida que se suma a la instalación de cámaras dentro de varios edificios escolares.
A Laura le descontaron alrededor de 100 mil pesos del salario de enero por negarse a configurar sus datos biométricos en las nuevas máquinas de asistencia digital. Durante las vacaciones de enero, el Ministerio de Educación estuvo enviando mails y realizando llamadas telefónicas a miles de trabajadores que, al igual que Laura, resistieron a este nuevo sistema de control.
De acuerdo a cifras brindadas a éste medio por una fuente de la cartera educativa, los descuentos van de 50 mil a 140 mil pesos según el salario de cada docente, y afectaron a más de 15.000 docentes. Aunque desde el Ministerio de Educación, en diálogo con Tiempo, reconocieron que los descuentos se realizaron sobre menos de 3.000 trabajadores de la educación.
“Yo voy a insistir con mi postura y estoy elaborando una estrategia legal con mi abogada para presentarme ante la justicia. Te juro que este atropello contra los docentes no va a quedar impune”, terminó Laura.
Sobre finales del ciclo lectivo en el mes de diciembre, el Ministerio de Educación porteño intimó con esta medida mediante el envío masivo de correos electrónicos. En los mismos aparecían diferentes resoluciones que determinaban que el nuevo sistema de asistencia con huellas dactilares es de carácter obligatorio. Pero en los correos, además, advertían que quienes se negaban a la nueva modalidad iban a recibir un descuento salarial.
“Nos comunicamos para informarte que aún se encuentra pendiente tu alta en el Registro Digital de Asistencia (RDA). Como se ha comunicado con anterioridad, el RDA (RESFC-2025-1292-GCABA-MHFGC) se definió como el único mecanismo válido para el registro diario del ingreso y egreso a la jornada laboral del personal docente y no docente que presta servicios en establecimientos educativos de gestión estatal, en reemplazo del libro de firmas en soporte papel”, detalla el correo.
“De acuerdo con la normativa vigente (Anexo I de la RESFC-2025-5-GCABA-SSGRH), el alta en el Registro Digital de Asistencia constituye una condición necesaria para el cobro del adicional salarial a partir de enero de 2026”, advertía el comunicado del Ministerio.
A la fecha, miles de docentes y trabajadores de la educación iniciaron amparos judiciales para rechazar al nuevo sistema por invasivo e inconstitucional.
“Somos muchos docentes que no estamos para nada de acuerdo con este sistema y que fuimos intimados convencidos que nos iban a pagar el sueldo de enero sin el porcentaje de presentismo, que en este contexto es dinero necesario”, contó a Tiempo Raúl, un docente terciario de escuela Normal que también pidió mantener su anonimato por temor a represalias.
“La verdad que nos sentimos primero avasallados, amenazados, asustados también. Porque hay un régimen realmente de implementación de medidas sumamente autoritarias que no son consensuadas”, agregó.
Argumentos que se oponen al nuevo sistema
El registro de datos personales en la Ciudad es sensible y genera desconfianza en varios sectores. Hay muchos ejemplos que, ante diferentes irregularidades que surgen por “fallas” o hackeo del sistema, esos datos privados pueden caer en otras manos. Muchos recuerdan el ciberataque que sufrió la base de datos privada de la Policía de la Ciudad en 2017 y en 2019, el hackeo en 2022 perpetrado a la base de datos de la web de la legislatura porteña, la filtración de miles de boletines escolares con datos privados de estudiantes porteños, ocurrida en 2023; o el hecho más reciente de todos, cuando hackearon 665.128 estudios médicos y filtraron datos privados de todo el sistema de salud.
Cabe destacar que en muchos países europeos, estos sistemas están prohibidos y especialistas sugieren a las empresas privadas y a instituciones del Estado a evitar la utilización de datos biométricos de trabajadores y de la ciudadanía en general.
Desde los gremios recuerdan que el método actual de asistencia mediante un libro de firmas, no implica grandes gastos como los dispositivos biométricos, y es más eficaz y seguro que el sistema de datos biométricos.
